"Lo peor del caso es la actuación y “mediación” del personero municipal, quien se supone debería defender los derechos humanos, pero nuevamente se ha puesto de lado de la alcaldía atentando contra la población con amenazas de desalojo".
Por: Marcha Patriótica Tuluá
Alrededor de 47 familias viven hoy en
cambuches ubicados en la cancha del barrio Nuevo Farfán de la ciudad de Tuluá,
todas ellas desplazadas por la violencia, víctimas del conflicto armado, pero
también del conflicto social que ha padecido nuestro país. Hombres, mujeres,
niños, personas de la tercera edad y enfermos conviven en este asentamiento
humano desde hace por lo menos 2 meses, después de haber sido desalojados
violentamente por el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti-Disturbios) cuando ocupaban
pacíficamente el predio ubicado al lado de la cancha en la que permanecían más
de 500 familias.
Dicho desalojo ordenado por la
alcaldía violó por completo los derechos de esta población que, como víctimas
del conflicto y población vulnerable, debe gozar del amparo y protección del
Estado; además la administración municipal desconoció los debidos procesos para
enfrentar la situación.
Resultado de lo anterior, surge la
necesidad de la población de organizarse por un techo digno para sus hijos y se
crea la organización por la vivienda comunitaria “El Buen Vivir”, que aglutina
a más de 355 familias y tiene como objetivo la consecución de una vivienda
digna y el buen vivir para las gentes históricamente olvidadas del municipio y
la construcción de la paz con justicia social.
El Buen Vivir en asamblea general, que
contó con la participación de una gran mayoría de sus miembros, se declaró en
asamblea permanente desde la segunda semana del mes de junio y presentaron un
pliego de peticiones en las que proponen, como solución a la necesidad real de
vivienda, un proyecto de lote con servicios para autoconstrucción progresiva y
la reubicación, o el no desalojo del asentamiento humano mientras se avanza en la solución de
la problemática con garantías sanitarias, y que atienda con programas de
educación, salud y alimentación a los niños que se encuentran en el sitio, y también
propone la instalación de una mesa concertación con la participación de
Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz del departamento,
Secretaria de Gobierno, Bienestar Social, Personería y alcaldía municipal.
Sin embargo, frente a la situación el
señor alcalde se ha hecho el de la vista gorda, negándose a buscar soluciones
reales a estas familias. Lo peor del caso es la actuación y “mediación” del
personero municipal, quien se supone debería defender los derechos humanos, pero
nuevamente se ha puesto de lado de la alcaldía atentando contra la población
con amenazas de desalojo.
Colombia está
transitando nuevos caminos donde el dialogo, las garantías de participación y
protección de los Derechos Humanos deben ser pilares para la construcción de la
paz. En contravía, la administración se niega a un dialogo con garantías, empeñados
más en manipular información y en sembrar cizaña en la sociedad tulueña. Por lo
que la Organización por la vivienda comunitaria “El buen vivir” y la Red de
Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes instan a la administración
municipal a abrir la mesa de concertación e invitan a la comunidad tulueña a
conformar una mesa municipal por la vivienda, ya que esta es una problemática
sentida de la ciudad.
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