2014/Coordinación Campesina del Valle del Cauca –
CCVC,Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente
Colombiano – PUPSOC. Valle del Cauca.
El Pacto Agrario:
Mercantilización de la Tierra y Negación de los Campesinos, Indígenas y
Afrocolombianos como Sujetos Políticos.
*Harold Ordoñez Botero
Equipo Técnico
Coordinación Campesina del Valle del Cauca –
CCVC
Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente
Colombiano – PUPSOC. Valle del Cauca.
El gobierno nacional de Juan
Manuel Santos de manera trampera y engañosa viene impulsando desde el pasado 12
de septiembre de 2013 la propuesta denominada Pacto Agrario. Vendiéndola como
la “gran revolución del campo colombiano”[1]
para superar la deuda histórica del Estado para con los campesinos, andan de
pueblo en pueblo con culebreros muy bien adiestrados citando a las comunidades
en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) para “meterlos” al
pacto. Lo cierto es que “el tal pacto agrario” ni es participativo ni busca
resolver los problemas estructurales del campo colombiano, como lo expresa el
gobierno en sus pronunciamientos públicos y documentos.
El Pacto Agrario resulta ser un
artilugio de reencauche de la fallida locomotora neoliberal agropecuaria; un
salvavidas lanzado por el gobierno para evitar el hundimiento del Estado caduco
que defiende ante la imponente fuerza demostrada por el campesinado y los sectores
populares movilizados en el pasado paro nacional agrario, plagado de mentiras y
falsas promesas que en el fondo ocultan la pretensión histórica de acabar con
las formas sociales de producción campesinas, indígenas y afros, para
finalmente imponer el modo de producción capitalista en los territorios de
dichas comunidades.
Esto último se hace evidente en
el discurso utilizado por el ministro Lizarralde y replicado por el Sr. James
Ávila de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, SAP, ante el
CMDR del municipio de Tuluá, cuando pregonaron a los cuatro vientos que el
campesinado para superar su situación de pobreza y atraso debe “ver la tierra como negocio”, que para
salir adelante el campesinado debe “ser
competitivo y volverse un empresario del campo”.
Esta clásica formula de la
burguesía y las clases dominantes de mostrar sus intereses particulares como
los intereses de todo el pueblo, diciéndole a las comunidades rurales que para
seguir existiendo deben dejar de ser campesinos, indígenas o afros, debe ser
desenmascarada y denunciada por las organizaciones agrarias para evitar que las
comunidades terminen legitimando una política que los desconoce como sujetos
políticos, que desconoce su territorialidad.
En efecto, el gobierno Santos, sabiendo
y utilizando las necesidades presupuestales de las comunidades para poder
consolidarse en sus territorios luego de múltiples arremetidas militares y
paramilitares, pone por delante supuestos billones de pesos como carnada para
que éstas se traguen el anzuelo, avalando la política de mercantilización de la
tierra y eliminación de sus economías y valores culturales como principales
barreras para el avance del modelo capitalista en el campo colombiano. O acaso qué más implica para los campesinos,
indígenas y afros, ver la tierra como un negocio, si no renunciar a su
ancestral relación de vida con ella, cortar las raíces que los hacen uno solo
con sus vecinos en las veredas, los resguardos o consejos comunitarios, volver
cosa lo que los ha determinado en esta vida como tales, volviéndose ellos
mismos cosas que se quitan y se ponen en la tierra de acuerdo a las
fluctuaciones del mercado o a los usos que el mercado defina para ella. Qué nos
quieren decir cuando nos invitan a volvernos empresarios del campo: acaso
pretenden que salgamos de saco y corbata al tajo, o es que nos quieren de
“colaboradores” en sus alianzas productivas al estilo del cerdo y la gallina.
Ante esta iniciativa, que por
supuesto está ligada a los planes de consolidación de las fuerzas militares y
la política de re-primarización de la economía nacional, el deber de las
comunidades, sus organizaciones y líderes, es mantener la resistencia en
defensa de sus territorios, recuperando las tradiciones y valores de
solidaridad y cooperación que han caracterizado históricamente tanto a
campesinos como indígenas y afros en Colombia, así como creando nuevos valores
que superen el moralismo hipócrita infundido por los burgueses y
terratenientes, con los que vayamos moldeando esa nueva sociedad que estamos
ayudando a gestar. Pero a su vez, es necesario construir y consolidar un poder
popular desde abajo que no reproduzca los vicios del actual régimen político:
caudillista, corrupto y clientelar, que convirtió a los habitantes del campo y
la ciudad en mendigos del Estado; sino que sea cogestor en la emancipación de
los sujetos para su participación consciente y creadora de esa Colombia Nueva
que todos soñamos.
En ese sentido, es imperativo continuarle
apostando a la constitución de la Zona de Reserva Campesina del municipio de
Tuluá, que pretende abarcar la zona media de la montaña tulueña, incluyendo 11
corregimientos y más de 5000 habitantes, es una clara propuesta que ubica el
factor territorial como elemento
estratégico en la lucha por la paz con justicia social.
[1]
Palabras del Sr. James Avila en su presentación del pacto agrario ante el CMDR
de Tuluá el 7 de abril del 2014.
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