COLOMBIA NECESITA UNA PAZ QUE GARANTICE LA DIGNIDAD DEL PERIODISMO
Por: Equipo de comunicaciones, Marcha
patriótica Valle del Cauca
El pasado 3 de mayo la Federación
Colombiana de Periodistas -Fecolper- ha presentado un alarmante informe acerca de cómo solo en los cuatro
meses que llevamos del 2016, se ha superado casi que el 80% de las agresiones
del año 2015 al ejercicio del periodismo en Colombia. Estas se presentan en su
mayoría por personas particulares, luego por funcionarios públicos y finalmente
por estructuras paramilitares; se materializan en amenazas, obstrucción al
trabajo periodístico, campañas de desprestigio y estigmatización. Esta última
modalidad es la más notable pues representa el 66% de los casos registrados el
año pasado y lo más preocupante, es que estas campañas de desprestigio y
estigmatización son promovidas por “particulares” en lo referente al tema del
proceso de paz y conflicto y en funcionarios públicos cuando se toca el tema de
la corrupción en las instituciones del Estado. Es aquí cuando surge la gran
preocupación acerca de las garantías de participación política tanto para las
comunidades como para sus diferentes expresiones de comunicación en un
escenario de posconflicto.
Dentro del Acuerdo General para la
terminación del conflicto entre insurgencia de las Farc-ep y el Gobierno
Nacional encontramos un segundo punto tan trascendental como los demás, el
acuerdo sobre Participación Política, donde más allá de lo que han pretendido
desdibujar los grandes monopolios de la
comunicación según los cuales con dicho acuerdo Timochenko y su combo se van a
tomar el congreso del país, plantea con gran preocupación la necesidad de un
escenario de democracia verdadera, unas condiciones mínimas para que el
movimiento social y popular pueda desarrollar el pleno ejercicio de la política
en sus territorios y con sus comunidades.
El planteamiento de este acuerdo
pretende materializar en Colombia una democracia participativa e incluyente,
abriendo nuevos escenarios de participación y alternativas de poder para las
organizaciones sociales de base y sus líderes, donde sin temor se pueda entrar
en disenso y oposición, sin ser señalados, estigmatizados o en el peor de los
casos eliminados de los escenarios políticos.
Tengamos en cuenta que el ejercicio de la violencia contra el movimiento
social y popular es direccionado evidentemente desde el Estado con sus miles de
herramientas represivas, con sus políticas antipopulares, además de descargar
en el pueblo colombiano a través de sus medios de comunicación el odio que las
élites sienten hacia los desposeídos de Colombia.
Así las cosas, toma sentido el
planteamiento que hace la insurgencia en este acuerdo, donde se pretende dar
voz y participación a las organizaciones sociales y populares a través de los
medios de comunicación comunitarios, regionales e institucionales, intentado de
esta manera fortalecer la democracia participativa, el empoderamiento de las
comunidades en los territorios, la convivencia pacífica y todo lo que conlleva
la construcción y creación colectiva en las bases de la sociedad; como parte
del acuerdo, el gobierno se ha comprometido en incrementar las convocatorias
para democratizar el espectro electromagnético y vincular más emisoras
comunitarias, brindar formación técnica y profesional a comunicadores y
operadores comunitarios, poner a disposición de las organizaciones y
movimientos sociales los canales y emisoras institucionales y regionales para
la divulgación de su trabajo, contenidos acordes al momento político del país
que promuevan la paz con justicia social y la reconciliación y así mismo serán
financiados los medios comunitarios que vayan en este sentido.
Sin embargo, el movimiento social y
popular y sus medios alternativos y populares tienen el deber de hacer un alto
en el camino y emprender la brega por construir y pelear una Ley de Medios para
Colombia, donde se distribuya justamente el espacio electromagnético y la
televisión nacional para dar voz a quienes han permanecido en silencio, una ley
de medios que regule el lenguaje y los contenidos cargados de odio en la
televisión, la radio y la prensa escrita, presupuesto digno y apoyo técnico y
tecnológico para los medios comunitarios y sobre todo garantías de vida para
que la verdad no nos sea cobrada y sea narrada por sus verdaderos
protagonistas, y así reconstruir la historia que nos ha sido robada y mal
contada. La Ley de Medios para Colombia es un imperativo para la paz con
justicia social, la Ley de Medios como todas las reivindicaciones del pueblo
colombiano se pelea dignamente en las calles.
MARCHA PATRIÓTICA, SOMOS MÁS, SOMOS PAZ
#LaPazCuentaConVos
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