2014/Agosto 12/Marcha Patriótica/Oficina de Prensa Paro Regional Pacífico Nariñense
MANDATO CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN LA
COSTA PACÍFICA
1. Exigimos una asamblea nacional constituyente
que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Revocamos los
mandatos de los actuales gobiernos y su régimen municipal, caracterizados por
la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido las
alcaldías o cualquier cargo administrativo y se les haya hecho cuestionamientos por corrupción; no podrán volver a
aspirar a ningún cargo público. En este orden de ideas imponemos la ejecución
de peculado con toda la fuerza de la ley.
2. Todo Esquema de Ordenamiento, Plan básico, Plan
de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados,
aprobados y vigilados por asambleas populares en cada municipio; en conjunto
con el concejo municipal o alcalde municipal según sea el caso. La asamblea
tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda
información, con el objeto de hacer cumplir con el mandato establecido en la
asamblea popular.
3. Prohibimos el ingreso de transnacionales a
nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tiene autonomía
propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.
4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia
social, donde todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma
equitativa y real frente a los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario.
Apoyamos los diálogos de la Habana y demandaremos del gobierno que se firme un
acuerdo de cese bilateral al fuego mientras se logra un acuerdo de paz.
5. El pueblo en su autonomía de elegir a sus
mandatarios y funcionarios públicos, evaluará los resultados administrativos de
los mismos por medio de asambleas populares, respetando la soberanía declarada
constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas. Y con libertad
tomará todas las medidas del caso cuando no se cumpla a cabalidad con las
funciones públicas.
6. Las fuerzas armadas retomarán las funciones para
las cuales fueron creadas: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con
respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y
saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya
de represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas
por el estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los
gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento de pueblo con
las administraciones corruptas.
7. Ordenamos al gobierno nacional que brinde las
garantías y recursos necesarios para la difusión, socialización y educación de
la ley 70 de 1993 de las comunidades negra a nivel de la región pacífica
Colombiana.
8. Ordenamos al gobierno nacional que reglamente la
ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la
definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y
equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de
peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.
9. En nuestro territorio se respetará el derecho a
la consulta previa, libre e informada, plasmado en la ratificación del artículo
169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y el Decreto 145 de 1995.
10. Las condiciones de cambio y revolución las generamos
nosotros mismos desde estos espacios. Nadie nos otorga la libertad y la
igualdad que son nuestras y que establecen nuestra dignidad, soberanía y
autonomía, reclamadas y luchadas desde el tiempo del libertador.
Compañeros y compañeras el llamado es hacia la
lucha organizada por la transformación de nuestra sociedad.
POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA
ACABAR
CON LA CORRUPCIÓN, HOY LEVANTAMOS
NUESTRA VOZ EN UNIDAD DE LUCHA POR UN
PACÍFICO
MEJOR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
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