2013/ Agosto 13/ Capítulo Marcha Patriótica Valle del
Cauca/
PARO
NACIONAL AGRARIO Y POPULAR - 19 DE AGOSTO DE 2013
Las organizaciones agrarias y populares en la
búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e
intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con
Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la
reivindicación y la búsqueda de una
solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado
el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.
La Constitución Política de Colombia alega como
derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción
alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas
obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado
no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y
pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la
marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y
persigue.
Somos
colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas
públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda
histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido
imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado
establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son
letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que
cada año los gremios económicos hablan
de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el
mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo
un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria,
minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los
intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e
internacional.
El índice de
Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja
el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios
de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las
viviendas, en el acceso y disponibilidad
de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de
generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello
no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación;
por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del
campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del
PNUD (2011) la tercera parte de la
población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea,
según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos
son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor
que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el
94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del
poder y de la toma decisiones.
No existe un
estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda
social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la
deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de
tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para
fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de
multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y
la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación,
salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el
tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el
asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha
aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con
paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de
la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria
no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre
de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se
encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños
menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en
situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en
acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas
en las poblaciones rurales y urbanas.
Ante las
injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias,
hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con
distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno
nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la
ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de
estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus
diferentes instituciones.
Frente a
este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las
necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la
participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política
pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana,
afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy
día tiene la economía campesina y
ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.
La inversión
social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental
para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe
ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del
Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en
especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura,
Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto
Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción
coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los
pobladores rurales y urbanos.
Amparados en
la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento
de 6 obligaciones políticas y legales básicas:
1.
Exigimos la implementación de medidas y
acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2.
Exigimos acceso a la propiedad de la
tierra.
3.
Exigimos reconocimiento a la
territorialidad campesina.
4.
Exigimos la participación efectiva de
las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y
desarrollo de la política minera.
5.
Exigimos se adopten medidas y se cumplan
las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la
población rural.
6.
Exigimos inversión social en la
población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y
vías.
Las
organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el
Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales,
económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor
manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De
parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y
conformar la Mesa de Interlocución y
Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia
para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos
al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de
Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por
parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores
sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una
voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1.1 Exigimos que el
Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera
independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional,
con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como
precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar
un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre
los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de
la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos
productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.
1.2. Reducción de
los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con
transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Control de
los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos
agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y
agroecológica.
1.4. Exigimos la
derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de
sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así
como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria
de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización
agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la
despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos
productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la
producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional
para su financiación y garantías
efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las
importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café,
cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto
con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de
Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.
1.7. Condonación
total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores
agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de
subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de
seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o
fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean
otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del
sistema financiero.
1.9. Diseño
concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina
basada en el reconocimiento de las
ventajas sociales, económicas, y
ambientales que ésta provee para
seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos
y la sostenibilidad ambiental.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
2.1 Exigimos la
adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y
afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están
en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse
al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación
y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los
campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión,
tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina,
así como el de la pequeña y mediana producción.
2.2 La inmediata
aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la
ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la
adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De
igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los
territorios ya adjudicados.
2.3 Detener la
política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o
transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero;
revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo
para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar,
adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de
extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de
las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Garantizar el
estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los
procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas
con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que
garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina
que esta figura promueve.
3.
EXIGIMOS
RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
3.1 La delimitación y
constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los
territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su
constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias
públicas de las ZRC.
3.2 Iniciar y culminar
los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina
en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un
(1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y
ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva
Campesina constituidas y las que se constituyan.
3.4 Conformación
tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva
Campesina.
3.5 Respeto y
prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental
de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de
consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
3.6 Celeridad en el trámite de las solicitudes de
constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos
afrodescendientes, reconociendo sus
derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos
de coexistencia intercultural en los
territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios
interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las
diversas identidades culturales y territorialidades.
4.
EXIGIMOS LA
PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y
PEQUEÑOS EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA.
4.1 Detener la
concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto
se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del
país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a
ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería
artesanal.
4.2 Respeto
irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.
4.3 Reconocimiento y
formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.4 Definición
concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de
un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos
para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta
actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local
de los réditos económicos.
4.5 Construcción de
una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los
beneficios económicos de la actividad minera.
4.6 Realización de
estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en
ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la
realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por
base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto
acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades.
4.7 Sujeción del
desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo
Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial
construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del
suelo.
4.8 Suspender la
construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes.
4.9 Apertura de una
discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5.
EXIGIMOS SE
ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Reconocimiento por parte del Estado
colombiano de los derechos, plasmados en
la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada
por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU,
mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación
interna y en las políticas públicas.
5.2 Participación efectiva y con carácter
decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que
tienen que ver con la atención a la población rural.
5.3 Otorgar el derecho al Consentimiento previo,
libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y
normativas que afecten su entorno, en lo
social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y con
carácter decisorio en las instancias de
planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo
rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos
definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de
Cafeteros.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1 Exigimos un plan
progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de
educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad
de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
6.2 Exigimos la
derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con
la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho
fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.
6.3 Exigimos el
nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que
requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
6.4 Exigimos la
derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la
concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el
derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
6.5 Exigimos la
definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y
afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos
profesionales.
6.6 Exigimos partidas
presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para
educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y
alcantarillado.
6.7 Exigimos se
detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los
servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
6.8 Exigimos la
condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten
los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.9 Devolución de las
micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.10 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de
servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
6.11 Exigimos que los acueductos comunitarios sean
manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.12 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de
vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho
de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y
quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE
INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del
19 de Agosto!
Informes: mia.agropecuariaypopular@gmail.com
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario