Con el impulso del
reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos movilizamos millones de
personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y
Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos
sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente
movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para
avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
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| Fotografía: Véala |
El Paro Nacional
Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en
especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la
movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos
decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los
campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de
convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24
días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio
nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y
desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto
en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones,
recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la
respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido
en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros
pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros
líderes, con la militarización de los
campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta
social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la
pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en
todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21
personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas
contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques
indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del
país.
El Paro Nacional
Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general
generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los
gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a
terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las
grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de
libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que
han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una
política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a
comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua
en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el
gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su
producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria
nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las
semillas y los insumos.
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| Fotografía: Véala |
Nuestras propuestas
han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar
hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios
colectivos indígenas y afro, que dote de
la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los
grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.
También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo,
que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación
indebida de baldíos y los títulos de
tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la
salida a la crisis agraria, insistimos
en la necesidad urgente de implementar medidas
y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el
desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados
internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una
integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco,
nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras
para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia
de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo
anterior solo se lograra con la adjudicación
y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación
inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los
requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la
ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de
tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar
(UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que
el Estado fije precios
de sustentación para la
producción campesina, que se garantice una remuneración
efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos
la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos
y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran
minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación
de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión
pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la
política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el
lucro de las grandes empresas.
Exigimos
una política de sustitución autónoma y concertada de
cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la
erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe
perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser
tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política
del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado.
Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social
en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos
y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el
campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres
participantes de la Cumbre Nacional
Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el
gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del
Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma
agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e
inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para
apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo
Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido
agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical
y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos
que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el
país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como
camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos
sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los
afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan
espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y
decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros
problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento
histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la Cumbre Agraria y Popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que
haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del
ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el
camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de
las diversas organizaciones que confluimos en este espacio
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y
movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y
clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una
propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas
democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases
de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que
recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las
colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio,
vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso
organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas,
indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y
populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos
juntemos en la cumbre agraria y popular
a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva
de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas,
soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos.
Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
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