El Servicio Geológico Colombiano le abre las puertas a las transnacionales minero – energéticas.

COMUNICADO ABIERTO A LA OPINION PUBLICA.

EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO LE ABRE LAS PUERTAS A LAS TRANSNACIONALES MINERO – ENERGÉTICAS.

La Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, informamos a la opinión pública nacional e internacional que, el Servicio Geológico Colombiano, SGC, viene adelantando un estudio de levantamiento de cartografía geológica en los municipios de Palmira, Ginebra, Guacarí, Buga, San Pedro, Tuluá y Bugalagrande, sin que existiera notificación previa de ningún tipo a las Juntas de Acción Comunal, ni a las organizaciones campesinas legítima y legalmente constituidas, en desarrollo de los planes minero – energéticos del gobierno nacional de cara a avanzar en proyectos de concesión de territorios ocupados por comunidades agrarias a transnacionales minero - energéticas.

En el mes de septiembre contratistas del SGC iniciaron estudios de cartografía geológica en varios municipios del centro y centro – norte del Valle del Cauca, sin haber informado a las comunidades de la zona de influencia del estudio, de hecho sólo se notificaron ante algunas Juntas de Acción Comunal hasta después de haber concluido sus labores en terreno. La CCVC y ASTRACAVA desconocemos si ha existido algún tipo de comunicación con las autoridades locales y departamentales competentes. Por otra parte, los contratistas del proyecto se negaron a ampliar la información del proyecto, excepto por una copia del oficio SGC No: 2015-310-5663-1 fechado en agosto 31 de 2015, en el que se mencionó ambiguamente el objeto del proyecto y se presentaron los nombres e identificación del equipo de contratistas.
Como es sabido, el gobierno nacional del Presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2010 viene implementando una política de reprimarización de la economía nacional, lo cual ha conllevado a un aumento significativo de las zonas destinadas a la explotación minero – energética, como lo evidencian los informes de la Contraloría General de la República: Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos, volúmenes I y II (2014). Los informes mencionados indican también que, el ritmo de crecimiento de las zonas destinadas a la producción minera sobrepasa con creces la capacidad institucional para generar controles ambientales, sociales, económicos y culturales efectivos que mitiguen los impactos derivados de la acelerada locomotora minera, por otra parte señalan graves falencias en la tributación fiscal por cuenta de la economía minero – energética, situaciones que tienden a agravar la ya aguda problemática ambiental especialmente en las zonas rurales de nuestra nación.
Naturalmente, la exploración y los estudios previos se constituyen en piezas claves de la explotación minero – energética, en tanto posibilitan identificar su viabilidad en una región determinada, como lo señalan los objetivos de la política minero – energética del gobierno nacional.
Contradictoriamente a las necesidades de conservación de las áreas protegidas, el SGC, ha venido realizando estudios de actualización del catastro minero en las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, RFPN, de Amaime, Sonso – Guabas, Sabaletas, Guadalajara y Río Morales, ubicadas en los municipios de Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Buga, San Pedro, Tuluá y Bugalagrande, no sabemos con qué intención u objetivo.
Las comunidades y organizaciones campesinas afiliadas y filiales de CCVC y ASTRACAVA, desde mediados de 2015, vienen participando en el Convenio No 089 de 2014 entre la CVC y la Universidad del Valle con el objeto de ajustar los planes de manejo de varias Reservas Forestales Protectoras Nacionales, RFPN, del departamento.
La pretensión del SGC de adelantar estudios de actualización de catastro minero no nos puede generar sino reparos, toda vez que, una porción importante de las zonas de estudio han sido definidas por la normatividad colombiana como áreas protegidas que en efecto hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP y, del Sistema Departamental de Áreas Prtegidas, SIDAP.
Exhortamos a la CVC, a la gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías municipales de los municipios destacados por SGC para el estudio de actualización de la cartografía minera en el Valle del Cauca y a las autoridades competentes a conformar un espacio amplio de información acerca de las acciones, objetivos, métodos, procedimientos y resultados de los estudios que ha venido desarrollando el SGC.
A diferencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas, el Estado colombiano ha negado el derecho a la consulta previa al campesinado, siendo este es uno de los factores que han posibilitado el desplazamiento, la expropiación y el despojo de campesinos y campesinas que residen en zonas de interés de las transnacionales minero – energéticas y agroindustriales; desde este punto de vista, los estudios adelantadas por el SGC son funcionales al proyecto del gobierno nacional y del capital extranjero de concesionar grandes cantidades del territorio para la extracción minero – energética, aunque ello solo herede a las generaciones futuras contaminación y degradación de los ecosistemas, de los sistemas productivos agropecuarios que hoy en día abastecen de alimentos a los centros poblados.
ASTRACAVA y CCVC destacan la importancia de continuar aunando esfuerzos por la recuperación y fortalecimiento de la economía y la cultura campesina, en tanto salvaguarda de la biodiversidad, el agua, el suelo, los elementos naturales, la generación de trabajo y valores sociales, con capacidad incluso de propiciar a largo plazo una tendencia hacia la mitigación del calentamiento global, como lo ha señalado La Vía Campesina Internacional.
Invitamos a las organizaciones y a los campesinos integrantes de ASTRACAVA y CCVC, como al campesinado vallecaucano en general a defender la cultura, la economía y los ecosistemas de nuestros territorios en los que históricamente varias generaciones de campesinos y campesinas han derivado el sustento propio y el de los habitantes de nuestra nación. Por esta razón, quienes habitamos el campo tenemos el deber ético y moral de:

Generar procesos amplios de abstención a cualquier tipo de actividad del Servicio Geológico Colombiano.
Impedir la toma de muestras de suelos y muestras geológicas de capas subterráneas de suelo en las fincas propias, las de los vecinos y aquéllas destinadas por la institución y la comunidad para la protección de la flora, la fauna y los elementos naturales.
No conceder permisos para el ingreso del personal contratista del SGC a las fincas, quebradas, ríos y áreas protegidas por nuestras comunidades.
No permitir el uso de aparatos de tecnología avanzada a los contratistas del SGC en nuestros predios y en nuestros territorios.
Fomentar la unidad entre organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas para defender el territorio de los megaproyectos.
Generar procesos de intercambio de información sobre los proyectos minero – energéticos que se vienen adelantando en los territorios.
Avanzar en la creación de una red de lucha contra la minería en el Valle del Cauca que coordine sus esfuerzos con otros procesos similares en el departamento, la región sur occidente y la nación