COLOMBIA
SIEMBRA: ¿UNA NUEVA ENSOÑACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS CAMPESINOS?
El gobierno nacional, a través
del ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR), lanzó el programa
nacional denominado Colombia Siembra en octubre de 2015, y el cual busca, según
ha declarado el actual ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, reducir los
volúmenes escandalosos de importaciones que coloca al país en una situación incómoda,
inapropiada e indignante de inseguridad e insoberanía alimentaria. El
planteamiento es sembrar un millón de hectáreas nuevas para contrarrestar la
alta dependencia de productos proveniente de otros países. Resulta curioso y paradójico el hecho de que,
hasta el momento, aunque el programa ha tenido un despliegue mediático
importante y que ocupa tiempo en la agenda del Ministerio de Agricultura, la
desinformación al respecto aún es casi total. Las veredas, corregimientos y
municipios del país, escasamente saben que los productores interesados debieron
inscribirse hasta el 31 de marzo pasado en el programa, el como del beneficio, inscribirse
(para que), ni idea.
Los medios hablan de componentes
varios, entre los que se cuentan crédito, asistencia técnica y coherencia en la
actividad agrícola con la vocación del suelo, todo bajo la necesidad de
aumentar exportaciones, reducir importaciones y garantizar la seguridad
alimentaria. Aspectos de gran importancia para el adecuado desarrollo agrícola
colombiano, sin embargo, ante esta lectura y del momento actual nacional,
FENSUAGRO posee algunas preocupaciones alrededor de este plan nacional:
El primero, que resulta
insuficiente hablar de seguridad alimentaria ante la realidad del país,
compuesta por el alto volumen de importaciones de productos de la canasta
familiar, los niveles de pobreza y miseria en el campo, los cuales ascienden a
más del 80%, la alta degradación de los suelos a causa de las recetas
productivas que han condenado la biología del
suelo, prácticamente a su desaparición y a su función elemental de
estructuración y de complementariedad sinérgica con las especies y otros
componentes naturales. Es claro entonces que un plan de esta magnitud no contempla
la incorporación del concepto de Soberanía Alimentaria y su despliegue total,
el cual está íntimamente ligado a los sistemas propios de producción.
La segunda
es la potencial restricción del establecimiento de policultivos y fincas
biodiversas que implicaría la implementación del millón de hectáreas nuevas
bajo los lineamientos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA),
que supone la inviabilidad de sembrar especies diferentes a lo que contempla
los resultados del ejercicio de caracterización de vocación del suelo. Esto de
por si genera suspicacias y sospechas suficientes para pensar que Colombia
Siembra busca la implementación de monocultivos liderados por los grandes
gremios de producción y una propuesta de articulación con el mediano y pequeño productor
bajo el modelo ZIDRES, a modo de cadenas productivas donde el pequeño y mediano
productor asume los costos de producción, pero el empresario impone el precio
de compra.
El tercero es que a pesar de que
mientras las Naciones Unidas avanzan gradualmente en el reconocimiento político
y social de la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas, en
el país se niega la implementación de principios de soberanía alimentaria, en
la cual es indispensable revisar la tenencia de la tierra, la formalización de
la misma, la facilitación de medios para la producción, transformación y
comercialización , el reconocimiento, la defensa, promoción e impulso de las
semillas nativas y criollas y en tanto se mantiene la práctica de la resolución
3168 del ICA, la cual persigue y criminaliza las semillas nativas, prohibiendo
su resguardo e intercambio, las cuales son base de la economía campesina y garantiza en gran medida y sin respaldo
jurídico real, el derecho a la alimentación para los colombianos.
Se debe mencionar que la Cumbre
Agraria Étnica y Popular (CACEP), en la cual FENSUAGRO participa unitariamente
con otros procesos agrarios, mediante su subcomisión de economía propia, le ha
presentado al gobierno toda una propuesta de política pública para desarrollar
normativamente la economía propia de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
También un plan de choque para aliviar las consecuencias de la marginalidad del
estado a las comunidades agrarias. A pesar de que la propuesta se presentó desde
el año pasado, el ministerio de agricultura y desarrollo rural, ni la tuvo en
cuenta para la construcción de Colombia Siembra, ni tampoco consultó o intentó
concertar el plan con la cumbre agraria.
Así, si Colombia Siembra no
incluye el respeto de la autonomía en el modo de producción de campesinos,
indígenas y afrodescendientes y si tampoco impulsa jurídicamente y financieramente,
ni desarrolla normativamente la concepción del buen vivir de las poblaciones
agrarias, ni garantiza el encadenamiento productivo con presencia completa de
las comunidades en el proceso, seguirá afianzando el modelo agroexportador que
alienta un círculo vicioso de ganancias para los grandes gremios y para unas pocas
manos. Si el gobierno nacional no respeta los modos propios de las comunidades,
Colombia Siembra podrá convertirse en un nuevo agro ingreso seguro, o peor, una
simple ensoñación en materia de derechos campesinos! Debería, para que no
constituya una nueva vergüenza nacional, incluir en su ruta, el desarrollo de
los acuerdos parciales de la mesa de la Habana.
SECRETARIA DE ECONOMIA CAMPESINA, SOBERANIA ALIMENTARIA Y COOPERATIVISMO
FENSUAGRO
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