DECLARACIÓN
EN SOLIDARIDAD CON EL CABILDO SOBRE LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA
CAMPESINA. TULUÁ, OCTUBRE 14 DE 2014.
Reviste singular relevancia que en uno de los
municipios más violentos del departamento la ciudadanía haya optado por llevar
a cabo un cabildo que indaga sobre la paz, los derechos humanos y las luchas
que adelantan los campesinos y campesinas, máxime cuando se alcanzan terribles
actos de inhumanidad como los acaecidos en el municipio en los últimos años,
hechos que recuerdan la barbarie de León María Lozano, el cóndor, en la época
de la Violencia, pájaro que asoló los campos de una buena parte del
departamento y que tuvo como epicentro a nuestro querido municipio de Tuluá.
Esta violencia que produjo una catástrofe humanitaria
de enormes proporciones en el país entero y que modificó la configuración del
poblamiento en las zonas rurales, se extendió por todos los años cincuenta y
sesenta, derivó en éxodos campesinos hacia tierras inexploradas, conllevando a
la colonización de selvas y montañas y a la ampliación de la frontera agrícola,
con las consecuencias ambientales y sociales que esto representa.
Hablar de paz, de derechos humanos y luchas
campesinas implica entonces recordar que la Violencia y la subsiguiente violación
a los derechos humanos en la historia de Colombia, tiene una tendencia a ser
cíclica, cada cierto tiempo se acentúan los asesinatos, desapariciones,
amenazas, persecuciones, detenciones
arbitrarias, violación de los derechos de las comunidades. Desde los años cuarenta
y hasta la actualidad, cada una de las décadas pasadas han dejado la imborrable huella de la
violencia en la memoria de las comunidades. Así ocurrió a inicios del siglo
XXI, cuando el proyecto paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Colombia,
AUC, del Bloque Calima, comandadas por el Sr. Ever Veloza o HH, que en su paso
por Tuluá dejara un panorama de desolación, agravio, muerte, desplazamiento
forzado, ruptura/desarraigo forzado del campesino con su tierra, los cultivos y
los animales, vidas enteras dedicadas al trabajo que se esfuman en un segundo
por acción de la violencia.
Violencia que en muchas ocasiones le es funcional a
la planificación estratégica del Estado y a los intereses de las empresas por instalar
inversión de capital en ciertos territorios o ampliar las inversiones existentes,
así ocurrió en la cordillera central en los municipios de Tuluá, Buga, San
Pedro y Palmira.
Las comunidades campesinas no olvidamos que tres
años después de la desmovilización del Bloque Calima en 2004, entre los años
2007 y 2010 al mismo tiempo que EPSA y las empresas subsidiarias avanzaban en
la construcción de las denominadas Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, paralelamente
las comunidades campesinas sufríamos de un permanente hostigamiento físico y
psicológico por parte de la fuerza pública, hurto de ganado, de gallinas, de
alimentos, destrucción de cercos, ocupación de bienes protegidos de la
comunidad, combates, allanamientos ilegales, aparición de hombres encapuchados
patrullando conjuntamente con las Brigadas Móviles del Ejército, acoso a las
jóvenes campesinas por parte de los soldados, intentos de violación,
ametrallamientos aéreos de los cultivos, detenciones arbitrarias, montajes
judiciales y el asesinato del Labriego Cesar Cuadros Leal en la vereda Culebras
corregimiento de Monteloro en Julio de 2008 a manos de la Brigada Móvil No 20, son
prueba suficiente de que un nuevo ciclo de violencia que provocó zozobra y
temor en las comunidades se había instalado.
No ha sido sino por la valiente acción de las
comunidades que se ha avanzado en materia de protección de los derechos
humanos, proceso de denuncia que ha hecho eco en los organismos internacionales
encargados de proteger los Derechos Humanos de las comunidades. No podemos
negar del acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, como tampoco del papel importante
del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, CICR; más sin embargo,
si podemos decir, que en muchos casos nos hemos encontrado con funcionarios
poco interesados en escucharnos, quienes a veces, con dolo actúan de manera
poco diligente en los procesos de apoyo y seguimiento a las denuncias que
formulamos como organizaciones campesinas, hechos violatorios con claros
responsables que duermen plácidamente durante largos periodos en la
Procuraduría y en la Fiscalía Nacional de la República, sin que se sancione
Penal o disciplinariamente a los implicados, mientras que las víctimas son
perseguidas, sus teléfonos chuzados, los seres queridos amenazados, los
campesinos estigmatizados, las organizaciones campesinas y defensoras de
derechos humanos señaladas incluso por altos mandos militares y políticos
acomodados, quienes piensan más en sus bolsillos y estatus, antes que en
corregir y sancionar a la tropa por los hechos violatorios cometidos.
Esta es una forma de violencia más sutil pero no
por ello menos nociva; en efecto esta violencia genera impunidad. Impunidad que
es muestra de la incapacidad y la falta de voluntad del Estado para identificar
e individualizar a los responsables de las masacres, de los hechos violatorios,
de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario que a diario comete la
Fuerza Pública en las regiones campesinas del municipio, del departamento y la
nación entera. Impunidad que desgasta a las comunidades y a las organizaciones
que ven a veces como inoficiosa la tarea de la denuncia, por cuanto saben que
la denuncia será simplemente almacenada en anaqueles del olvido. Impunidad porque
el victimario es juez y a la vez parte, en tanto los afectados son citados a
las brigadas militares para “resolver” asuntos que debieran ser resueltos por
medio de las entidades competentes, como la Procuraduría, la Defensoría del
Pueblo, la Fiscalía. Impunidad porque las entidades competentes se han
desacreditado por su propia mano, puesto han intentado favorecer intereses de
victimarios acusados de delitos de lesa humanidad, como sucedió con el coronel
Robinson Gonzáles del Río y el Magistrado Villaraga del Consejo Superior de la
Judicatura, siendo este solo uno de cientos de casos similares. Intentos de
generar impunidad como consecuencia de los distintos intentos del Ministerio de
Defensa de tramitar en el Congreso de la República leyes para que los delitos
de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Militares sean juzgados y
sentenciados por la Justicia Penal Militar y no por la justicia ordinaria.
El Cabildo Abierto sobre la paz, los derechos
humanos y la lucha campesina, pretende evitar que la violencia sea olvidada y las
víctimas desahuciadas. Pretende evitar la desesperanza de comunidades enteras.
El sueño de la paz con justicia social no podrá ser
materializado jamás si se mantienen intactas las estructuras del Estado
encargadas de velar por la vida, la justicia, la verdad, la reparación, la
reintegración y las garantías de no repetición. Verá la luz la paz con justicia
social el día en que autoridades y la ciudadanía, puedan acordar con cordura los cambios que la sociedad
necesita, siendo la realización de una Asamblea Nacional Constituyente el medio
para lograr una nueva constitución que fortalezca los deberes y derechos de los
ciudadanos para el beneficio de los pueblos de esta nación y que elimine los
denominados “micos” que se le han colgado para el beneficio de unos cuantos.
Este Cabildo Abierto, es el necesario espacio de la
ciudadanía que pretende que las entidades competentes se encarguen
verdaderamente de hacer justicia, para que se garantice la verdad y para que
los hechos que generan violencia no se repitan nunca más en las tierras del
municipio, del departamento y por qué no, de la nación entera. De ahí deviene
su trascendencia.
Consideramos finalmente proponer a la Mesa de
Diálogos de La Habana – Cuba entre el Gobierno y las FARC-EP, promover este
tipo de Cabildos Abiertos en cada uno de los municipios en donde ha campeado la
violencia, como medio para hacer más eficaz la labor de las entidades
competentes del Estado, pero fundamentalmente para que la ciudadanía ejerza el
derecho y el deber de buscar la paz, derecho y deber que ha sido ratificado por
el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia.
Los colombianos tenemos el derecho y el deber de
promover los cambios necesarios para que esta Colombia patria querida pueda
hacer verdadero el sueño de la paz con justicia social. Exigimos a las partes
dialogantes que se comprometan a lograrlo.
Coordinación Campesina del Valle del
Cauca, CCVC.
Asociación de Trabajadores Campesinos del
Valle del Cauca, ASTRACAVA.
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