2014/Junio 01/Audiencia Humanitaria/Tuluá
AUDIENCIA HUMANITARIA
CONTEXTO
Recordemos que
las comunidades de la zona montañosa de Tuluá, en la última década durante los
años 1999 a 2002, sufrieron la arremetida paramilitar del bloque Calima, que
produjo como resultado el desplazamiento forzado de más de un centenar de
campesinos hacia el casco urbano del municipio lo que a su vez desestructuró el
tejido social y comunitario y la desintegración de las formas asociativas y
productivas que poco a poco se han ido recuperando.
Hoy las
organizaciones campesinas han iniciado un proceso de constitución de una zona
de reservas campesinas (ZRC), que coincide con la agudización de la crisis
humanitaria, particularmente porque el gobierno municipal mantiene reticencia y
displicencia para permitir avances, como se evidencia en el desconocimiento
político de constitución de una ZRC que sufrieron las Juntas de Acción Comunal
(JAC) de las zonas media y alta, quienes por unanimidad propusieron la creación
de una ZRC en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), propuesta
que no se ha tenido en cuenta.
Paralelo a las
iniciativas de las comunidades el gobierno local y nacional con sus proyectos
macroeconómicos en el Municipio de Tuluá, zona
de alta y media montaña desde el
año 2008 a través de la EPSA inició la construcción de dos centrales
hidroeléctricas (CH) a filo de agua, que condujeron al desvío del cauce del río
Tuluá en dos tramos, resultando afectado el lecho del río en más de 15 km y por
supuesto sus áreas aledañas.
Así mismo la
empresa Perforaciones S.A inició un proceso de actualización del catastro
minero, y en muchas ocasiones han ingresado a predios sin el consentimiento de
los dueños, producto de esos estudios se identificaron riquezas minerales de
distinta naturaleza en estos territorios y el gobierno central lo tiene
concesionado a empresas transnacionales;
los campesinos han manifestado que la Agencia Nacional de Hidrocarburos
también está realizando exploración en sus territorios; como se puede inferir
es la implementación de las locomotoras mineras del gobierno central, con la
consecuente instalación de las funciones del batallón Nro. 10 de alta montañosa
en esta zona de consolidación de valor estratégico para el Estado.
Estos
fenómenos, se encuentran en relación directa a la agudización del conflicto
armado, por cuanto la insurgencia ha atacado en varias oportunidades la
infraestructura de las CH y de vehículos de las firmas que adelantan estudios
para la Agencia Nacional Minera y la ANH y el gobierno ha respondido con
aumento de la presencia militar en el territorio, lo cual ha derivado en mayor
violación del DIH y DIDH hacia las comunidades, principalmente por
estigmatización, ocupación de viviendas, uso de población civil como escudos
humanos, intentos de violación sexual, bombardeos de cultivos y ecosistemas
estratégicos, etc.
Los
señalamientos a los participantes del Paro Nacional Agrario y popular de
agosto de 2013 ha sido constante, al igual que las amenazas a los
integrantes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas, a los integrantes
de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle por organizarse en contra
de estas políticas estatales, amenazándolos con capturarlos, judicializarlos o
desaparecerlos si no se van. Es claro que lo que están haciendo es despojar de
sus tierras a los campesinos, ya que esta es una zona geoestratégica y una de
las zonas del plan de consolidación nacional.
Ante la gravedad de los hechos la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, La Red de Derechos Humanos
Francisco Isaías Cifuentes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos-CPDH, La asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, la Corporación
Colectivo de Abogados Suyana y la Comisión de Derechos Humanos de Marcha
Patriótica, convoca y les invita a participar en la Audiencia Humanitaria
que se realizará en el Corregimiento La Moralia – Municipio de
Tuluá el día 7 de Junio de 2014, desde
las 10 a.m. a 3 p.m.
Objetivo general
Constituir un espacio para el análisis, denuncia y
seguimiento acerca de la situación humanitaria que afecta a la población civil
ubicada en la zona rural del municipio de Tuluá como consecuencia de la
permanente violación al DIH y DIDH, para propiciar los mecanismos e
instrumentos de promoción, prevención y protección de los derechos
humanos con el fin de contribuir a la lucha contra la impunidad y la apertura
de caminos que conduzcan a la búsqueda de una
solución política del conflicto social y armado que vive el país.
Objetivos
específicos
- Visibilizar la grave problemática en materia de derechos humanos que enfrentan las comunidades campesinas.
- Analizar el impacto de la presencia de los grupos paramilitares y militares en el municipio.
- Abrir el espacio continuo para las denuncias que en forma pública y privada deseen abordar las personas, las comunidades y las organizaciones afectadas por la violencia socio política que afecta el municipio.
- Comprometer la acción de la justicia y los organismos de control para que las violaciones a los derechos humanos cometidos contra la población civil no queden en la impunidad;
- Exigir al Estado colombiano, las garantías adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas de la población civil afectada por la acción del paramilitarismo y los abusos de la fuerza pública.
- Realizar una jornada de memoria histórica y de lucha contra el olvido.
Convocan:
Comisión de
Derechos Humanos Marcha Patriótica - Valle del Cauca
Asociación
de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca
Red de
Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes
Corporación
de abogados Suyana
Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Valle del Cauca
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