EL FRENTE AMPLIO POR LA PAZ Y LA
HISTÓRICA TAREA DE FORJAR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO POPULAR COLOMBIANO PARA
CONSTRUIR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
* Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica
Capítulo
Valle del Cauca
En Colombia la Violencia contra el pueblo ha sido una política de Estado
a fin de mantener los privilegios de clase de las clases dominantes, imponer
modelos económicos, políticos y culturales e impedir la democratización de la
nación. Esta Violencia histórica, derivó en el conflicto social y armado
insoluto desde los años cuarenta para no ir más atrás.
La negativa histórica de construir la paz por la vía incruenta
fundamentada en reformas políticas, económicas, sociales, ambientales y
culturales y, en lugar de ello escalonar aceleradamente el conflicto,
concentrando una porción significativa de los recursos en avivar las llamas de
la guerra, constituyen los peores actos de violencia política deliberadamente
planificados por los sucesivos gobiernos y sus asesores norteamericanos,
ingleses e israelíes, decisiones políticas de las altas esferas del gobierno y
de los gremios más poderosos del país, que han agudizado -reiteramos
deliberadamente- el complejísimo drama humanitario que padecen millones de
familias víctimas del conflicto, despojadas de derechos, despojadas de la
tierra y hasta de la vida; decimos entonces que, la violencia se ha instalado
como política de Estado en función del crecimiento económico acelerado, la
concentración del poder político, de la tierra y de la riqueza.
Diría nuestro García Márquez en Estocolmo en 1.982 que esta “realidad no
es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de
nuestras incontables muertes cotidianas”, que “la violencia y el dolor
desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y
amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra
casa”.
La salida política y dialogada al conflicto social y armado, el
mantenimiento de la mesa de diálogo de La Habana entre el Gobierno y las FARC –
EP, la apertura de mesas de diálogo similares con el ELN y el EPL, la
participación del pueblo y sus organizaciones en las mesas de diálogo, el
desescalonamiento del conflicto y el cese bilateral definitivo del fuego, las
necesarias reformas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales,
la democratización y la soberanía de la nación a través de una nueva Asamblea
Nacional Constituyente, son y han sido luchas del movimiento popular colombiano
desde años atrás en las calles, en las aulas, en los campos, en fábricas, en
los semáforos, en los paros, movilizaciones y bloqueos; la Marcha Patriótica
como movimiento social y político ha estado presente en todas estas luchas,
toda vez que es pueblo, pueblo en lucha, pueblo en movimiento, pueblo en
reflexión, pueblo en acción.
Estas luchas por la paz con justicia social y por las necesarias
reformas a la sociedad colombiana se plantean en contraposición y
contrapropuesta al militarismo y los áulicos de la guerra quienes se han
lucrado hasta enriquecerse a costa de la muerte ajena, ante los retardatarios
detentores del poder, a los abyectos enemigos agazapados y públicos de la paz,
a las mafias - bajo la sombra de los poderosos- que controlan el microtráfico,
las bandas criminales y las jugosas tajadas de los contratos.
Aunque en el proceso de diálogo que se lleva a cabo en La Habana, la
participación del pueblo ha sido limitada a los foros regionales y nacionales
de paz, a la elaboración de propuestas a través de las urnas establecidas en
medios virtuales y físicos y la participación de representantes de las víctimas
del conflicto –tanto del Estado como de la insurgencia- en la mesa de diálogo, siendo
ésta una clara muestra de la negativa del gobierno a fomentar la participación
del pueblo en el proceso de diálogo, a la mesa hasta la fecha se han dirigido 9.301
propuestas las cuales pueden ser observadas y analizadas por los equipos del
gobierno y la insurgencia. Así mismo, en La Habana se han logrado tres (3)
acuerdos parciales, sobre política de desarrollo agrario integral;
participación política: apertura democrática para construir la paz y; solución
al problema de las drogas ilícitas.
La creación de una Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas que produjo
un importante informe en el que varios de los expertos coinciden en la
exclusión política, la problemática agraria y la injerencia del militarismo
yanqui como causas motrices del conflicto, fue también producto de la mesa, no
obstante la agenda de diálogo y discusión que completa ya el ciclo 38, aun tiene
por discutir y acordar los puntos de víctimas; implementación, verificación y
refrendación de los acuerdos y; fin del conflicto, además de las veintiocho (28)
salvedades que deberán ser solucionadas en el transcurso del proceso.
El movimiento insurgente ha elaborado varios documentos de propuestas
para la solución de los puntos en discusión que recogen una buena parte de las
iniciativas de los participantes en los foros regionales, de éstos vale
resaltar los documentos: 100 propuestas para el desarrollo agrario integral con
enfoque territorial; 100 propuestas mínimas para la participación política y;
50 propuestas mínimas para las drogas ilícitas, entre otros; por su parte el
gobierno nacional, no solo no ha generado propuestas que den respuesta a
aquéllas motivadas por el movimiento agrario, los productores de cultivos
proscritos o las víctimas, sino que además ha buscado dar al traste con los
puntos ya acordados y aquéllos que están en discusión, como lo evidencia el Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el proyecto de ley de las Zonas de Interés
de Desarrollo Rural y Económico, ZIDRES, el proyecto de ley 133 de 2014 (sobre
baldíos) y la reforma constitucional mediante el cual se impuso el fuero
militar, actitud que desdice del anhelo de paz del pueblo colombiano que
posibilitó la reelección de Santos en las pasadas elecciones de junio de 2.014
cuando en una fiera contienda electoral logró sobrepasar por poco el
guerrerismo fascistoide encarnado en Oscar Iván Zuluaga, esbirro y alfil del
Uribismo ramplón.
Esta actitud del gobierno del presidente Santos, es coherente con la
contradicción existente en las clases dominantes, una parte de ellas
convencidas de la vía militar y de la agudización de la guerra como mecanismo
de pacificación de la sociedad colombiana y otras desgastadas por el “esfuerzo
tributario inherente a la agudización del conflicto durante más de diez (años)”;
por otro lado, el pragmatismo santista deriva en la toma de decisiones que no
contravengan (o lo hagan en el menor grado posible) el poder de las fuerzas armadas,
las verdaderas gobernantes de la nación colombiana; luego, el gobierno ha
optado por no ceder o ceder lo menos posible, en consecuencia, en más de una
oportunidad el gobierno ha manifestado que el modelo social y económico del
país no está en discusión en el proceso de diálogo de La Habana, lo que además
coincide con sus fuentes ideológicas y políticas de liberal, plutócrata, despótico
y de derecha. Esta actitud de mano dura y poco orientada al diálogo como
mecanismo para la solución de las contradicciones sociales, ha sido demostrada
en los procesos movilizatorios de los años 2013 y 2014 y en general de la
protesta social del movimiento popular colombiano.
En este contexto, es importante señalar que desde ningún punto de vista
se debe entender que el proceso de diálogo de La Habana, como los que surjan
con los demás grupos insurgentes, lograrán solucionar todos los problemas
económicos, ambientales, culturales, sociales y políticos, históricos de la
nación colombiana, pero la unidad del pueblo colombiano en la búsqueda y
construcción de la paz con justicia social y de la salida política y dialogada
al conflicto, sí permitirán democratizar la nación, lo que sin lugar a dudas
será una victoria del movimiento popular.
Desde este punto de vista, el Frente Amplio por la Paz, la justicia
social, la democracia y la soberanía, (FAPP), tiene el agradable deber y Tarea
de defender la salida política y dialogada del conflicto con una amplia
participación popular, lograr el cese al fuego definitivo hacia el desescalanamiento
del conflicto, promover un nuevo proceso constituyente ampliamente
participativo, como mecanismo refrendador de los acuerdos y como pacto para que
en Colombia campee la democracia.
Para hacer esto posible, es pertinente que el Frente Amplio desarrolle
una estructura nacional, departamental y municipal de representación y
participación, la construcción de un programa unificado de lucha y de gobierno,
la realización de jornadas de sensibilización y de pedagogía de la paz con
justicia social como la victoria del pueblo colombiano, que partan desde el trabajo
casa a casa, vereda por vereda, barrio por barrio, que realice seminarios,
cátedras, foros, cumbres, asambleas y encuentros populares. El FAPP debe
promover, participar, impulsar y dinamizar los Consejos de Paz en todos los
niveles, la movilización permanente y bajo esquemas que logren impactar en la
ciudadanía. La ruptura del cerco mediático que han impuesto los poderosos
conglomerados empresariales que controlan los medios de comunicación, diseñando
campañas unitarias de medios por la paz, es también tarea del FAPP y de los
demócratas que queremos una paz real, en absoluto diferente a la paz de Santos
y el uribismo que se limitan al silencio de los fusiles, sin que ello se
traduzca en los necesarias transformaciones de la sociedad colombiana.
Colombia no puede condenar el futuro de los y las que vienen a los
descomunales lastres de la guerra y los anacrónicos recetarios de los entes
multilaterales de crédito. Allanar un camino de
paz con justicia social y democratizar la nación colombiana, implica por
tanto, aislar la mezquindad de la derecha y el asesino
monstruo de la ultraderecha de todas las esferas del poder, desde los
micropoderes de los sindicatos y organizaciones barriales, campesinas,
indígenas, hasta los de los aparatos de poder del Estado.
El sueño de transformar la sociedad colombiana solo será realidad cuando
el movimiento popular colombiano, unido en un espacio como el FAPP conjugue los
esfuerzos por hacer realidad los mandatos emanados de los históricos procesos
de movilización, los emanados en las constituyentes, la lucha por la paz con
justicia social y las aspiración del buen vivir de las comunidades urbanas y
agrarias, con la lucha por el poder de los aparatos estatales. Desde nuestro
punto de vista ser poder derivará en cambios políticos, ampliación democrática,
participación en todas las esferas, profundización de la lucha por la
democracia, la irrupción en nuevos escenarios de participación política, el
posicionamiento de nuestras iniciativas, el fisurar el poder de la derecha y
quitarle el poder real en los entes de gobierno; apoderarnos de los aparatos de
poder implica remplazar el gobierno de la plutocracia mafiosa por el gobierno
democrático.
De la conjugación de todas nuestras luchas y sacrificios dependerá
entonces la construcción de una patria distinta a la que nos ha sido impuesta,
una patria del tamaño de la dignidad heredada de los luchadores que han caído,
del heroico pueblo que lucha, de aquéllos que permanecen indoblegables en las
mazmorras del régimen, una patria justa, soberana y en paz.
Diría el Libertador que “la unidad
de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable
decreto del destino”. Hagamos posible este decreto inexorable del destino
conjugando cada una de nuestras fuerzas en las calles y en cada una de nuestras
luchas. Fundamos pues nuestras propuestas en un programa político de lucha y de
gobierno:
Por la paz con justicia
social, por la salida política y dialogada de conflicto social y armado, por el
cese bilateral del fuego, por el desescalonamiento del conflicto, por la
participación del pueblo real y vinculante en los escenarios de ejercicio y construcción
de poder, contra la corrupción y por la defensa del patrimonio público, camellemos todas y todos por un nuevo
proceso Constituyente!.
¡Fundamos pues nuestras
propuestas en un programa de lucha y de gobierno!
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