Y entonces las comunidades, olvidadas, empobrecidas, militarizadas, expropiadas y desplazadas, harta de promesas incumplidas, cansadas de la delincuencia de cuello blanco instalada desde décadas en el poder, decidió parar el país en movilizaciones y huelgas, hasta tanto el gobierno no se dignara en atender y solucionar los pliegos: manifiestos de inconformidad, manifiestos de política pública agraria redactados por los campesinos, indios y negros ignorados por décadas sino centurias.
Soberbio como perro rabioso, el
gobierno, pretendió diluir las protestas a fuerza de detenciones y a balazos,
provocando un efecto contrario al previsto, el crecimiento del paro, la
solidaridad ciudadana, la ilegitimidad del fusil como medio para acallar la voz
altiva del niño campesino; pero sobre todo, la comprensión de la ciudadanía de
que los terribles impactos económicos, que llevaron a la pobreza a millones en
la zona rural, son derivados de las políticas agrarias de los gobiernos, de la
necesidad de la nación entera de proteger el agua y los territorios de la
megaminería, del imperativo derecho a la tierra para los pobres del campo, como
del verdadero apoyo para superar la condición de olvido; así también,
entendieron que quienes se han lucrado de la usurpación del trabajo y la tierra
ajena, deben devolverlos, para que el país entero prospere.
En este contexto de impopularidad
sin precedentes del candidato – presidente Juan Manuel Santos, tras 22 días de
paros en las carreteras y poblaciones de Colombia, se instala una mesa de negociación con la Mesa
de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, MIA, previamente el
gobierno, había instalado otras con las demás plataformas hacedoras del paro,
para negociar los pliegos de exigencias.
Paralelo a la instalación de mesas
de negociación, con la MIA, con las Dignidades, con el movimiento indígena, con
los campesinos del Catatumbo, el gobierno del presidente Santos, el 11 de
septiembre de 2013, lanzó el “Pacto Nacional Agrario”, un salvavidas de rescate
para las naufragadas locomotoras agroindustriales, para sacar adelante la cien
veces fallida política agraria gubernamental y de paso, hacerse a una histórica
foto con los campesinos, indígenas y afros que hasta ese momento, había desconocido,
ilegitimado, violentado, apaleado.
El Pacto Nacional Agrario,
convidó a escuchar el gubernamental recetario de mágicas soluciones a los
históricos problemas del agro colombiano, sentando en la misma mesa a delegados
del gobierno, empresarios agroindustriales hacedores de agronegocios y
campesinos sin tierra.
Esto podría entenderse como un
modesto gesto de “buena voluntad” si al menos, gobierno y empresarios,
reconocieran la necesidad de desarrollar una NUEVA POLÍTICA AGRARIA DEMOCRÁTICA
que renegocie los Tratados de Libre Comercio y, reconozca que el modelo
agroindustrial de inmensos latifundios, ha sido rentable, sólo gracias a la
concentración armada de la tierra y a las onerosas cuantías con que han sido
financiados los empresarios, a costa del desplazamiento de millones quienes son
en efecto marginados de la inversión social que debiera ser provista por las
instituciones del Estado en favor de los productores más necesitados.
Y sin embargo, este Estado
siempre ha legislado bajo la ordenanza de las familias que lo controlan. No
podría ser distinto, ahora. El Pacto Nacional Agrario, hasta la fecha, solo
logró una foto, en la que la mirada incrédula de los campesinos, controvierte
las sonrisas diseñadas en laboratorio de empresarios agroindustriales y
tecnócratas del gobierno. Sonrisas, gesto simbólico, de quienes auguran
felices, la desaparición del campesinado, como sujeto histórico olvidado de esta
nación sudamericana.
Si por pacto entendemos, el
acuerdo –tras el paro- que se logra por parte del gobierno con las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas, que se eleva a Política de Estado para solucionar los históricos problemas agrarios
sintetizados éstos en: garantías para la producción nacional de alimentos,
abastecimiento del mercado y fortalecimiento de las economías rurales no
agroindustriales; de reconocimiento de la territorialidad; de renegociación de
los TLC y de apoyo a las comunidades agromineras en contra de la megaminería;
de reconocimiento de derechos políticos y sociales de los pobladores del campo.
El Pacto del gobierno no solo no cumple
con las condiciones expuestas, sino que además objeta aireadamente discutir siquiera
cualquier punto de los pliegos, es fácil concluir que “¡el tal Pacto Nacional Agrario,
NO EXISTE!”.
No existe pacto, porque el pacto
se hace entre las partes que negocian. En este caso, el Pacto los suscriben
empresarios y gobierno, gobierno y empresarios. Si el pacto es del tipo del “yo
con yo”, entonces no existe pacto, sino un rentable negocio, que hecho público
verbigracia de los medios, se convierte por la repetición forzada de los medios en un “pacto”, moldeado para
calzar en la horma de subir la popularidad del candidato – presidente y
reencauchar la desastrosa política agraria, esta vez con sumas inauditas de
recursos, que lejos de invertirse en las marginadas zonas rurales, serán recursos
ejecutados en los terrenos de aquéllas familias poderosas, que siempre se han
lucrado de las finanzas del Estado.
Por esta razón, las
organizaciones y plataformas que convergen en la Mesa de Interlocución y
Acuerdo Agropecuario y Popular, en el Valle del Cauca, rechazamos la existencia
del Pacto y manifestamos que no lo suscribimos, además de lo dicho, por las siguientes
consideraciones:
1. Durante los 8 meses de duración de la mesa de
negociación establecida entre el gobierno colombiano y la MIA, identificamos
que no existe voluntad política por parte del gobierno para solucionar el
pliego de exigencias; por el contrario existe un proceso de invisibilización
del movimiento agrario y sus propuestas. El gobierno del presidente Juan Manuel
Santos, en su arrogancia, niega la discusión del problema agrario y en un
ejercicio coercitivo obliga a las organizaciones a ratificar el Pacto Nacional
Agrario, como el único medio para acceder a los recursos del Estado. Se ha
demostrado la reticencia del gobierno a discutir el impacto de los Tratados de
Libre Comercio o siquiera a estudiar los puntos en los que son lesivos.
2. El gobierno ha supeditado la suscripción del
Pacto como la única instancia para promover acuerdos, siempre y cuando éstos,
no se salgan del marco de las iniciativas planteadas en el Pacto. Si bien el
campo necesita proyectos de inversión, éstos solos, no necesariamente solucionarán
los problemas agrarios. No basta con asignar proyectos.
3. El Pacto no garantiza la democracia y mucho
menos la participación efectiva de las comunidades; las decisiones al respecto
de la política agraria e incluso aquellas relativas a ejecución de proyectos,
son tomadas por los Consejos Departamentales, CONSEA, y por El Consejo Nacional
por el Pacto Agrario, escenarios en donde los delegados de las comunidades son
minoría absoluta. El Pacto, impuso un reglamento a los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural, obstaculizando su propio desarrollo y negando de facto lo
reglamentado en la ley 160 de 1994, que a la fecha ha tenido un precario
desarrollo.
4. El Pacto Nacional Agrario fue elaborado a la
medida de los requerimientos de los empresarios del agro, ganaderos,
terratenientes, agroindustriales de la palma, el banano, el azúcar, entre
otros, de gremios como FEDEGAN y la SAC (que controlan el mercado, los
subsidios, el crédito, la tierra, la infraestructura y el agua), que revive la
aparcería como figura laboral, que refrenda los esquemas de producción de
externalización de los costos de producción, siempre en favor de los
empresarios y en perjuicio de los productores.
5. El Pacto Nacional Agrario es una política
impuesta, una jugada clásica de gobiernos autoritarios que tienden al fascismo
que, no solo, no reconoce los derechos políticos, sociales, culturales,
ambientales y económicos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y
campesinas, sino que además niega de facto los convenios internacionales
firmados por el Estado Colombiano, como el Convenio 169 de la OIT.
6. El Pacto Nacional Agrario, pretende refrendar el
modelo agroexportador de materias primas para la agroindustria y de este modo
profundizar el fallido modelo neoliberal que impide el desarrollo de la
economía campesina, niega el deber del Estado de proteger la soberanía
alimentaria de los colombianos y debilita la capacidad de autoabastecimiento
alimentario.
7. El Pacto Nacional Agrario, pretende legalizar el
despojo de siete millones de hectáreas usurpadas por el narcoparamilitarismo y
viabilizar la concreción de mecanismos jurídicos para el acaparamiento ilegal
de baldíos.
8. No tiene sentido vincularnos a un Pacto Nacional
Agrario, que profundiza los desequilibrios que venimos denunciando como
organizaciones campesinas desde hace décadas; incluirnos en el pacto agrario se
constituye en una afrenta a la dignidad de los campesinos que fueron detenidos,
heridos, mutiliados y asesinados desde que iniciamos las jornadas de paros y
movilizaciones a mediados de la primera década del siglo XXI.
La MIA aclara que hasta que de no cambiar la
caracterización definida en los documentos del Censo Nacional Agrario, las organizaciones
que lo integran, se abstendrán de participar de este proceso. El Censo Nacional
Agrario, se enmarca en la política estatal de invisibilización y negación del
campesinado como sujeto de derechos; desconociendo el importante aporte que
hace el campesinado a la economía nacional y a la conservación de los frágiles
ecosistemas que vienen siendo destruidos por los megaproyectos minero -
energéticos, agroindustriales y de infraestructura.
De buenas intenciones está empedrado
el camino al infierno. En este caso, el gobierno ni siquiera ha tenido “buenas
intenciones”. De tenerlas debe hacerlas manifiestas solucionando el Pliego
Nacional de Exigencias, emanado por la Gran Cumbre Nacional Agropecuaria.
Lo contrario será generar las
condiciones para un próximo paro. Más fuerte y contundente que aquél en que la
necesidad nos condujo a entregar la vida, la libertad y la integridad física de
compañeros y compañeras, quienes serán reivindicados en semillas, en
territorios, en tierras cultivadas para el futuro de los hijos e hijas de la
nación entera. La vida, la honra, la sangre derramada, no han sido y no serán en
vano.
Tenemos en nuestras manos la
historia y esta vez hemos decidido transformarla, en bien de todos, en bien de
todas. Sembremos unidos la tierra, rechacemos el Pacto Nacional Agrario, porque
éste: no existe.
COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA
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