¿Las Empresas Públicas al beneficio de quién?
Ha llenado las páginas de los
diversos medios de comunicación exposiciones sobre la corrupción campante en
las instituciones públicas. Sin embargo, nos referiremos exclusivamente a
aquellas que señalan hace poco la preocupante situación por la que atraviesa la
Empresa de Servicios Públicos de la ciudad de Cali-EMCALI, pérdidas financieras
año a año, ineficiencia en la prestación de los servicios, así como problemas
administrativos y políticos se encuentran en el diario vivir de la entidad.
El día lunes realizaron un
allanamiento en las bodegas de estacionamiento de los automotores oficiales a
cargo de la institución, debido a una supuesta pérdida de 64 vehículos, según
el diario El País esta sería una de las causas del asesinato de cinco
trabajadores entre los años 2011 y 2015. Lo que sucedió al interior de la
entidad es materia de investigación, pero permite entrever las crisis que ha
venido atravesando EMCALI y que se materializan en diferentes actos de
corrupción que las instituciones competentes se encuentran investigando.
Todo ello obedece a las políticas
gubernamentales que favorecen el detrimento patrimonial de las empresas
públicas con el objetivo de paulatinamente, virar sus acciones y rendimientos
hacia el sector privado. En el contexto neoliberal debilitar la empresa pública
y entregarle los servicios a la privada ha sido la principal apuesta de los
gobernantes de turno y de las gerencias de EMCALI, quienes no garantizan la
competitividad frente a operadores privados, sino que socavan su eficiencia.
Es necesario por lo tanto para el
pueblo caleño exigir una rendición de cuentas en relación a los bienes,
servicios, tecnologías y manejo financiero de la entidad, pues esta cuenta con
la capacidad de ofertar para competir con el sector privado y garantizar buenos
rendimientos para la ciudad.
La vigilancia y veeduría no puede
ser una labor exclusiva de los entes de control en el país, es un deber de los
ciudadanos exigir claridad sobre nuestras empresas públicas y un adecuado
manejo de las instituciones que se sostienen con los ingresos de los
contribuyentes caleños.
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