Breve
análisis sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la
paz.
Por: Comité de impulso del sector de
comunicaciones. Marcha Patriótica Capítulo Valle.
Los medios masivos de
comunicación en Colombia han sido un arma de guerra
La prensa colombiana
ha sido históricamente un instrumento del Estado, una herramienta para
legitimar dentro de las mentes de la población sus políticas antipopulares y
represivas. Los principales diarios escritos siempre han sido propiedad de las
familias más poderosas del país, al igual que los principales canales de
televisión quienes hoy concentran para sí el 95% de la audiencia.
Los canales RCN y
Caracol comienzan emisiones continuas desde julio de 1998 como una necesidad
del Estado para cubrir el espectro de opinión generado por los eventuales
diálogos del Caguán. Su misión era que los colombianos vieran a través de sus transmisiones solo lo que al Estado le
convenía, estableciendo un telón de acero entre la población colombiana y la
mesa de diálogos. Al Estado no le convenía que se escucharan ni siquiera las
propuestas más elementales de la contraparte tendientes a generar un clima
propicio para el fin del conflicto, lo cual se vuelve a repetir en las actuales
negociaciones.
El cerco mediático no
solo es para invisibilizar al enemigo declarado del Estado –las insurgencias-
sino también para dejar sin voz al movimiento popular y a los desposeídos, a
quienes padecen todas esas otras violencias que tampoco se muestran en los
grandes medios, como la violencia de los paseos de la muerte, las muertes
infantiles por desnutrición, la violencia de los desalojos de viviendas, de los
cierres de hospitales y empresas públicas, la violencia de las batidas ilegales
del ejército, de la discriminación a las mujeres y a la comunidad LGTBI, la
violencia del desempleo y el rebusque.
Pero el cerco
mediático no solo nos invisibiliza sino que también nos ataca y nos condena.
Los grandes medios no solo han estigmatizado y atacado sin piedad a la
izquierda y a cualquier expresión disidente, sino que además han legitimado el
proyecto paramilitar y su visión fascista de Estado del cual los medios hacen
parte. El ataque continuado y planificado contra la administración de Gustavo
Petro, la clara intención de destruir a Piedad Córdoba como personalidad
política, la campaña sucia contra la reciente campaña de Clara López son solo
algunos ejemplos de esta otra violencia que hoy denunciamos, la violencia de
los medios de comunicación.
Si bien es cierto que
estamos en un proceso de paz que el mismo gobierno ha caracterizado como
“irreversible”, las viejas conductas de sus aparatos tanto político como
militar y mediático no cambian en lo más mínimo. Lo medios masivos siguen
siendo enemigos declarados del pueblo que lucha, de hecho tienen sus razones,
inherentes a su carácter y papel dentro del sistema, para estar en contra de la
paz.
¿Por qué los medios están en contra de la paz?
La paz implica el
cese de la violencia política, y esa violencia también ha sido simbólica y ha
sido ejercida desde los sets de noticias y los micrófonos de las emisoras. Por
tanto, si de acabar esa violencia simbólica se trata los medios tendrán que
modificar radicalmente su conducta y cambiar su doctrina al igual que las
Fuerzas Militares y de Policía.
Para construir una
sociedad en paz es necesario implementar cambios en las estructuras no
solamente políticas, económicas y jurídicas, sino también en las estructuras
que construyen lo simbólico y lo cultural, que construyen lo ideológico y que
delinean las relaciones entre los diferentes sectores sociales de la realidad
colombiana.
En los foros
realizados por el centro de pensamiento de la Universidad Nacional, las
organizaciones populares se han pronunciado por una reforma al papel de los
medios masivos de comunicación, y más concretamente por pactar, en el marco de
un acuerdo de paz, una ley de medios de comunicación para la paz cuyo eje
central sea la democratización de la propiedad de estos medios. Esto con el fin
de romper el cerco mediático y visibilizar por fin a los sectores populares y a
las víctimas, de darles voz para poder dialogar con el resto de la sociedad y
construir una verdadera reconciliación.
Pero los medios
masivos le temen como el diablo a la cruz a la ley de medios, es decir a la
expresión concreta de la paz en la esfera comunicativa, en la esfera social que
recoge a los actores que de una u otra forma construyen la opinión y delinean
la mentalidad política de vastos sectores de la población. Le temen a la ley de
medios por razones económicas, políticas y culturales.
Razones económicas:
En el año 2011 las
mayores ganancias por concepto de publicidad las obtuvo RCN con 567.318
millones, seguidos de la Casa editorial El Tiempo con 485.723 millones y las de
Caracol televisión con 4666.910 millones. Después de El Tiempo, los medios
impresos que se destacan entre los primeros 10 medios con mayores
ingresos son El Colombiano, Semana y El País. Según las cifras de Andiarios, el
sector de medios que registró el mayor crecimiento en pauta publicitaria fue la
radio al pasar de $365.762 millones en 2009 a $419.008 millones en 2010. En
periódicos, la inversión pasó de $366.510 millones a $416.253 millones, lo que
significó un alza de 13,6%. Las empresas de televisión nacional obtuvieron por
pauta en 2010 un total de $919.366 millones, esto es un crecimiento de 11,6% en
comparación con los $823.611 millones de 2009.[1]
El negocio de la
televisión es tan bueno que hasta se pelean entre ellos por lo que se factura
en la señal de alta definición o HD.[2]Por
eso no les conviene que entren más canales a la parrilla nacional, porque estos
podrían ofrecer una pauta publicitaria a menor costo y muchas empresas estarían
más cómodas pagando una publicidad más barata en un medio de comunicación
nuevo.
Por otra parte la
competencia propia en la esfera de los medios de comunicación haría que
estuviera en riesgo el actual rating de los canales principales RCN y Caracol,
pues el televidente tendría a su disposición muchas más opciones que las
narconovelas, o las telenovelas sobre cantantes. Se acabaría incluso el cerco
que se tendió sobre el canal Uno, pues los anteriormente mencionados no podrían
ser los dominantes si este canal no tuviera una programación tan
deliberadamente mediocre, al igual que los canales regionales e
institucionales.
Los gremios
económicos utilizan sus medios de comunicación para hacer la pauta publicitaria
de sus propios productos. Si perdieran una porción significativa de la
audiencia, la publicidad de sus productos se vería seriamente afectada, afectando
indirectamente la economía de sus productos. Esta pérdida de la audiencia
depende, por supuesto, de si en un escenario mucho más amplio, con más medios
de comunicación, más periódicos y más emisoras, la gente va a seguir
prefiriendo a los tradicionales. Entonces ¿a qué le temen los medios masivos, a
que ya no los prefieran?
Como todo buen
negocio, los medios prosperan gracias a que tienen cierta tasa de explotación
sobre sus periodistas de base, a los cuales les pagan salarios muy por debajo
de lo que merecen. En ese sentido las propuestas de las organizaciones
populares en el marco de una nueva ley de medios apuntan hacia dignificar a los
periodistas y garantizarles estabilidad laboral, y a eliminar las
discriminaciones en el gremio en razón a su posición política, sexual, étnica o
religiosa.
Para nadie es un
secreto que en Colombia hay un amplio sector de comunicadores, artistas,
cineastas y medios alternativos y populares que se verían directamente
beneficiados fruto de la democratización no solo de la propiedad de los medios
como tales, sino también de los espacios en los medios institucionales y
privados. Su trabajo sería visibilizado y reconocido, al igual que los sectores
populares que podrían expresarse a través de estos medios cuyas propuestas
comunicativas y culturales ya han causado gran impacto incluso a nivel
internacional.
Razones políticas:
Como hemos mencionado
anteriormente la paz implica el cese de la violencia ejercida por los medios de
comunicación contra los movimientos políticos y sociales contrarios al poder
establecido. Es claro que los actuales contenidos televisivos, sobre todo las
narco novelas, son re victimizantes pues se hace una apología de los
victimarios con el fin de reescribir la historia en las mentes de la audiencia.
Por respeto a las
víctimas y como parte de la reparación a estas los medios de comunicación deben
reconocer su responsabilidad en la legitimación del proyecto paramilitar, así
como en haber lavado durante ocho años la imagen del ex presidente Álvaro Uribe
quien ha sido varias veces señalado por ex paramilitares y víctimas de haber
sido, junto con altos funcionarios de su gobierno que ya están en la cárcel,
los autores intelectuales de las masacres paramilitares, desplazamiento de
comunidades, robo de tierras y narcotráfico.
Pero a los medios no
solo les asusta reconocer su responsabilidad política, sino que temen también
que en los nuevos escenarios creados para que la oposición política se pueda
expresar se consoliden corrientes de opinión que terminen con la hegemonía de
los periodistas amañados al servicio de los partidos políticos tradicionales.
Le temen a que se generen y se fortalezcan por esta vía los movimientos
políticos del pueblo colombiano que le puedan disputar el poder a la oligarquía
colombiana.
Los cambios que se
esperan también incluyen el derecho de réplica y una legislación mucho más
clara sobre los derechos de imagen. El derecho de réplica es el más violado por
los actuales medios masivos, pues su especialidad es lanzar acusaciones sin
pruebas ni fundamento para deslegitimar a su adversario. ¿Cuántas veces no se
utilizó esta estrategia contra nuestro movimiento político marcha patriótica al
tildarnos de brazo político de la insurgencia? Y ¿cuántas veces se nos ha
permitido expresarnos en estos medios para desmentir esas acusaciones?
Por otra parte se
necesita una legislación sobre derechos de imagen que proteja a los ciudadanos
y a los movimientos políticos y populares del atrevimiento y sevicia de los
medios masivos de comunicación. Un caso emblemático de violaciones a los
derechos en este aspecto fue el de los trece estudiantes de la universidad
nacional quienes fueron detenidos, según los medios por haber llevado a cabo
los atentados en la capital del país contra las sedes de Porvenir. Luego
dijeron que estaban implicados en disturbios en la universidad, y al final los
tuvieron que liberar por falta de pruebas. ¿Quién responde por el daño al buen
nombre causado? Además durante este proceso los medios masivos sacaron a la luz
pública fotografías personales de los acusados sin su autorización.
Los medios masivos no
pueden sorprender a cualquier transeúnte en la calle con su tradicional pose
intimidatoria para acusarlo y preguntarle estupideces como ¿por qué se pasó el
semáforo en rojo? O ¿por qué no usó el puente peatonal? Esto constituye una
violación a nuestros derechos de imagen pues solo los ciudadanos somos libres
de escoger si queremos que nuestra imagen sea televisada en vivo y en directo
para millones de personas.
La violación del
derecho de réplica y de los derechos de imagen son los pilares en la estrategia
de los medios de comunicación para desacreditar a los adversarios políticos de
los poderes tradicionales. Por eso una ley de medios no le conviene a los
medios masivos, ni a los partidos de derecha y ultraderecha pues los obligaría
a ser respetuosos de la oposición política, a debatir de verdad con sus
contradictores, y todos sabemos que por este camino a lo mejor pierden.
Razones culturales:
La dinámica de los
medios de comunicación masivos ha creado también un tipo de audiencia a la que
no le importa tanto el hecho como tal sino cuántos muertos hubo y cómo se
murieron. Los medios masivos han consolidado una cultura de la violencia y de
apología al dinero fácil, así como de machismo, racismo, y de la mujer como un
objeto. Estos contenidos también son, como hemos dicho anteriormente, re
victimizantes, y deben ser censurados, al igual que todas las expresiones de
fanatismo político y religioso que pretendan prender de nuevo los fuegos de la
guerra.
El poder dominante y
sus medios le temen a que esta cultura de la violencia sea reemplazada por la
cultura popular, quien tendría grandes posibilidades de desarrollo si se logra
crear una ley de medios. Le temen a que nuestra música popular, el teatro
callejero, la literatura y las ciencias reemplacen la violencia pues esto ayuda
a crear una ciudadanía crítica, consciente de su responsabilidad de construir
una sociedad en paz y con justicia
social, y no una ciudadanía temerosa, conformista y envilecida.
La cultura de la
violencia ayuda a mantener un régimen de violencia, y en un escenario de paz la
cultura de la violencia también debe desaparecer, lo cual demanda un esfuerzo
mancomunado de toda la sociedad con el Estado como garante para que se
implementen las reformas necesarias no solo en los medios de comunicación, sino
en el ámbito económico, social, educativo, cultural y ambiental.
Participación política y acceso a medios de comunicación
Estando claras las
razones por las cuales los medios masivos de comunicación están en contra de
una ley de medios que regule su actividad en un escenario de paz, vale la pena
echar un vistazo a los acuerdos que se han firmado al respecto en los diálogos
de La Habana y a las propuestas que ha hecho la insurgencia al respecto.
Lo que propone la insurgencia
La propuesta de las
FARC-EP sobre la democratización de los medios de comunicación expuesta en su
documento “100 propuestas mínimas:
Participación política para la democratización real, la paz con justicia social
y la reconciliación nacional” la podemos resumir así:
- Los movimientos políticos que surjan como producto del acuerdo de paz tendrán: un canal de televisión, una emisora, un periódico y una revista de teoría y análisis político, todos de cobertura nacional y financiación por parte del Estado.
- Se abrirán espacios a los nuevos movimientos políticos en los medios institucionales y privados.
- Se creará el Consejo Nacional de Medios de Comunicación donde participarán los nuevos movimientos políticos.
- Las frecuencias de radio y televisión se distribuirán por partes iguales entre el sector público, el sector privado y el sector social.
- Se creará el Fondo especial de financiación de medios
alternativos y comunitarios. El Fondo estará conformado por aportes del
Gobierno nacional provenientes de la reducción del gasto en seguridad y
defensa y de la contratación de un tercio de la pauta publicitaria de las
instituciones del Estado con dichos medios. El sector privado contribuirá
con la contratación del diez por ciento de su pauta publicitaria.
Lo
que se acordó por ahora en la mesa de diálogos fue:
- El gobierno abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto.
- El gobierno promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general.
- Financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitario.
- Se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Como vemos, todo lo
que no se acordó quedó como salvedad para ser discutida posteriormente entre
las partes. La contradicción esencial entre lo que se acordó y lo que queda
como salvedad es precisamente la democratización de la propiedad de los medios
de comunicación, pues el gobierno habla de democratizar los espacios, mas no la
propiedad, y habla de crear solamente un canal de televisión para todos los
partidos políticos.
El tema de la
financiación de los nuevos medios tampoco le agrada ni al gobierno ni a los
grandes medios pues los obliga a financiar los medios alternativos y populares,
cosa muy mala para su negocio.
En conclusión ni el
Estado ni los medios masivos quieren la democratización de los medios, pues
esto los debilita políticamente en un escenario donde la lucha política
abierta, franca y sin violencia es la que prevalecerá. A los poderes establecidos
no les conviene que exista una ciudadanía crítica y educada, pues ellos
insistirán en la aplicación de sus políticas neoliberales y antipopulares y en
legitimarlas por medio de sus medios de comunicación.
Por nuestra parte
tenemos que aunar esfuerzos entre los sectores populares, los comunicadores,
periodistas, medios alternativos y populares para exigirle al gobierno por
medio de un mandato constituyente una nueva ley de medios de comunicación para
la paz. Esto nos exige luchar por crear los escenarios constituyentes donde
podamos expresar nuestras exigencias ante la mesa de diálogos de La Habana para
que se tenga en cuenta nuestra posición sobre los nuevos escenarios de
participación política.
Se hace imperativo
entonces avanzar hacia la conformación de la constituyente de medios,
independientemente de lo que pase en La Habana y del mecanismo que acuerden las
partes para refrendar los acuerdos, pues todo no se resolverá allá y el pueblo
tiene muchas otras cosas que exigirle al Estado.
Llamamos a la unidad
de todos los que pertenecen al Frente Amplio por la Paz en torno a la
democratización de los medios de comunicación y a la creación de una ley de
medios como bandera de lucha y herramienta fundamental para construir una
sociedad en paz y con justicia social.
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