Tuluá,
7 de abril de 2014
De acuerdo con la constitución política de 1991 el
Estado Colombiano se establece como una República democrática participativa y
pluralista donde la soberanía, es decir el poder de decidir los destinos de la
Nación, reside exclusivamente en el pueblo. En desarrollo de este postulado
constitucional fueron creados los Consejos Municipales de Desarrollo Rural
-CMDR por la Ley 101 de 1993 y ratificados en la ley 160 de 1994 como instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales
y las entidades públicas en materia de desarrollo rural para coordinar y
racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo
rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.
Claramente el CMDR en el municipio de Tuluá no es
aún el espacio de concertación que el campesinado y las comunidades rurales
necesitamos para lograr un real desarrollo en el campo, en la medida que el
manejo dado desde las diferentes administraciones municipales coartan la
participación de éstas limitándolas a ser meras legitimadoras de las
iniciativas particulares de dichas administraciones. En ese sentido reconocemos
la necesidad de reestructurar el CMDR en el municipio en la idea de lograr que
las políticas agrarias implementadas en Tuluá respondan a las verdaderas
necesidades y a los intereses de sus habitantes rurales para aportar a la
superación de la actual situación de pobreza generalizada en que sobrevivimos.
No obstante, el gobierno del ahora
Presidente-Candidato Juan Manuel Santos pretende todo lo contrario con su tal
Pacto Agrario, pues mediante el decreto 1987 de 2013 convierte a los CMDR en
instrumentos de aplicación de su política agraria anti-campesina y neoliberal.
Las asociaciones campesinas y juntas comunales del municipio de Tuluá,
declaramos ante la opinión pública nacional e internacional nuestro rechazo
rotundo al pacto agrario porque:
1. El
gobierno nacional en su arrogancia, niega la discusión del problema agrario y
en un ejercicio coercitivo pretende obligar a las organizaciones y comunidades
a ratificar el Pacto Nacional Agrario como el único medio para acceder a los
recursos del Estado.
2. El
Pacto Nacional Agrario es una política impuesta, una jugada clásica de
gobiernos autoritarios que no reconocen
los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos de las
comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, negando de hecho los
convenios internacionales firmados por el propio Estado Colombiano, como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3. El
Pacto Nacional Agrario pretende refrendar el modelo agroexportador de materias
primas para la agroindustria y de este modo, profundizar el fallido modelo
neoliberal que impide el desarrollo de la economía campesina, negando la
soberanía alimentaria de los colombianos y la capacidad de autoabastecimiento
alimentario.
4. El
Pacto Nacional Agrario pretende legalizar el despojo de siete millones de
hectáreas usurpadas por el narco-paramilitarismo y establecer los mecanismos
jurídicos para el acaparamiento ilegal de baldíos.
En tal sentido, rechazamos también cualquier
intento de aplicación de dicho Pacto en este municipio incluyendo la pretensión
ilegitima de convertir nuestro CMDR en correa de transmisión de su política;
llamando a todos nuestros colegas consejeros y a las comunidades rurales en
general a cerrar filas contra el Pacto Agrario, a trabajar unitariamente por la
construcción de un CMDR democrático y
participativo, donde la voz del campesino sea la que guíe las acciones para el
campo y, a fortalecer nuestros procesos organizativos comunitarios desde las
veredas y corregimientos para defender la cultura y economía campesinas.
Por un CMDR democrático, participativo y vinculante:
¡ABAJO EL PACTO NACIONAL AGRARIO!
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