COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El
día lunes 30 de enero de 2017, se realizó en el auditorio de la casa de la
cultura de Tuluá una reunión convocada por la personería municipal, entre las
comunidades campesinas y las fuerzas militares (FFMM) y de policía, para
abordar la problemática de seguridad y orden público que se padece en la zona
rural del municipio. En la reunión participaron el Dr. Rubén Darío Benítez,
Personero Municipal, el Teniente Coronel Becerra, comandante del Batallón de
Alta Montaña #10, el coronel Javier Martínez, asesor de seguridad y convivencia
del alcalde, y un oficial en representación de la Policía Nacional; por parte
de las comunidades participaron presidentes de JAC y dirigentes campesinos de
corregimientos como Moralia, Monteloro, Santa Lucía, San Rafael, Piedritas,
Puerto Frazadas, así como representantes de organizaciones sociales y de DDHH
como la Coordinación Campesina del Valle del Cauca-CCVC, ANDAS y CPDH.
Las
comunidades denunciaron que hay temor y preocupación por la grave situación de
seguridad y orden público que se vive en toda la zona media y alta de Tuluá,
evidenciada en robos, abigeato, amenazas, asesinatos y el rumor de que en
algunos lugares boscosos se están concentrando de manera oculta hombres
desconocidos. Así mismo, se denunció la erradicación forzada que adelanta el
ejército en el corregimiento de San Lorenzo aun cuando las comunidades han
manifestado públicamente su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito
en el marco del Programa Nacional de Sustitución Integral acordado en la Habana-Cuba
entre el gobierno y las FARC-EP. Las comunidades también manifestaron que no
hay confianza en la fuerza pública. De igual manera, se denunció que en el
casco urbano se han presentado dos amenazas contra integrantes del comité La
Paz Sí es Contigo que trabaja en la pedagogía de paz del acuerdo final.
La
CCVC propuso el apoyo de la alcaldía y la personería para la organización de
guardias campesinas, el fortalecimiento de las JAC, y el inicio de la
implementación de manera integral del Acuerdo Final de paz, en particular en lo
relacionado con la Reforma Rural Integral y los mecanismos para la protección
de los territorio de conflicto, exigiendo respeto por los predios y los
cultivos de los campesinos.
Ante
la iniciativa de las guardias campesinas el comandante del Batallón de Alta
Montaña comentó de manera estigmatizadora que esa era la propuesta de la
guerrilla. Además, cuando el delegado del CPDH inició su intervención
recordando el proceso de incursión paramilitar en el municipio a finales de los
años 1990, fue silenciado abruptamente por el Personero Municipal, argumentando
que el tema no iba al caso. El ejército presentó como propuesta la Red de
Aliados para la Prosperidad, que no es más que la misma red de cooperantes
impulsada en épocas de guerra para vincular a la población civil en el
conflicto, e inspirada por la doctrina de seguridad nacional y del enemigo
interno.
Así
las cosas, resulta preocupante que a escasos meses de la firma del acuerdo
final entre el gobierno nacional y las FARC EP, y en momentos en que toda la
institucionalidad estatal debería estar aprestándose para avanzar en la
implementación del mismo bajo los principios que enmarcan dicho acuerdo como la
participación decisiva de las comunidades y la promoción de los valores democráticos,
el ejército nacional continúe señalando y estigmatizando las propuestas y
comunidades campesinas, y que sean los mismos representantes del Ministerio
Público quienes se presten para impulsar iniciativas unilaterales del
ministerio de defensa y las FFMM.
La
Coordinación Campesina del Valle del Cauca declara públicamente que viene
impulsando la figura de las guardias campesinas desde hace varios años en el
departamento, como una figura legítima para la promoción de la convivencia y la
tolerancia en los territorios campesinos, que parte de la necesidad de
recuperar el tejido social y fortalecer los procesos organizativos propios de
las comunidades, destruidos por tantas décadas de guerra, como base para la
construcción de una verdadera paz con justicia social.
En
este sentido, hacemos un llamado enfático al gobierno nacional, a la Comisión
de Seguimiento e Impulso para la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, y a
la comunidad internacional que acompaña el proceso de paz en Colombia, para que
rechacen los señalamientos de las FFMM contra las iniciativas del campesinado
en Tuluá y el Valle del Cauca, y para que se genere un escenario departamental
con representantes de las comunidades campesinas donde se esclarezca cómo se
adelantará el proceso de implementación del acuerdo final en el departamento y
cuáles serán las medidas y garantías de seguridad para los territorios de
conflicto, las comunidades, organizaciones y dirigentes sociales.
COORDINACIÓN CAMPESINA DEL
VALLE DEL CAUCA
Tuluá, Febrero de 2017.
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