CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Ante La Campaña De
Desinformación De La Gobernación Del Valle Y La Alcaldía De Tuluá Exigimos
Rectificación Pública.
* Asociación de Trabajadores
Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle
del Cauca, ASTRACAVA, la Coordinación Campesina del Valle del Cauca,
integrantes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, MIA,
organización que hizo parte de la convocatoria y proceso de construcción de la
Cumbre Nacional Agraria, Étnica Campesina y Popular realizada en la ciudad de
Bogotá los días 15, 16 y 17 de Marzo en la que participaron más de 50.000
campesinos, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, obreros y sectores popular
de toda la nación colombiana, manifiesta a la comunidad nacional e
internacional, su completo rechazo a la campaña de desinformación y
estigmatización que viene siendo impulsada por la Gobernación del Valle del
Cauca y por la Alcaldía de Tuluá, contra las organizaciones legal y
legítimamente constituidas.
El pasado 7 de Abril en reunión del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, del municipio de Tuluá, se presentaron
serias irregularidades que violan el marco democrático que rige y caracteriza
el espacio más importante de participación de las comunidades campesinas y
rurales, como se puede demostrar en los siguientes hechos:
1. Como espacio asambleario, es deber de quien
preside someter el orden del día a discusión de los delegados de acuerdo con la
propuesta construida previamente en la comisión técnica; y los delegados tienen
plenos derechos de modificarlo parcial o totalmente. No obstante el 7 de abril
se impuso un orden del día diferente al construido por la comisión técnica el 3
de marzo, y se rechazó la propuesta de plantear el punto del pacto agrario en
términos de su discusión y no de su contextualización, con el falso argumento
de que para eso era el punto.
Falso argumento, en la medida que en el desarrollo
de la sesión del CMDR, los campesinos abrieron la discusión del pacto agrario
luego de la “contextualización” expuesta por el delegado de la secretaria
departamental de Agricultura, Sr. James
Ávila, proponiendo que se la suscripción del CMDR al Pacto Nacional Agrario, se
sometiera a votación, antes de avanzar al punto del trabajo en mesas. El
secretario municipal de agricultura
rechazó la propuesta, según él porque el orden del día ya se había
aprobado. Recaba en falsedad, porque en efecto el siguiente punto era trabajar
en mesas de acuerdo a los ejes del pacto para llenar los formatos enviados por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, lo que implicaba
obviamente avalar el pacto agrario de facto sin mediar ninguna discusión.
Con este manejo corrupto y antidemocrático, queda
claro que la intención de la alcaldía de Tuluá y de la Secretaria de Agricultura,
era la ratificación del Pacto Nacional Agrario del Gobierno Nacional, a través
del diligenciamiento de los formatos del Pacto por parte de los delegados
campesinos al CMDR, ratificación subrepticia, sin discusión y a pupitrazo
limpio, que implica instrumentalización del campesinado.
2. Producto de la negativa a discutir cualquier
propuesta que se planteara por parte de las organizaciones y ante la actitud impositiva
de la presidencia del CMDR, más de la mitad de los delegados se retiraron del CMDR, dejando por
sentado su rechazo al pacto y al manejo autoritario del CMDR.
Por si fuera poco, el señor secretario de servicios
administrativos de la alcaldía, Dr. Divier Velásquez, criticó la actitud del
campesinado, planteando que el rechazo al pacto agrario y la decisión de los
campesinos de retirarse del CMDR era una idea impuesta por el equipo técnico de
la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC y la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA.
3. Vale ratificar que las organizaciones que
convergen en el Coordinador Nacional Agrario, CNA, en el Congreso de los
Pueblos, en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, en
la MIA Valle del Cauca y en la Marcha Patriótica, tanto en las cumbres
preparatorias que se realizaron en distintos municipios del Valle del Cauca, en
la cumbre Departamental, como también en la Gran Cumbre Nacional Agraria,
Etnica, Campesina y Popular, ratificaron
su negativa a participar del Pacto Nacional Agrario.
Así mismo, la negativa a suscribir el Pacto
Nacional Agrario del Gobierno Nacional fue discutida en la Asamblea
Departamental de delegados de la Asociación de Trabajadores Campesinos del
Valle del Cauca, ASTRACAVA, donde se decidió mantenerse al margen de este Pacto
y desarrollar los mandatos, conclusiones y el Pliego Unificado de la Cumbre
Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular.
Vale preguntarnos entonces ¿Qué instancia es la que
impone su visión del mundo rural, de la problemática y de las propuestas de
solución? ¿Aquéllos que son agenciados por el gobierno, en donde como podemos
demostrar se coarta el derecho a la libre expresión, se reniega de la
democracia y banalizan las decisiones legítimas de las organizaciones
campesinas?, o ¿Aquéllas que siendo promovidas por los pueblos brindan todas
las garantías para la participación, en espacios verdaderamente democráticos?
4. El Sr. James Ávila, delegado de la Secretaria de
Agricultura y Pesca, SAP, de la Gobernación del Valle, quien realizó una
presentación del Pacto Nacional Agrario, aseveró que éste era un proceso
participativo resultado de los acuerdos con los campesinos luego del Paro
Nacional Agrario del 2013; además, aseguro que voceros de la MIA que supuestamente
fueron candidatos en las pasadas elecciones parlamentarias y salieron derrotados,
ahora están buscando al gobierno para que los incluya en el pacto. Grave falta
a la verdad, a la razón y a la historia de los pueblos, la que comete el Sr.
James Ávila, de la SAP.
Primero porque EL
PACTO NO ES UN PROCESO PARTICIPATIVO RESULTADO DE ACUERDOS CON EL MOVIMIENTO
AGRARIO COLOMBIANO. Todo lo contrario, “El Pacto” es una política impuesta
por el gobierno nacional y los gremios para reencauchar su fallida locomotora
neoliberal agropecuaria. No puede decirse que el Pacto sea resultado de acuerdos,
cuando con la MIA no ha existido acuerdo alguno, distinto al del cese de los
bloqueos en las carreteras de Colombia como gesto de buena voluntad para el
inicio de la negociación del pliego con el Gobierno, quien ha supeditado la
suscripción al Pacto como la única posibilidad de acceso a los recursos para el
agro.
Segundo, el Pacto fue elaborado a la medida de los empresarios
del agro, ganaderos, terratenientes, agroindustriales de la palma, el banano,
el azúcar, entre otros, de gremios como FEDEGAN y la SAC, que controlan el
mercado, los subsidios, el crédito, la tierra, la infraestructura y el agua; no
partiendo de las necesidades históricas de los pequeños y medianos productores
agropecuarios, que se hicieron manifiestas en los pliegos del Paro Nacional
Agrario.
Tercero porque la MIA no es una organización
político-electoral, es una coordinación creada por las organizaciones
campesinas para la negociación del pliego con el Gobierno Nacional. Como
instancia de coordinación reivindicativa está impedida para participar en la
contienda electoral. Pero fundamentalmente, no existió interés alguno por parte
de la MIA y de las organizaciones campesinas, indígenas y populares que la
integran en participar en las elecciones pasadas, por tanto ninguno de nuestros
voceros ha salido derrotado de elección alguna.
Comentarios mal intencionados aquéllos expuestos
por el Dr. Ávila, cuando manifiesta que los voceros de la MIA “están buscando
al gobierno para que los incluya en el pacto”. Redunda en falsedad, porque
desarrollando los principios democráticos, la MIA elevó consulta a nivel
nacional y en los departamentos, sobre la pertinencia de suscribir “el Pacto”. Los resultados de dicha
consulta se han hecho saber públicamente. Ningún departamento en los que se ha
creado la instancia de coordinación MIA, como tampoco la MIA Nacional han
suscrito el Pacto; en efecto los voceros departamentales y nacionales no han
escatimado esfuerzos para criticar al
Pacto Nacional Agrario, para dar a entender a las comunidades urbanas y
rurales que el Pacto no solo no resuelve
los problemas agrarios de la nación colombiana: sino que los agudiza. El Pacto,
es un negocio diseñado en función de los intereses de los grandes productores
agroindustriales, de los intereses de los terratenientes, un modelo agrario neoliberal que acelera el
establecimiento de los agronegocios en contravía de la economía campesina – se ha dicho.
Cuarto, como lo plantea la Declaración Política de
la Asamblea Departamental de ASTRACAVA, “el
Pacto Nacional Agrario es una política impuesta, una jugada clásica de
gobiernos autoritarios que tienden al fascismo que, no solo, no reconoce los
derechos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos de las
comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, sino que además niega de
facto los convenios internacionales firmados por el Estado Colombiano, como el
Convenio 169 de la OIT”.
Le exigimos al Dr. Ávila de la SAP, al Dr.
Velásquez de la alcaldía de Tuluá y a la Alcaldía Municipal a retomar la ley 160
de 1994 y los principios que esta emana en torno al funcionamiento del CMDR
como un espacio de efectiva participación democrática de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas residentes en las zonas rurales, a
cesar la persecución, estigmatización y señalamiento de las comunidades y sus
organizaciones legal y legítimamente constituidas.
La Constitución Política de Colombia no solo nos
permite organizarnos, sino también disentir de aquello que consideramos perjudicial
para las comunidades y organizaciones que representamos. En espacios
participativos y de verdadera democracia, a la luz de los hechos, a la luz de
la historia, hemos decidido no vincularnos al Pacto Nacional Agrario, pues esta
es una política regresiva, poco democrática, que no garantiza los derechos de
campesinos, indígenas y afrocolombianos, que no reconoce la importancia de la
economía campesina, que no tiene en cuenta nuestras propuestas.
Exigimos entonces garantías para que el campesinado
Vallecaucano participe en los CMDR activa y propositivamente; no en calidad de
convidados de piedra, pues el campesino, como cualquier ciudadano colombiano es
sujeto de derechos.
Exigimos a la Gobernación del Valle del Cauca, a la
SAP y al Dr. Ávila en calidad de delegado de esta instancia del gobierno
departamental, a corregir públicamente lo manifestado en el CMDR de Tuluá del
pasado 7 de Abril del presente año. Instamos a los entes de control para que impidan
que este tipo de impases en los que se tergiversa la verdad no se vuelvan a
presentar y a sancionar a los funcionarios públicos que incurran en ellas.
Finalmente, la Coordinación Campesina del Valle del
Cauca y ASTRACAVA reiteran el llamado a la Secretaría de Agricultura y Pesca de
la Gobernación del Valle al respecto de crear un espacio de interlocución con
el movimiento agrario vallecaucano, que permita intercambiar propuestas a
través de medios respetuosos y formales, que no den pie a la grotesca
difamación y sobre todo para que permitan encontrar los medios para construir una
política pública departamental incluyente, democrática y participativa.
Junta Directiva Departamental. ASTRACAVA.
Palmira, Valle del Cauca. Abril 11 de 2014
