FENSUAGRO: ACTIVO EN LA LUCHA POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

2016/agosto 18/FENSUAGRO

FENSUAGRO: 
ACTIVO EN LA LUCHA POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL



Por: Fabián Esquivel

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), refrendó su papel de constructor de paz una vez más los pasados 12 y 13 de agosto en su centro de capacitación RAÚL VALBUENA ubicado en el municipio de Viotá,  lucha que emprendió hace 40 años en medio de la guerra contra el pueblo colombiano y que espera ver su final muy pronto y ver las condiciones reales democráticas para canalizar las aspiraciones del campesinado colombiano en unidad con otras organizaciones y lograr el bienestar paulatino de las comunidades rurales.  Por ello, en presencia de 58 delegados de 33 organizaciones llegados  del oriente, el sur, el suroccidente, el centro, el noroccidente, el caribe colombiano y organizaciones hermanas como ANZORC,  se desarrolló el Primer ACTIVO NACIONAL AGRARIO POR LA PAZ, en el cual se  profundizo  el estudio de los acuerdos de paz de la mesa de diálogos de La Habana y generar un plan de acción frente a la implementación  en la que es fundamental la participación ciudadana y social para que efectivamente lo firmado constituya el inicio de la construcción popular de la paz.

Durante la jornada de trabajo, los delegados abordaron el estudio del punto uno de los acuerdos, denominado “hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral” en el que se profundizó en la tenencia de la tierra y en el que hacer de cada organización. Se resaltó la organización avanzada de algunas comunidades que han avanzado significativamente en la conformación de comités veredales para fortalecer el estudio de los acuerdos y resistir los embates del gobierno nacional, en especial a las comunidades cultivadoras de cultivos de uso ilícitos, con lo que el gobierno nacional se ha negado a concertar los programas de sustitución gradual de los cultivos y con garantías sociales y económicas. De la misma manera, los delegados analizaron las condiciones actuales para fortalecer la presentación del histórico proyecto de ley agraria alternativa, formulado por un sin número de organizaciones agrarias y que condensan las aspiraciones campesinas, una propuesta importante para el futuro, cuando la apertura política se consolide con propuesta legislativas populares y campesinas como estas.

Finalmente, la jornada culminó realizando un plan de acción por regiones en las que se destacan la programación de activos agrarios regionales para aterrizar los otros puntos de la mesa de diálogos de paz, el fortalecimiento organizativo, la participación activa en los foros cocaleros municipales que las organizaciones se encuentran realizando, la proyección de nuevas zonas de reserva campesinas, la realización de un censo nacional de la tenencia de la tierra y un diagnostico productivo para nutrir las propuesta de implementación de los acuerdos y la concreción del plan nacional de Fensuagro, emanado del XI congreso denominado “VAMOS POR LA PAZ, LOS DERECHOS CAMPESINOS Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA”  en cada departamento de trabajo. Nos iremos a cada punto de la geografía nacional acompañando a las organizaciones en las pedagogías de paz, de campesino a campesino y en la campaña por el sí,  al plebiscito por la paz, porque la paz es ahora y vamos por más.


Territorios urbanos, escenarios claves para la construcción de Paz.

2016/julio 26/Marcha Patriótica Valle del Cauca

TERRITORIOS URBANOS, ESCENARIOS CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ


Los días 23 y 24 de julio de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Cali el Tercer Seminario Urbano Barrial de la Marcha Patriótica capítulo Valle del Cauca, el cual contó con una amplia y nutrida participación de los sectores sociales que componen la Marcha Patriótica en el Valle, así como de representantes por municipios de todos los rincones del departamento, incluyendo Buenaventura y el río Naya.

Conscientes de la importancia de fortalecer nuestro movimiento político en los territorios urbanos de todo el país, hemos trazado en este importante evento las líneas generales para el trabajo en las ciudades del departamento, y reafirmamos nuestro compromiso con el SÍ en el plebiscito que refrendará los diálogos de paz de la Habana-Cuba.

Hemos concluido que es necesario fortalecer el trabajo político en los territorios urbanos de cara a la construcción del poder popular que nos permitirá ser opción de poder para el pueblo colombiano e implementar los cambios que el país necesita. Las problemáticas urbanas afectan a todos los sectores que conviven en las ciudades, por eso se han escuchado las voces de todos los sectores para pensarnos qué tipo de ciudades queremos y las vías para lograrlo.

La construcción de la paz en los territorios urbanos tiene sus particularidades y pasa por la solución de los problemas de desempleo, falta de salud, vivienda, educación, transporte, servicios públicos e inseguridad. Por eso se hace necesaria la articulación de los sectores y organizaciones que vienen trabajando alrededor de estos temas, para unir esfuerzos y criterios en la consolidación de un movimiento político que debe ser fuerte en las ciudades, pues estas son los centros del poder político y económico en el país.

https://www.youtube.com/watch?v=R6QJDpasAzs&feature=youtu.be




Los muros de Cali gritan PAZ con Justicia Social.

2016/abril 18/Marcha Patriótica Valle del Cauca

Los muros de Cali gritan PAZ con Justicia Social.

Sin importar los candentes soles caleños,  las impetuosas lluvias de abril o el poco presupuesto que haya en los bolsillos, un pequeño pero perseverante grupo de artistas y líderes sociales de la Sultana del Valle,  ha tomado en sus manos la iniciativa de plasmar en los muros más visibles de la ciudad, el anhelado deseo de paz;  una invitación directa a los habitantes de Cali para que se atrevan a soñar, a construir y a defender un país en paz y con justicia social, ya van dos intervenciones y serán muchas más, pues no hay que parar de gritar que la Paz con Justicia Social para Colombia cuenta con ellos, con ella, conmigo, con VOS-Z.

Oficina de Prensa
Marcha Patriótica Valle del Cauca 














En Tuluá se trabaja incansablemente por la paz.

2016/abril 13/Comité de impulso Tuluá/Marcha Patriótica Valle del Cauca

EN TULUÁ SE TRABAJA INCANSABLEMENTE POR LA PAZ


El 4 de abril de 2016 se llevó a cabo una jornada de conversatorios con el Dr. José Antonio Gutiérrez, Antropólogo de la Universidad de Chile y Sociólogo de la Universidad de Dublín, en Irlanda denominado “construcción de paz desde los territorios” realizado en tres jornadas en la UCEVA a las 10:00 A.M, Universidad del Valle 3:00 P.M y La Casa de Todos a las 7:00 P.M, este espacio fue una iniciativa del comité de impulso de la marcha patriótica Tuluá y apoyado por la Plataforma Juvenil, GEUT de la Universidad del Valle Sede Tuluá y Grupo de estudiantes de ingeniería ambiental de la UCEVA. En este espacio se discutió el papel de las organizaciones y las comunidades para construir una paz con justicia social y la importancia de conocer la historia del conflicto armado colombiano.

Muy buena participación de la comunidad estudiantil y la comunidad en general, con este tipo de espacios vamos avanzando en la construcción de una paz duradera y con justicia social.







LA PAZ CUENTA CON VOS-Z



Buga se también se moviliza este 17 de marzo.

2016/marzo 14/Paro Nacional/Guadalajara de Buga

BUGA SE TAMBIÉN SE MOVILIZA ESTE 17 DE MARZO.  


De acuerdo a la convocatoria que hacen las Centrales Obreras y Organizaciones Sociales y Populares de nuestro país, le comunicamos que en la ciudad de Buga el Comando Unitario Municipal integrado por el Intersindical y demás sectores sociales hemos decidido unificarnos alrededor del Paro Nacional en una movilización amparados en el Articulo 37 de la Constitución Política, dentro del Municipio en defensa de las reivindicaciones políticas, sociales, la justa lucha de los trabajadores en defensa de la producción nacional en todas sus formas y el medio ambiente, para una Paz con Justicia Social.

Dicha movilización se realizara el próximo jueves 17 de marzo del presente año a partir de las 7:00 am, el cual tendrá el siguiente recorrido:

§  SALIDA:  PARQUE FUENMAYOR
§  CALLE 17 HASTA EL HOSPITAL SAN JOSE
§  CARRERA 9 HASTA CALLE 7
§  DESDE LA CALLE 7 HASTA CARRERA 13
§  CALLE 6 HASTA LA CARRERA 12
§  CALLE 5 HASTA CARRERA 16
§  CARRERA 16 HASTA CALLE 3
§  CALLE 3 HASTA CARRERA 19
§  CARRERA 19 HASTA CALLE 1 SUR
§  REGRESAMOS POR LA CARRERA 19 HASTA CALLE 6
§  HACIA EL PARQUE CABAL, donde nos concentraremos hasta aproximadamente 6:00 pm, por lo cual solicitamos suspender el transito en la Calle 6 entre Carrera 14 y 15.

De acuerdo a lo anterior vemos la necesidad de informarle a toda la ciudadania en general el contenido real de nuestras exigencias a la Administracion Municipal y al Gobierno Nacional.

Por lo cual convocamos a todos los medios de comunicación para una rueda de prensa el dia de mañana Martes 15 de Marzo, a las 9:00 am. En la Casa del Maestro Sutev Buga, ubicada en la Carrera 12 No. 3 - 44.


Contamos con su masiva asistencia ya que su importante labor nos permitirá llegar a cada uno de los bugueños. 









El Frente Amplio Por La Paz Y La Histórica Tarea De Forjar La Unidad Del Movimiento Popular Colombiano Para Construir La Paz Con Justicia Social

2015/julio 07/Marcha Patriótica/Valle del Cauca

EL FRENTE AMPLIO POR LA PAZ Y LA HISTÓRICA TAREA DE FORJAR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO POPULAR COLOMBIANO PARA CONSTRUIR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL


* Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Capítulo Valle del Cauca

En Colombia la Violencia contra el pueblo ha sido una política de Estado a fin de mantener los privilegios de clase de las clases dominantes, imponer modelos económicos, políticos y culturales e impedir la democratización de la nación. Esta Violencia histórica, derivó en el conflicto social y armado insoluto desde los años cuarenta para no ir más atrás.

La negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta fundamentada en reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales y, en lugar de ello escalonar aceleradamente el conflicto, concentrando una porción significativa de los recursos en avivar las llamas de la guerra, constituyen los peores actos de violencia política deliberadamente planificados por los sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos, ingleses e israelíes, decisiones políticas de las altas esferas del gobierno y de los gremios más poderosos del país, que han agudizado -reiteramos deliberadamente- el complejísimo drama humanitario que padecen millones de familias víctimas del conflicto, despojadas de derechos, despojadas de la tierra y hasta de la vida; decimos entonces que, la violencia se ha instalado como política de Estado en función del crecimiento económico acelerado, la concentración del poder político, de la tierra y de la riqueza.

Diría nuestro García Márquez en Estocolmo en 1.982 que esta “realidad no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas”, que “la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa”.

La salida política y dialogada al conflicto social y armado, el mantenimiento de la mesa de diálogo de La Habana entre el Gobierno y las FARC – EP, la apertura de mesas de diálogo similares con el ELN y el EPL, la participación del pueblo y sus organizaciones en las mesas de diálogo, el desescalonamiento del conflicto y el cese bilateral definitivo del fuego, las necesarias reformas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, la democratización y la soberanía de la nación a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, son y han sido luchas del movimiento popular colombiano desde años atrás en las calles, en las aulas, en los campos, en fábricas, en los semáforos, en los paros, movilizaciones y bloqueos; la Marcha Patriótica como movimiento social y político ha estado presente en todas estas luchas, toda vez que es pueblo, pueblo en lucha, pueblo en movimiento, pueblo en reflexión, pueblo en acción.

Estas luchas por la paz con justicia social y por las necesarias reformas a la sociedad colombiana se plantean en contraposición y contrapropuesta al militarismo y los áulicos de la guerra quienes se han lucrado hasta enriquecerse a costa de la muerte ajena, ante los retardatarios detentores del poder, a los abyectos enemigos agazapados y públicos de la paz, a las mafias - bajo la sombra de los poderosos- que controlan el microtráfico, las bandas criminales y las jugosas tajadas de los contratos.

Aunque en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana, la participación del pueblo ha sido limitada a los foros regionales y nacionales de paz, a la elaboración de propuestas a través de las urnas establecidas en medios virtuales y físicos y la participación de representantes de las víctimas del conflicto –tanto del Estado como de la insurgencia- en la mesa de diálogo, siendo ésta una clara muestra de la negativa del gobierno a fomentar la participación del pueblo en el proceso de diálogo, a la mesa hasta la fecha se han dirigido 9.301 propuestas las cuales pueden ser observadas y analizadas por los equipos del gobierno y la insurgencia. Así mismo, en La Habana se han logrado tres (3) acuerdos parciales, sobre política de desarrollo agrario integral; participación política: apertura democrática para construir la paz y; solución al problema de las drogas ilícitas.

La creación de una Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas que produjo un importante informe en el que varios de los expertos coinciden en la exclusión política, la problemática agraria y la injerencia del militarismo yanqui como causas motrices del conflicto, fue también producto de la mesa, no obstante la agenda de diálogo y discusión que completa ya el ciclo 38, aun tiene por discutir y acordar los puntos de víctimas; implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y; fin del conflicto, además de las veintiocho (28) salvedades que deberán ser solucionadas en el transcurso del proceso.

El movimiento insurgente ha elaborado varios documentos de propuestas para la solución de los puntos en discusión que recogen una buena parte de las iniciativas de los participantes en los foros regionales, de éstos vale resaltar los documentos: 100 propuestas para el desarrollo agrario integral con enfoque territorial; 100 propuestas mínimas para la participación política y; 50 propuestas mínimas para las drogas ilícitas, entre otros; por su parte el gobierno nacional, no solo no ha generado propuestas que den respuesta a aquéllas motivadas por el movimiento agrario, los productores de cultivos proscritos o las víctimas, sino que además ha buscado dar al traste con los puntos ya acordados y aquéllos que están en discusión, como lo evidencia el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el proyecto de ley de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, el proyecto de ley 133 de 2014 (sobre baldíos) y la reforma constitucional mediante el cual se impuso el fuero militar, actitud que desdice del anhelo de paz del pueblo colombiano que posibilitó la reelección de Santos en las pasadas elecciones de junio de 2.014 cuando en una fiera contienda electoral logró sobrepasar por poco el guerrerismo fascistoide encarnado en Oscar Iván Zuluaga, esbirro y alfil del Uribismo ramplón.

Esta actitud del gobierno del presidente Santos, es coherente con la contradicción existente en las clases dominantes, una parte de ellas convencidas de la vía militar y de la agudización de la guerra como mecanismo de pacificación de la sociedad colombiana y otras desgastadas por el “esfuerzo tributario inherente a la agudización del conflicto durante más de diez (años)”; por otro lado, el pragmatismo santista deriva en la toma de decisiones que no contravengan (o lo hagan en el menor grado posible) el poder de las fuerzas armadas, las verdaderas gobernantes de la nación colombiana; luego, el gobierno ha optado por no ceder o ceder lo menos posible, en consecuencia, en más de una oportunidad el gobierno ha manifestado que el modelo social y económico del país no está en discusión en el proceso de diálogo de La Habana, lo que además coincide con sus fuentes ideológicas y políticas de liberal, plutócrata, despótico y de derecha. Esta actitud de mano dura y poco orientada al diálogo como mecanismo para la solución de las contradicciones sociales, ha sido demostrada en los procesos movilizatorios de los años 2013 y 2014 y en general de la protesta social del movimiento popular colombiano.

En este contexto, es importante señalar que desde ningún punto de vista se debe entender que el proceso de diálogo de La Habana, como los que surjan con los demás grupos insurgentes, lograrán solucionar todos los problemas económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos, históricos de la nación colombiana, pero la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda y construcción de la paz con justicia social y de la salida política y dialogada al conflicto, sí permitirán democratizar la nación, lo que sin lugar a dudas será una victoria del movimiento popular.

Desde este punto de vista, el Frente Amplio por la Paz, la justicia social, la democracia y la soberanía, (FAPP), tiene el agradable deber y Tarea de defender la salida política y dialogada del conflicto con una amplia participación popular, lograr el cese al fuego definitivo hacia el desescalanamiento del conflicto, promover un nuevo proceso constituyente ampliamente participativo, como mecanismo refrendador de los acuerdos y como pacto para que en Colombia campee la democracia.

Para hacer esto posible, es pertinente que el Frente Amplio desarrolle una estructura nacional, departamental y municipal de representación y participación, la construcción de un programa unificado de lucha y de gobierno, la realización de jornadas de sensibilización y de pedagogía de la paz con justicia social como la victoria del pueblo colombiano, que partan desde el trabajo casa a casa, vereda por vereda, barrio por barrio, que realice seminarios, cátedras, foros, cumbres, asambleas y encuentros populares. El FAPP debe promover, participar, impulsar y dinamizar los Consejos de Paz en todos los niveles, la movilización permanente y bajo esquemas que logren impactar en la ciudadanía. La ruptura del cerco mediático que han impuesto los poderosos conglomerados empresariales que controlan los medios de comunicación, diseñando campañas unitarias de medios por la paz, es también tarea del FAPP y de los demócratas que queremos una paz real, en absoluto diferente a la paz de Santos y el uribismo que se limitan al silencio de los fusiles, sin que ello se traduzca en los necesarias transformaciones de la sociedad colombiana.

Colombia no puede condenar el futuro de los y las que vienen a los descomunales lastres de la guerra y los anacrónicos recetarios de los entes multilaterales de crédito. Allanar un camino de  paz con justicia social y democratizar la nación colombiana, implica por tanto, aislar la mezquindad de la derecha y el asesino monstruo de la ultraderecha de todas las esferas del poder, desde los micropoderes de los sindicatos y organizaciones barriales, campesinas, indígenas, hasta los de los aparatos de poder del Estado.

El sueño de transformar la sociedad colombiana solo será realidad cuando el movimiento popular colombiano, unido en un espacio como el FAPP conjugue los esfuerzos por hacer realidad los mandatos emanados de los históricos procesos de movilización, los emanados en las constituyentes, la lucha por la paz con justicia social y las aspiración del buen vivir de las comunidades urbanas y agrarias, con la lucha por el poder de los aparatos estatales. Desde nuestro punto de vista ser poder derivará en cambios políticos, ampliación democrática, participación en todas las esferas, profundización de la lucha por la democracia, la irrupción en nuevos escenarios de participación política, el posicionamiento de nuestras iniciativas, el fisurar el poder de la derecha y quitarle el poder real en los entes de gobierno; apoderarnos de los aparatos de poder implica remplazar el gobierno de la plutocracia mafiosa por el gobierno democrático.

De la conjugación de todas nuestras luchas y sacrificios dependerá entonces la construcción de una patria distinta a la que nos ha sido impuesta, una patria del tamaño de la dignidad heredada de los luchadores que han caído, del heroico pueblo que lucha, de aquéllos que permanecen indoblegables en las mazmorras del régimen, una patria justa, soberana y en paz.

Diría el Libertador que “la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”. Hagamos posible este decreto inexorable del destino conjugando cada una de nuestras fuerzas en las calles y en cada una de nuestras luchas. Fundamos pues nuestras propuestas en un programa político de lucha y de gobierno:

Por la paz con justicia social, por la salida política y dialogada de conflicto social y armado, por el cese bilateral del fuego, por el desescalonamiento del conflicto, por la participación del pueblo real y vinculante en los escenarios de ejercicio y construcción de poder, contra la corrupción y por la defensa del patrimonio público, camellemos todas y todos por un nuevo proceso Constituyente!.


¡Fundamos pues nuestras propuestas en un programa de lucha y de gobierno!

Este Sábado 28 de Marzo la Paz con Justicia Social se Hace Música en Yumbo

2015/Marzo 26/Frente Amplio por la Paz con Justicia Social/Yumbo

FRENTE AMPLIO JUVENIL YUMBO

D E S P I E R T A  Y A ! ! !



La joven generación que lucha para vencer la guerra, esa que sueña con una Colombia en Paz, en donde se destierre la violencia y recupere la tranquilidad en la que resida el asombro creativo y el amor a la vida. Esa que ha reinventado en el hip-hop, en los grafitis, en el barrismo social, en la escritura, la poesía, el deporte, la música y el teatro, nuevas resistencias para enfrentar el olvido y para representar la voz de esos jóvenes invisibles para el sistema, que batallan todos los días contra la guerra despojadora.

Convoca para el SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015 desde las 4:00PM en la Plazoleta Principal del Parque Belalcázar del municipio de Yumbo al GRAN CONCIERTO POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, en dirección a unir agendas en los movimientos de paz.

Defender los diálogos en La Habana – Cuba entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las Farc-Ep, exigir el cese bilateral de fuegos, los diálogos con el ELN y el EPL, el apoyo a la consolidación del Frente Amplio por la paz, la soberanía, la democracia y la justicia social, el desescalonamiento del conflicto, superando los criterios de ventajas estratégicas propios de la mentalidad de continuación de la guerra y que no obedecen al compromiso con el  proceso de Paz, porque mientras en la mesa el Gobierno Nacional acepta acuerdos importantes, en el país fortalece la política neoliberal en favor de las transnacionales y del gran capital en detrimento de los derechos de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las negritudes, la juventud y las mujeres que reclaman cambios en la vida nacional. Avanzar en la preparación de una gran marcha nacional el 9 de abril por la paz, la soberanía y la Asamblea Nacional Constituyente. Unir las rebeldías, las voces que se pronuncian por la paz, las movilizaciones sociales y populares, para forjar un movimiento alternativo con opción de poder democrático y popular.

La conquista de la paz con justicia social nunca ha estado tan cerca de lograrse, ello se debe al despertar de la movilización y de la fuerza de los explotados y oprimidos de nuestro país, que se erigen como poder y proceso constituyente para construir una nueva alternativa de poder, fundida con el ejemplo valeroso y el decoro de las múltiples resistencias y rebeldías que confrontan al régimen antidemocrático, fascista, corrupto, mafioso, paramilitar y militarista que conforma el actual poder político en Colombia. Es también la del inicio del fin de los tiempos de los sangrientos poderosos, es el preludio de la victoria popular, democrática y revolucionaria.


Contaremos con la participación de artistas populares y sociales que se suman a la construcción de este proyecto de país: PIPE LEYTON, SECUELA, CHISCO, DROOPY, MELKY Y JHOVIE, EMISARIO, GRUPO DESTINO, DAVID EL CUBANO, JUAN CARLOS, HUARI RUNA, SQUIZOPHONIA (INDIEROCK), SUDACA HARDCORE, WORMS UNDER FLESH, TOLERANCIA 0 Y DEMAS PRESENTACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS.


Debates para la PAZ Parte III. Por: Pacho Toloza

2015/Marzo 03/Debates para la Paz/Francisco Toloza

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LOS DEBATES PARA LA PAZ
III PARTE
Por: Francisco Toloza


5. Participación popular, refrendación y Asamblea Nacional Constituyente
Finalmente, el proceso de paz tiene pendiente la definición de los mecanismos de participación directa del conjunto de la sociedad en la gestación de sus acuerdos, aunque la refrendación popular de éstos, está contemplada en el punto 6 de la Agenda General para la terminación del conflicto. Más que un punto cosmético o simbólico, la comprensión misma de la actual confrontación como conflicto social político y armado, exige la participación decisiva de un espectro de actores sociales y políticos más allá de las partes beligerantes en el campo de batalla para labrar conjuntamente la solución política.

Hasta hoy, el gobierno nacional ha impuesto cortapisas a una presencia más fluida y determinante de organizaciones sociales y políticas en la Mesa, invocando su miedo a la experiencia del Caguán[1], y ha propuesto en cambio, reducir la participación popular al instrumento bastante acotado del referendo. Flaco favor se le hace a la solución política al pretender limitar la vinculación directa a la construcción de la paz de todo el pueblo soberano, a su castrada dimensión electoral. Bastante cándida, -por no decir cínica- es la pretensión de reducir la decisión ciudadana sobre unos acuerdos de la complejidad de los avanzados en La Habana a una mera pregunta de Si o No, solo por la tozudez del establecimiento de insistir en un referendo para  amarrar la paz a sus afanes electorales y a sus juegos clientelares no propios del actual proceso de diálogo. Lejos de esta visión gubernamental, las falencias relacionadas con la participación, la refrendación y varios otros aspectos de firmeza jurídica o fortalecimiento político de los acuerdos, se resuelven a través de una Asamblea Nacional Constituyente para la paz.

Como  aspecto de fondo están las necesidades mismas de una paz que busca cerrar una guerra de más de 75 años: nuestro pacto de reconciliación debe ser una norma de normas, constitucionalizado y no reducido a una normatividad cualquiera sometida a los vaivenes de los gobiernos de turno y de los opacos intereses del actual sistema político. La ANC ofrece esta garantía política al mismo tiempo que posibilita dar orden y armonía legal a los cambios que engendrarían los acuerdos y que abarcan diversos temas y grados institucionales. Por el calado y profundidad de las temáticas de los acuerdos y la necesaria jerarquía normativa de éstos, la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta como el desenlace lógico dentro del proceso de solución política. La convocatoria directa al pueblo soberano se ha convertido ya en una necesidad durante el actual proceso de paz y será el único garante de su éxito.

Entretanto hace carrera entre medios y asesores gubernamentales, que no hay necesidad legal de la refrendación y que ésta solo significarían legitimidad política, improvisando entonces alternativas simbólicas y coqueteando con cercenar la participación directa del pueblo soberano en el proceso de paz. Desde estas versiones lo que se pretende es reducir lo acordado en La Habana, a meras reglamentaciones ejecutivas que sean flor de un día-, buscando impedir que el pacto de paz que cierre con esta larga guerra quede consagrado ni constitucional ni legalmente. Esta visión no expresa ninguna recomendación “técnica”, sino que  tiene ya un nítido sesgo antidemocrático frente al calado y jerarquía legal de los acuerdos, buscando someterlos al actual orden establecido.

El desacertado análisis del politólogo Hernando Gómez Buendía[2] que bajo sofismas “técnicos” intenta extirpar la necesaria participación en el proceso de paz, tiene tal vez como virtud exhibir con nitidez precisamente el que es su principal error analítico: la sin salida de cualquier mecanismo de refrendación de los acuerdos dentro de la actual legalidad y su ilegitimo poder constituido. Siguiendo la lógica de Gómez Buendía y todos los cultores del riguroso santanderismo, la última palabra sobre el acuerdo de paz la tendría la Corte Constitucional que le haría revisión de exequibilidad, y el Procurador Ordoñez quien podría declarar insubsistentes los acuerdos firmados y a los mismos funcionarios desde el control administrativo a las competencias de su función pública. ¿Es para esto que el gobierno lleva casi 3 años de diálogos? Toca someter lo acordado no al control popular pero si al actual sistema político para no alterar la “institucionalidad”? Por favor señores, la paz está por encima de sus formas jurídicas.

La solución no es eliminar la participación popular del proceso de paz, sino por el contrario desatarla como poder soberano. La salida es tan sencilla como compleja: refrendar los acuerdos y -más allá de esto- hacer la paz, significa una inevitable ruptura con el actual orden vigente, porque el fin del conflicto es un proceso político y no jurídico. Nadie habla de revolución por decreto ni concertada, pero tampoco está sobre la Mesa de Diálogos el simple sometimiento a la actual justicia como añora el establecimiento. Bien lo señala el mismo Enrique Santos: en La Habana se forja un acuerdo de paz luego de que la larga guerra no deje un nítido ganador, ni tampoco ningún vencido.

Las excusas legales deben dar paso a la paz como bien supremo de todos los colombianos. La misma gestación de la actual constitución de 1991 se da mediante una subversión jurídica al orden constitucional de 1886 con el guiño del ejecutivo y el poder judicial, precisamente porque razones políticas consideradas de calado histórico primaron a la enmohecida jurisprudencia existente que había cercenado sucesivas posibilidades de reformas constitucionales o participación democrática desde 1968[3]. Hoy a nadie le importa la filigrana jurídica enrevesada que posibilitó la convocatoria a la ANC en 1990, sino que todos los historiadores reseñan el acuerdo político que buscaba cerrar con la aguda crisis de aquel entonces.

Tomemos solo un ejemplo de lo que tendería a ser consenso dentro de un acuerdo de paz. A propósito de la propuesta de Cesar Gaviria, el expresidente conocedor de las implicaciones constitucionales de las más simples medidas jurídicas para la paz, propone un referendo que reforme la constitución para poder dar curso a su modelo judicial. No obstante, omite que dicha convocatoria pasa por los controles de la Corte Constitucional y que significaría remover la actual jurisprudencia de las mismas altas cortes sobre delito político y derecho penal en general: ¿Es posible dentro de la actual carta magna revaluar la “cosa juzgada” de la Corte Constitucional? O por el contrario se requiere de un gran acuerdo nacional para confeccionar un nuevo pacto constitucional para la paz?

Hay razones de fondo e históricas para explorar vías alternativas a las definidas dentro del actual poder constituido. Desde la insurgencia y los sectores democráticos, hay una preocupación fundada en que los acuerdos de paz se marchiten prontamente y se transformen en letra muerta si estos quedan reducidos a meras disposiciones ejecutivas y legislativas, o como ya ocurrió con los aspectos democratizadores de la Constitución de 1991 sean reglamentados para inhabilitarlos por un parlamento como el actual. Y subrayo lo fundado de la preocupación al observar el actual paquetazo legislativo en curso en el Congreso de la República que se convierte un auténtico contra-acuerdo de paz, que burla anticipadamente buena parte de lo pactado en La Habana. Esta pléyade de proyectos de ley y reformas constitucionales esperan equivocadamente confeccionar una camisa de fuerza legal para el desarrollo de lo firmado en el proceso, a espaldas de la contraparte que no participa en el parlamento, pero que por ello mismo no reconoce otra normatividad distinta a la emanada de la Mesa.

Solo a manera de ejemplo, mientras en mesa de diálogos se pacta acceso de tierras a los campesinos, en el Congreso cursa el Proyecto de Ley 133 que crea las denominadas ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico), otorgando patente de corso a las transnacionales agrícolas para acumular predios baldíos arrebatados a los beneficiarios de reforma agraria, y en perspectiva absorber mediante alianzas productivas a quienes accedan a tierra gracias a los acuerdos de paz. Cuando ni siquiera se ha definido el monto del Fondo de Tierras, el nuevo proyecto habilita extensas zonas del país para proyectos de agronegocios bien lejanos a los principios consignados en el acuerdo parcial sobre desarrollo rural o promoción de la economía campesina, desconociendo además flagrantemente las salvedades actualmente en el congelador.

Para mayor desconocimiento del proceso de paz,  se ha presentado el proyecto de ley del PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país" donde Simón Gaviria pretende repetir la receta fondomonetarista de su padre, pero con 25 años más de anacronismo. Para no profundizar en el compendio de medidas de shock exigidas por la OCDE en detrimento del bienestar de los colombianos que el PND compendia, solo habría que decir que pese a la supuesta premura por la firma de la paz, el director del DNP plantea sin ruborizarse que el Plan de Desarrollo a 4 años no solo no contempla lo firmado, sino casi que va de espaldas a lo que el gobierno nacional discute con su contraparte[4]. Si bien la pregunta que asalta es si tiene sentido discutir y aprobar un PND que desconozca la posibilidad de la paz para todo el cuatrienio, lo que queda latente es el debate sobre la jerarquía y el mismo estatus jurídico y político de los acuerdos de paz dentro de la visión del gobierno nacional.

La táctica gubernamental pareciera ser encuellar en el parlamento el desarrollo de la paz con su ofensiva legislativa e insistir con angustia electorera en algún mecanismo acotado de refrendación sin reparar para ello en aspectos técnicos y jurídicos. Pese a la progresiva claridad de la inviabilidad política del referendo el gobierno nacional sigue en la operación mediática de instalarlo en la opinión pública. El referendo constitucional, aunque reconoce la necesidad de incorporar los acuerdos a la carta magna,  tendría grandes desventajas frente a otras posibilidades de participación ciudadana en el proceso de paz;  la principal es de carácter político, ya que se privilegiaría una forma limitada de ciudadanía no deliberativa, antes que dar paso al constituyente primario con toda su potencia, al pueblo soberano como incluso lo define la Constitución de 1991. Se estaría recurriendo en la práctica a una minoría ciudadana que es la que hace uso del sufragio en Colombia desde el Frente Nacional, para decidir sobre un cambio histórico de las magnitudes del fin del conflicto armado, sin explorar ni promover otras formas efectivas de participación política[5].

Las otras objeciones son de carácter técnico, pero no por ello menos prominentes: todo aquel que haya leído con rigor los acuerdos parciales hasta ahora firmados notará la densidad y diversidad de temas tratados difícilmente subsumibles en una sola pregunta, y absolutamente inviables en preguntas separadas que podrían tender al infinito. Temas que van desde la supresión del umbral electoral a el cambio de enfoque en la política sobre drogas bien podrían generar disimiles opiniones. De otra parte, como ya hemos mencionado, salta a la vista que varios de sus tópicos se encuentran sin reglamentación, lo que requeriría una participación ciudadana de otro orden. A manera de ejemplo, las circunscripciones especiales de paz y el fondo de tierras no tienen definición distinta a la de su existencia. El votante promedio podría aprobar u objetar estos puntos solo de acuerdo a una reglamentación, dinámica poco viable mediante este mecanismo.

Así mismo, son públicas las denominados salvedades y puntos en el congelador. ¿Cómo se dirimirían estos desacuerdos en un referendo? Se incluyen en estos ítems temas tan plurales y extensos como los acordados, pero igualmente sensibles y cardinales para la construcción de la paz: los conflictos de uso de tierra, las zonas de reserva campesina, la democratización de los medios de comunicación, reformas institucionales al Banco de la República, el parlamento o los organismos de control, por mencionar solo algunos. Está claro que el referendo no podría asumir estos temas aun en desacuerdo. Precisamente en aras de arreciar el paso firme de la solución política, el mecanismo de volver a retomar estas discusiones agotadas y en disenso en la mesa de La Habana para que puedan ser votadas en un referendo podría llevar a un empantanamiento de los diálogos, que no se daría con el abordaje de estos debates en el escenario realmente participativo y deliberativo de la ANC.

Finalmente el referendo es la síntesis en sí mismo de los limitantes del actual poder constituido y su ilegitimidad. La esperanzadora proclamación de la democracia participativa en la Constitución de 1991 y el extenso repertorio de posibilidades ofrecidas por el artículo 103 de la C.N., tuvo como contraparte una restrictiva camisa de fuerza en la ley 134 de 1994 que hace fácticamente imposible la implementación con éxito de cualquier mecanismo de participación ciudadana como bien puede apreciarse en el sucesivo fracaso de éstos en más de 20 años de aplicación de esta reglamentación. Querer someter el acuerdo de paz a unos instrumentos previamente diseñados para que no triunfen, es de fondo querer burlar la mesa de diálogos.

La Asamblea Nacional Constituyente, ANC, –a diferencia del Referendo o la Consulta Popular- lograría en cambio crear el espacio propicio y democrático para el debate sobre los tópicos complejos del acuerdo, dirimir las salvedades existentes hoy entre gobierno e insurgencia e incluso conciliar lo firmado en La Habana y en el proceso con el ELN; todo ello, a la vez que nos otorga a todos los sectores políticos y sociales la posibilidad de enriquecer los acuerdos, participar decisiva y deliberativamente en la solución política, haciendo de esta forma más sólido el proceso.

Después de  1991 han surgido o se han consolidado en Colombia expresiones sociales y políticas que por diversos motivos no hacen parte hoy del juego del régimen político actual y cuya integración es sustancial para la ampliación de la democracia: hablamos de movimientos sociales como el agrario que mostró su potencia con el paro de septiembre de 2013, la potenciación de los procesos organizativos de los pueblos originarios o el ascendente movimiento universitario, pero también de nuevas ciudadanías, resistencias juveniles e identidades políticas urbanas equivalentes al movimiento mundial de Los Indignados entre tantos otros más.  Estas expresiones sociales y políticas que exigen hoy ser tenidas en cuenta para la apertura democrática del sistema político y la construcción de la paz, tendrían en el proceso constituyente su escenario idóneo.

Así mismo al igual que en el 91 de lo que se trata es de incluir a los que hoy no reconocen el  actual estado para construir un nuevo régimen político de legitimidad ampliada. Pensar que el orden político es una verdad dada e inamovible y no una construcción colectiva e histórica  es una crasa equivocación teórica y política. Por el contrario, para garantizar un sistema político para la paz, este nuevo pacto social parido por una nueva ANC debe ser rubricado por las más múltiples expresiones sociales y políticas: las mujeres, los estudiantes, los jóvenes, los campesinos, los insurgentes, la clase política actual, las iglesias, los afros, los indígenas, los empresarios, los militares, los exiliados y migrantes, las víctimas del conflicto, entre tantos otros más. Pero obvio, no tiene sentido una Constituyente para el fin del conflicto, sin la presencia directa de las organizaciones guerrilleras que confluyen en el acuerdo de paz.

Muy maltrecha quedaría nuestra vocación por la participación ciudadana si dejamos enclaustrar la paz al trámite parlamentario de una ley reglamentaria del Marco Legal, en un Congreso reconocido por sus limitaciones democráticas. Por ello insisto, en que por coherencia política para los amantes de la paz, para la izquierda y para los demócratas en general, la ANC es el mecanismo por antonomasia para la participación directa del pueblo colombiano en unos acuerdos que determinarán el futuro del régimen político. Son muchos los temores infundados sobre la ANC de aquellos que les asusta  un debate con los enemigos de la paz, como si esta fuera una discusión que pudiésemos evadir con otros mecanismos. No podemos pretender mutilar la participación del pueblo soberano como poder constituyente por miedo a debatir con el uribismo, como si ilusamente no tuviésemos que abordar estas contradicciones en el referendo, el parlamento, cualquier otro mecanismo refrendatorio y la misma cotidianidad política de labrar el fin del conflicto. Huir de la ANC por miedo a Uribe, sería creer invencible al fascismo y despreciar el ingente y creciente poder constituyente en ciernes existente en los sectores populares y democráticos, así como desconocer  la apertura política real que traería los avances en un acuerdo de paz.

Igual de infundados son los temores que pretenden presentar la ANC como un salto al vacío en términos de los componentes progresistas de la Carta de 1991 y de lo avanzado en La Habana. Al respecto experiencias como el proceso constituyente de paz de Sudáfrica, bien sirven de ejemplo para demostrar que en medio de una auténtica apertura democrática y con unas reglas de juego claras, el poder constituyente dará cauce a consolidar los cambios y a desarrollar los acuerdos de paz, y no significará defenestrar los 3 años de diálogos ni empezar todos los debates desde cero, sin que esto implique limitar temáticamente o las competencias del ejercicio del pueblo soberano.

Lo que sí es claro es que una propuesta de ANC para la paz debe incorporar  diversas garantías para la participación democrática. A la solución política no le sirve una ANC sometida a las cortapisas politiqueras del actual sistema electoral, ya que sería otro Congreso de la República.  Así como del viejo poder constituido gestor y perpetuador de la guerra, no puede emerger la legislación para la paz, tampoco del inicuo, corrompido e ilegítimo sistema electoral colombiano puede salir elegida una ANC para la paz. Una Constituyente para la Paz requiere de la presencia de todos los sectores sociales y populares: de los afros, los indígenas, los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, la población LGTBI, los migrantes, además de la participación de todos los firmantes de la paz y las garantías plenas para que los movimientos de oposición podamos jugar en esa contienda electoral. Esto implicará pues que se construyan democráticamente los mecanismos necesarios para garantizar la participación de los movimientos sociales y fuerzas vivas del país con circunscripciones especiales, así como las salvaguardas reales para una transparente y equitativa contienda electoral en pos de la ANC.

Mientras los medios pretenden banalizar la discusión del momento poniendo como puertos de desembarco del proceso de paz la prisión o el Congreso, dando muestra fehaciente del reduccionismo represor/cooptador de una oligarquía tan carcelera como manzanilla. En esta oportunidad se equivocan de cabo a rabo, creo con firmeza que ni para los insurgentes ni para el pueblo colombiano estas son opciones viables para la resolución del conflicto. A la falsa diatriba mediática habrá que responder: ¡Ni cárcel, ni curules, Asamblea Nacional Constituyente!

Por la solución política del conflicto armado
Nos vemos en la Asamblea Nacional Constituyente ¡
  


[1] Durante los diálogos del Caguán entre 1998 y 2002 se realizaron más de 20 audiencias públicas con más de 20 mil personas que pudieron nutrir el proceso de paz, experiencia de la que reniega el gobierno nacional.
[2] GOMEZ BUENDIA, Hernando. Ni referendo ni constituyente: el pueblo ya votó sobre la paz. En Razón Pública. 2 de febrero de 2015.  En el mismo sentido su presentación en El Primer Café de Canal Capital el 5 de febrero de 2015.
[3] Bajo argumentos jurídicos se hundieron sucesivamente las reformas constitucionales de 1977, 1978 y la propuesta de plebiscito de 1989, ya que se consideraba que alteraban el cuerpo de la anacrónica Constitución de 1886.  Solo unos meses después se autoriza la Séptima Papeleta, mecanismo no reglamentado en el orden jurídico vigente, y se permite que mediante Decreto presidencial de Estado de Sitio 1926 de 1990 se convoque la ANC, que curiosamente si es aprobado por la misma Corte Suprema de Justicia, que hacia pocos meses atrás había negado tímidas reformas.
[4] “Hemos tenido el cuidado de trabajar y dialogar muy fuertemente con el equipo de negociadores, de manera que no se incluyan conceptos o temas dentro del Plan de Desarrollo que generen concesiones unilaterales y debiliten su papel de negociación frente a la guerrilla de las Farc” Simón Gaviria en entrevista a El Tiempo. 9 de febrero de 2015.
[5] A propósito de minorías espurias, lo más trascendente del referendo de los acuerdos de paz en Guatemala en 1999, no fue que ganase el NO, como propagandizan los enemigos de la paz en Colombia,  sino la gigantesca abstención que superó el 80%, al acudir a destiempo a un mecanismo impropio de la cultura política del país en medio de una aguda crisis de legitimidad del sistema político. Este referendo incorporó gracias a su manipulación en el legislativo varias reformas constitucionales ajenas al acuerdo de paz, agrupando en 4 grandes bloques, 12 cambios de articulado que correspondían a 50 preguntas. Así el 18.5% de los guatemaltecos decidió sobre los acuerdos de un proceso que había contado como ninguno con la participación directa de los movimientos sociales a través de la Asamblea de la Sociedad Civil, ASC.
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