2013/ Agosto 16/ Capítulo Marcha Patriótica Valle del Cauca/ Conozca el pliego de peticiones que las organizaciones
campesinas, indígenas, cafeteras, afrodescendencientes y urbano-barriales,
articuladas en la Mesa de Interlocución Agropecuaria y Popular –MIA Nacional- presentaron a la gobernación del Valle del
Cauca el día jueves 15 de Agosto del presente año, pliego de peticiones que
recoge las necesidades de estas comunidades aterrizadas a la dinámica departamental.
PLIEGO
DEPARTAMENTAL DE PETICIONES AGROPECUARIAS Y POPULARES
PARO
NACIONAL AGRARIO Y POPULAR - 19 DE AGOSTO DE 2013
Santiago de Cali, Agosto 15
de 2013
Si bien la
Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las
comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha
reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto,
como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las
decisiones fundamentales que le atañen; sin embargo el Estado ha impuesto una
política agraria fundamentada en el modelo de desarrollo agroexportador, cuyo
carácter extractivista ha re-primarizado la economía del sector, ésta, favorece
la importación de los elementos más importantes de la canasta familiar y
simultáneamente, ha negado de facto al productor nacional colocar sus productos
en el mercado interno, creando las condiciones para la dependencia alimentaria
y de otros bienes, situación que se viene agudizando con los TLCs dada la
imposición de la desregulación del mercado nacional y la laxitud asumida en el
intercambio comercial, de hecho, el aumento de la importación de alimentos fue
calculada en 700% entre 1991 y 2009[1],
fenómeno derivado de la implementación de esta política.
La re-primirazación
de la economía agraria, ha conllevado a que solo las grandes empresas
agroindustriales y especialmente las relacionadas a la producción de banano, azúcar,
agrocombustibles y parcialmente el café, tengan la posibilidad de transformar
sus productos y competir en el mercado nacional e internacional, sacrificando
la oferta nacional de alimentos y la absorción de mano de obra en el campo. Sin
embargo, el “éxito” de una política
agraria fundamentada en la re- primarización de la economía ha dependido además de la concentración del
mercado y la concentración de poder sobre: la propiedad de la tierra, del
capital y, de la transferencia investigación y tecnología.
En el Valle, el
sector rural está compuesto por campesinos pequeños propietarios, medianos y
grandes propietarios. Los pequeños productores se definen como aquellos que
tienen 2 (o menos) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a su vez una UAF, se
define como la unidad productiva agropecuaria con la capacidad de producir 3
salarios mínimos de ingreso mensual. Los medianos poseen entre 2 y 10 UAFs y
los grandes propietarios más de 10 UAFs[2]. La
Tabla 1, describe la distribución porcentual del área de la propiedad
controlada de acuerdo a los tres tipos de propietarios existentes en el Valle
del Cauca.
Tabla 1: Distribución porcentual de propietarios del sector rural en relación
al porcentaje del área productiva
controlada en el Valle del Cauca.
|
PROPIETARIO
|
% DE PROPIETARIOS DEL SECTOR
|
% DE PROPIEDAD DEL AREA PRODUCTIVA
|
ÁREA (Ha)
|
|
Campesinos
|
89,89
|
17,36
|
286.966
|
|
Medianos productores
|
10,57
|
26,13
|
432.054
|
|
Grandes productores
|
2,54
|
56,51
|
934.250
|
Fuente: Equipo
Técnico CCVC basado en información de Machado (1998)
El modelo adoptado
por grandes productores para el Valle del Cauca, tiene un carácter rentístico
extractivista asociado a la producción de caña para elaboración de azúcar y
alcohol carburante en la zona plana, ganadería de ceba en la zona media baja y
ganadería de leche en la zona alta; dichas actividades agropecuarias limitan la
capacidad de aumentar la absorción de mano de obra en el marco de una demanda
creciente de la misma.
La pequeña propiedad
rural demuestra ser significativamente más productiva que la gran propiedad, la
tendencia del uso del suelo es preferentemente a labores agrícolas asociados a
la producción alimentaria y al abastecimiento del mercado local y nacional, de
hecho Fajardo (2002) demuestra que las fincas campesinas con tamaños inferiores
a 5 Has destinan en promedio el 38,6% de su área a labores agrícolas, mientras
que fincas con tamaños superiores a 200 Has destinan en promedio 72,3% del área
a la producción de pastos para ganado[3]. En
donde los minifundios (con menos de 0,5 UAF) son 40 veces más productivos que
los predios asociados a grandes extensiones(con más de 10 UAF)[4].
La ausencia de
propiedad sobre la tierra deriva en la existencia de jornaleros cuyos ingresos
son bajos, altamente dependientes de trabajos, sin existencia de los mínimos
requisitos de seguridad social y sin estabilidad laboral, generándose migración
intra e intermunicipal.
La capitalización
rural y los proyectos de investigación y transferencia de tecnología, se han
destinado casi que exclusivamente a desarrollar los procesos agropecuarios y
agroindustriales de los grandes propietarios, la tramitología deriva en que al
campesinado se le dificulte acceder a dichos programas; por otra parte, las
oportunidades de beneficiarse de los incentivos de capitalización rural,
dependen en proporción directa, de la magnitud de la contrapartida, la que en
últimas varía de acuerdo al tamaño de la propiedad de la tierra. El programa
Agro Ingreso Seguro (AIS) ejecutado en el gobierno del ex presidente Uribe es
una muestra de ese desequilibrio, en efecto, AIS presentó un índice
GINI de 0,79, es decir altamente concentrado por emporios agroindustriales[5].
Las organizaciones y comunidades agrarias y
populares del Valle del Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado
Blandón nuestras demandas sociales,
económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor
manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos,
demandas que se encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones
Agropecuarias y Populares (documento adjunto). De parte nuestra ya están los
voceros departamentales y nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario
y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el
pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
·
Exigimos el cumplimiento en la implementación de las
leyes pesqueras en beneficio de pescadores artesanales del departamento debido
a la vulnerabilidad de ese sector frente al creciente caudal de importaciones.
·
Exigimos la implementación de programas
fortalecimiento a la producción y comercialización de renglones agropecuarios
departamentales sensibles como son el café y la leche. Además la
toma de medidas para controlar el contrabando de leche que ingresa al
departamento.
·
Exigimos la veeduría y acompañamiento del
gobierno departamental explotación maderera que garantice la sostenibilidad de
este recurso y la permanencia de pequeños madereros que derivan su sustento de
esa actividad.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA
PROPIEDAD DE LA TIERRA
·
Exigimos que la
administración departamental y las alcaldías municipales, en coordinación con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural, INCODER, conjuguen
esfuerzos para la adquisición de tierras para los campesinos, Resguardos Indígenas
y los Consejos Comunitarios que no la posean o la posean de manera
insuficiente.
·
Exigimos el apoyo logístico y presupuestal en la
legalización de tierras para los campesinos, indígenas y afrocolombianos que no
hayan saneado sus títulos de posesión así como la solución de conflictos
relacionados a la titulación individual de predios, a campesinos beneficiarios
de proyectos del INCORA en las décadas de los años 80s y 90s.
·
Exigimos la
redistribución entre campesinos con problemas de acceso a la propiedad, de las
tierras incautadas a la mafia y que en la actualidad son administradas por el
Estado.
·
Ecigimos el saneamiento
de conflictos relacionados al uso del suelo en territorios altamente
intervenidos considerados por la
normatividad estatal como Zonas de Reserva Forestal (ZRF) o de otras figuras de
ordenamiento territorial que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas –SINAP.
3. EXIGIMOS
RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
·
Exigimos la constitución
de Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) en: Florida, Pradera, Palmira, Ginebra,
Guacarí, Buga y Tuluá como la mejor forma de ordenamiento social de la
propiedad rural y del territorio, para ello la Gobernación del Valle del Cauca
y las alcaldías municipales en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, MADS, el MADR e INCODER, dispondrán los recursos para
que las organizaciones campesinas formulen los Planes de Desarrollo Sostenible
en cada municipio, por su parte, las instituciones apoyarán y desarrollarán los
mecanismos de gestión institucional para la constitución de las ZRC.
·
Exigimos
constituir los Resguardos Indígenas de Ginebra en la zona alta del municipio
para la etnia Lili, la constitución de un resguardo indígena en Tuluá y tres en
Sevilla para la comunidad Embera Chamí.
·
Los entes
Estatales, serán medio y generará programas de interlocución con las demás
instituciones de orden departamental y nacional, para viabilizar la
constitución de ZRC Se promoverá a la creación de instancias de concertación
con la CVC.
·
Exigimos la
titulación colectiva inmediata del Consejo Comunitario de la cuenca del Naya.
·
Exigimos que las
administraciones departamentales y municipales reconozcan la autonomía de las
comunidades campesinas en el ordenamiento territorial del departamento y
municipio, rechazando los megaproyectos y las transnacionales que planteen
invertir capital en el territorio y afecten a las comunidades
·
Exigimos las
comunidades agrarias accedan a los recursos de regalías departamentales y
municipales, éstos se invertirán en programas que generen desarrollo y
sostenibilidad en las comunidades, dichos programas deben ser formuladas con
participación directa del campesinado y sus organizaciones representativas en
la mesa departamental de interlocución con organizaciones campesinas.
·
Apoyo en la
financiación de proyectos productivos, para consolidar el desarrollo
agropecuario de la región y estabilizar la propiedad de los campesinos,
afrodescendientes e indígenas.
·
Exigimos respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial,
productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e
indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de
desarrollo agroempresarial.
4. EXIGIMOS LA
PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS PEQUEÑOS Y
TRADICIONALES EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA MINERA.
·
Exigimos la
participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y
tradicionales en la formulación y desarrollo del Plan de Desarrollo Minero –
Energético del Departamento.
·
Exigimos detener
la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta
tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera
del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas a ser beneficiarias de las concesiones
y se brinden garantías para la minería artesanal.
·
Exigimos el apoyo
y reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana y
apoyo para la reconversión tecnológica hacia modelos de producción minera más
limpios y de bajo uso de contaminantes, en coordinación con la Coorporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el Ministerio de Minas y Energía y
el MADS.
·
Apoyo desde las
instancias de gobierno del departamento, los municipios y la CVC, para que las
comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, participen en la
redefinición concertada de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Así
mismo, exigimos que se apoye la participación de las comunidades en la
construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación
nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
·
Exigimos la promoción
por parte de la gobernación del valle del cauca, la CVC y las alcaldías
municipales de la sujeción del desarrollo de producción minera y energética a
los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, los Planes de Vida de las
comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a Planes de Ordenamiento
Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación
del suelo.
·
Exigimos el apoyo
por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la CVC y los municipios de
Palmira, Tuluá, Buga, San Pedro y Bugalagrande para que las comunidades
campesinas e indígenas afectadas por la construcción de las centrales
hidroeléctricas Amaime y Tuluá, participen en la decisión de la inversión de
los recursos captados por las instituciones por concepto de la venta de energía
hidroeléctrica. Así mismo, exigimos un aumento del aporte por concepto de
regalías del 6 – 10% de las utilidades de las Centrales Hidroeléctricas. El 4%
será manejado directamente por las comunidades para el desarrollo de programas
y proyectos de conservación ambiental de las cuencas, la producción
agropecuaria sostenible, vivienda, infraestructura, saneamiento básico,
fortalecimiento organizativo y protección de derechos humanos.
5. Exigimos se
adopten medidas y se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos
políticos de la población rural.
·
Exigimos dar
cumplimiento a la acción de consulta previa para las comunidades afro e
indígenas en proyectos o normativa que afectan los derechos de estos pueblos.
·
Otorgar el
derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades
campesinas sobre proyectos y normativas
que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo
económico y lo cultural.
6. Exigimos inversión
social en la población rural y urbana en
educación, salud, vivienda, servicios públicos y demás.
·
Exigimos dotar
adecuadamente los centros hospitalarios y de salud tanto en el sector urbano
como rural del departamento, así como la vinculación suficiente y cualificada
de personal de salud.
·
Exigimos partidas presupuestales para inversión social en
infraestructura y dotación para educación, vías, red eléctrica, saneamiento
básico, agua y alcantarillado.
·
Exigimos que los
acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social
y no empresarial. Y en donde no se cuente con ellos promover su constitución.
·
Exigimos
la construcción de vivienda digna financiada por el Estado tanto en áreas
rurales como urbanas, que sean concertadas con los beneficiarios.
·
Exigimos la
creación de programas de acompañamiento y veeduría desde la administración
departamental y las administraciones municipales a las familias en procesos de
desalojo, garantizando vivienda digna durante tal proceso.
·
Exigimos
el pago del cargo básico en la tarifa de servicios públicos en los estratos 0 y
2.
·
Exigimos la
excepción del Impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Cali y
municipios aledaños
MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
[1] MONDRAGÓN, H. Relatifundización,
megaproyectos y campesinos en Colombia. Misión Rural. Bogotá D.C. 2009.
[2] Ibíd.
[3] FAJARDO,
D. (2002). Tierra, poder político y reformas agraria y rural. En: Cuadernos
tierra y Justicia. Bogotá D.C: Ediciones Antropos.
[4]
PERFETTI et al. Políticas para
el desarrollo de la agricultura Colombiana. FEDESARROLLO. Bogotá, Abril 2013
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