2016/Mayo 13/Marcha Patriótica Valle/Derechos Humanos
Otra vez la emergencia carcelaria
Por: Comisión de Voceros
El pasado 5 de mayo el recién llegado ministro de Justicia Jorge Londoño, declaró la emergencia carcelaria. Esto significa que el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– tienen facultades especiales para contratar directamente entidades prestadoras del “servicio” a la salud (así le dicen ellos a los derechos), comprar medicamentos y hacer mejoras en las unidades de sanidad al interior de cárceles y penitenciarías.
Figuras gubernamentales siguen hablando de “crisis carcelaria”, lo que en realidad es demagógico si se tiene en cuenta que el término se refiere a un periodo (un espacio de tiempo que no es eterno) de dificultades o cambios bruscos, pero en Colombia la problemática de las cárceles no es reciente ni coyuntural, por el contrario responde a graves fallas estructurales que siguen vigentes y se agravan día a día.
Niveles de hacinamiento cercanos al 400%, epidemias, situaciones de salud que ponen en riesgo la vida de reclusos y reclusas, dificultades de acceso al agua, problemas en la alimentación, entre otros, son expresión de dichas fallas. Y todo esto en el marco de un modelo carcelario muy lejano a brindar posibilidades reales de resocialización.
Según el INPEC, actualmente necesitan atención urgente 611 reclusos portadores del VIH, 89 con cáncer, 1.112 insulinodependientes, 188 que sufren enfermedades pulmonares y 2.884 con problemas de psiquiatría. Aunque las cifras son alarmantes, lastimosamente la realidad las supera por mucho.
Lo anterior empeora si se considera que hoy por hoy la población recluida no tiene acceso a ningún tipo de atención. Tras la liquidación de CAPRECOM (entidad “prestadora del servicio”), los establecimientos carcelarios no cuentan con personal, medicamentos ni insumos para garantizar el derecho a la salud, lo que ha generado que varias personas mueran, aun estando bajo la custodia directa del Estado. Derechos de petición, tutelas y demás mecanismos para garantizar los derechos no surten ningún efecto.
Declarar la emergencia carcelaria resulta insuficiente ante tan complejo panorama, más si se tiene en cuenta que las directrices nacionales no siempre son acatadas por las direcciones de cada cárcel. Prueba de ello es la reiterada negación por parte de los directores de las cárceles del Valle del Cauca ante la solicitud que han hecho diversas organizaciones de derechos humanos para desarrollar por sus propios medios brigadas médicas dirigidas a prisioneros y prisioneras políticas, con el fin de aliviar un poco la problemática de salud que enfrentan. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió en noviembre de 2015 a llevar a cabo tales brigadas, hasta el momento no lo ha hecho.
Las cárceles son uno de los espacios donde se materializa de manera más evidente el conflicto social, político y armado que vive el país, inundadas de pobres confinados en las condiciones más indignas. Por ello, es indispensable que el proceso de paz entre el gobierno nacional y las insurgencias trace medidas concretas y efectivas que permitan construir paz también en los lugares de encierro, replanteando de fondo el modelo existente. Igualmente, urge la libertad de todas y todos los prisioneros políticos.
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