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Porque somos poder constituyente, sigue en marcha la esperanza.

Cuando García Márquez describió para el mundo la masacre de las bananeras en cien años de soledad, muchos extranjeros habrán creído que tanta sangre solo podía venir de la imaginación de un genio literario como él, al fin y al cabo las mujeres no desaparecen en el aire, y los militares no acaban con todo un pueblo así no más. Pero no hace falta ir a ninguna librería, o esperar a que un genio de las letras escriba una novela. Para constatar que la sangre en Colombia corre diariamente, basta con recorrer las trochas y las calles, ir a alguna vereda, o adentrarse en las zonas marginadas de las ciudades, que casi siempre vienen siendo la mayor parte de los territorios nacionales.  En este momento el gobierno, sin necesidad de borradores infinitos, o noches de delirio creativo, nuevamente (emprende sus campañas de terror contra el pueblo colombiano) realiza una masacre. ¿Sino que sucede hoy en el Catatumbo? ¿Qué sucede hoy en nuestros campos? Y no más lejos, ¿Qué sucede en nuestros campos?

Siendo esta una realidad, los colombianos y las colombianas no perdemos nuestra esperanza y seguimos marchando por nuestra dignidad y sueños, seguimos marchando por la posibilidad de lograr un país en paz. Pero no cualquier paz, no una paz retórica y lejana, sino una paz que comprenda las condiciones dignas de vida, una paz con justicia social. Bajo estas consideraciones, la guerra no es la opción que escogemos para seguir compaginando nuestra historia; el sonido estruendoso de los fusiles y la sangre de nuestro pueblo derramada sobre el suelo de nuestra tierra no puede seguir siendo la ilustración que acompaña la historia que escribimos. Históricamente esa no ha sido la solución, y evidentemente hoy tampoco la es. El diálogo si es la ruta. La solución política y negociada es la alternativa más sensata, es una alternativa que hoy Colombia tiene en sus manos, pasando necesariamente por la mesa de diálogos con las insurgencias y el gobierno actual de Juan Manuel Santos. Pero, es necesario aclarar que esa mesa está incompleta. El conflicto político, social y armado, no ha sido una confrontación entre dos partes, ha sido un conflicto que ha sumergido en un mar de violencia y miseria a todo el pueblo colombiano, y por eso mismo, tenemos el deber y ante todo el derecho de decidir sobre el futuro de nuestro país.

Esta, tierra que como diría la canción “es mi tierra bonita, mi tierra preciosa mi Valle del Cauca” no es ajena a esta historia tergiversada que nos han obligado a contar. Un Valle del Cauca con una red pública hospitalaria que negocia con la salud de la gente, como si la vida fuera una mercancía que se transporta de hospital en hospital. ¿A caso los hospitales se hicieron para apreciar el padecimiento de la gente esperando una cita o mendigando medicamentos? Los hospitales públicos hechos para atender al pueblo vallecaucano, popular, a quienes no tienen como más acceder a un servicio de salud, se ahogan por el abuso de las EPS, quienes adeudan 250.000 millones de pesos. Sería imposible pensar que estos no ven nuestra salud como un negocio.

Sucede lo mismo con la educación pública. No resulta estratégico para aquellos egoístas, enviciados con el poder, permitirle al pueblo vallecaucano acceder a un arma tan poderosa como lo es la educación, que abre las mentes, genera conciencia y nos permite construir alternativas diferentes a las que nos obligan a aceptar. Es evidente que a un nuevo modelo de país le corresponde un modelo diferente de educación.

No es menos complicada la situación de desempleo y de la falta de oportunidades laborales para la juventud y la población en general, lo que causa una desenfrenada oleada de violencia y asesinatos sistemáticos producto de la delincuencia común y la guerra entre pandillas, y que genera también un ambiente de zozobra e inseguridad que pretende ser controlado con el aumento de la presencia de la fuerza pública en los barrios, cuando lo que necesita la población es trabajo estable, vivienda digna y derechos garantizados en su totalidad. Tampoco puede ser un secreto el auge paramilitar que permanece en muchas zonas del departamento para el control de las redes de narcotráfico pero fundamentalmente para agenciar la represión a las diferentes organizaciones sociales y políticas que luchan por la paz con justicia social, pues si ha habido falsedades en este país una de ellas ha sido la engañosa desmovilización de quienes siempre han estado al servicio de la muerte y el terror en los campos y ciudades.   

No obstante con esto, nuestro puerto, Buenaventura “circundada por el mar”, tierra rica en recursos, de colores vivos, los colores de su hermosa gente, gente verraca y pudiente, que no se agobia ante la desidia y el abandono de un gobierno despreocupado por su gente, es obligada a vivir entre el hambre y la pobreza, es explotada por unos pocos ambiciosos, a los que no les importan la dignidad de los y las bonaverenses. Los pobladores de bajamar, quienes viven de la pesca artesanal, las gentes de los ríos que realizan el arduo oficio de la minería artesanal, están siendo desplazados por multinacionales pesqueras, por la gran minerías y por multinacionales que están detrás de nuestro recurso hídrico. No puede seguir siendo, que el dinero prevalezca sobre la dignidad y la vida de la gente. Sumado a esto, Buenaventura se ve golpeada por el problema portuario, que contrasta los grandes niveles económicos que generan éste, pasando el 70% de la economía nacional, contra una gran situación de pobreza de la región, cuyas cifras más que alarmantes son inhumanas, pues el 50% de sus habitantes están desempleados y el 80% de la población vive en condiciones de pobreza.

Cómo puede conseguirse con esta condiciones un país en paz, mientras que los niños lloran por la violencia, los campesinos son sacados de sus tierras, los estudiantes no tienen como estudiar, los trabajadores son explotados en sus empresas, las madres y los padres sufren al pensar que no tienen con que sostener sus familias, o como pagar una matrícula universitaria, el ambiente es acabado por la ambición de unos pocos que no piensan que sin la sostenibilidad del medio ambiente no habrá un mundo en que vivir. Así no podemos hablar de paz, no podemos construir paz. Pero no nos resignamos, y hoy más que nuca, nos levantamos en unidad para cambiar esta realidad miserable y labrar un futuro mejor. Y es esa convicción, esa esperanza de que sí es posible, la que nos lleva nuevamente a las calles con nuestro poder creativo, con nuestros sueños más vivos que nunca a exigir prontas y reales soluciones a todos los problemas que vivimos. Le apostamos firmemente a un espacio de asamblea nacional constituyente no solo como herramienta para refrendar los acuerdos la mesa de negociación, sino como un gran espacio para gestar un nuevo pacto social, que plasmado en una profunda reforma a la constitución nacional, siente las bases sólidas y necesarias para forjar una autentica paz pero con justicia social.

 
¡Vamos por la paz con justicia social para la segunda y Definitiva Independencia!

¡Porque somos poder constituyente!

¡Sigue en marcha nuestra esperanza!

JUNTA PATRIÓTICA DEPARTAMENTAL
VALLE DEL CAUCA

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