PRONUNCIAMIENTO
PÚBLICO
La Comisión de
Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica rechaza de
manera contundente los señalamientos de los que vienen siendo víctimas
integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca
ASTRACAVA, de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, del Proceso de
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de nuestro movimiento
político y social.
En repetidas
ocasiones la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes ha alertado y
denunciado ante la comunidad nacional e internacional las acciones de
señalamiento, hostigamiento y amenazas provenientes de un perfil de Facebook
denominado “Resistencia Civil”, desde el cual a partir del 9 de febrero de 2015
se han hecho de manera irresponsable e intimidatoria afirmaciones que ponen en
riesgo inminente la vida, integridad y seguridad personal de los señores Harold
Ordoñez, Alonso Valencia y Heriberto Niño, integrantes de Marcha Patriótica y
líderes reconocidos entre las comunidades campesinas de la zona media y alta
del municipio de Tuluá, así como de Norbey Palacio, periodista amigo del
campesinado y candidato al Concejo Municipal de Tuluá. Igualmente, en
diferentes espacios que se han desarrollado con participación de instituciones
municipales –Personería y Alcaldía– instituciones departamentales –Defensoría
del Pueblo regional Valle del Cauca-, organismos internacionales –Comité
Internacional de la Cruz Roja CICR y Organización de Naciones Unidas ONU– y
Fuerza Pública, hemos expresado la profunda preocupación que nos embarga por la
situación descrita, sin que hasta el momento haya algún resultado que arroje
información útil sobre el perfil de Facebook mencionado.
Todo lo
anterior se presenta en un contexto donde las violaciones a los derechos humanos
de las comunidades han sido constantes, particularmente por parte del Batallón
de Alta Montaña No. 10, que desde su llegada a la zona ha protagonizado
múltiples abusos y atropellos contra el campesinado. Es preocupante que el
manejo del perfil de Facebook se haga desde el corregimiento de Barragán, donde
está ubicada la base militar de este batallón. Actualmente, Tuluá es una de las
zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial implementado por el
gobierno de Juan Manuel Santos. En este contexto, las comunidades campesinas
han desarrollado un proceso de constitución de una zona de reserva campesina
(ZRC), que coincide con la agudización de la crisis humanitaria.
La situación
de persecución contra la Marcha Patriótica y sus organizaciones en el municipio
de Tuluá está enmarcada en la crítica situación humanitaria que padece nuestro
movimiento político y social a nivel nacional, que en sus cinco años de
existencia ha sufrido cerca de 100 asesinatos, decenas de detenciones,
desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados.
Una vez más
hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que, en
cumplimiento de sus funciones como garantes de los derechos constitucionales,
ejerzan un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas y a sus
líderes, frenando los señalamientos y estigmatización que históricamente se han
presentado en el municipio de Tuluá contra las comunidades, y que
lastimosamente siguen estando a la orden del día. Es necesario recordar que en
el corregimiento La Moralia se produjo en 1999 la primera incursión paramilitar
del Valle del Cauca, protagonizada por el Bloque Calima de las Autodefensas
Unidas de Colombia, que realizó cerca de 60 masacres, dejando más de 800
personas asesinadas y una infinidad de familias desplazadas a sangre y fuego.
Todo lo anterior con la participación directa (por acción y omisión) de las
fuerzas militares adscritas al Batallón Palacé del municipio de Buga, como lo
demuestran las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y los testimonios de
los paramilitares que participaron en estas nefastas acciones[1].
Insistimos en
la importancia de dar pasos contundentes en la construcción de la paz que
Colombia anhela. En un contexto donde existe la posibilidad de llegar a un
acuerdo para poner fin al conflicto armado que ha azotado al país por más de
medio siglo, y considerando que las formas de violencia estatal contra la
población civil cumplen un papel fundamental en la perpetuación del conflicto,
no pueden seguirse presentando violaciones a los derechos humanos y es el
Estado y sus instituciones los principales responsables de evitarlo.
¡SEGUIMOS EN
MARCHA POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA,
POR LA PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL, LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Y EL CESE BILATERAL
AL FUEGO!
Valle del
Cauca, Colombia. Junio 17 de 2015
[1] Ver
documental Memoria y Dignidad Campesina:
https://www.youtube.com/watch?v=bTDONECensc
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