En
Colombia la ausencia de democracia real y de participación política ha sido la
constante de nuestra vida republicana. La Marcha Patriótica considera que la
democracia es inconcebible sin la participación directa del pueblo en los
procesos políticos. La participación política supera de lejos el estrecho marco
de los comicios electorales, atraviesa el conjunto de la vida social del país y
pasa por el poder decisorio del constituyente primario.
La
convocatoria directa al pueblo soberano es una necesidad durante el actual
proceso de paz y único garante de su éxito. Los acuerdos en los que
avance la mesa de diálogo requieren de la refrendación popular; por el calado y
profundidad de las temáticas de los acuerdos y el necesario blindaje de éstos,
la Asamblea Nacional Constituyente, se presenta como el desenlace lógico dentro
del proceso de solución política.
Presentamos
a la Mesa de Diálogo, 9 propuestas básicas para la Participación Política y las
garantías democráticas del pueblo colombiano, de acuerdo a lo contemplado en el
punto 2 de la Agenda entre el gobierno nacional y las FARC-EP:
1.
Desmonte efectivo del paramilitarismo
La
finalización del conflicto solo será posible, si se logra una desactivación
real de las bandas paramilitares que han germinado históricamente dentro de una
política de Estado. Partiendo de reconocer la responsabilidad política del
estado colombiano, y el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus
víctimas, se trata no solo de atacar el epifenómeno paramilitar armado sino sus
raíces sociales, económicas y políticas.
El
desmonte efectivo del paramilitarismo incluye la desarticulación de las
actuales redes que pretenden ser camufladas en eufemismos y nuevas denominaciones;
la purga de sus auspiciadores dentro de las FFMM; y la condena a sus
financiadores y tribunos entre empresarios, prensa, partidos y Estado, todo
ello con verificación internacional y de los movimientos sociales colombianos,
prestando especial atención a ofrecer garantías especiales a nivel regional y
rural para la democratización efectiva del poder local y la eliminación de las
auténticas “republiquetas” gansteriles y clientelares construidas por el terror
paramilitar.
2.
Transformación del régimen político y reforma a las instituciones actuales
Ante
el desbarajuste institucional producido por las sucesivas reformas a la actual
constitución (38 en 22 años) en especial el desbalance que introdujo la figura
de la reelección presidencial, y los mismos límites democráticos consagrados en
1991, se agudiza una revisión profunda del régimen institucional colombiano,
repensándolo desde el principio rector de la participación democrática del
pueblo.
El
equilibrio de contrapesos entre las ramas del poder público –hoy claramente
favorables al ejecutivo-; la elegibilidad y veeduría popular sobre
instituciones cardinales como la Junta Directiva del Banco de la República
rompiendo con la autonomía tecnocrática neoliberal instituida por la
Constitución de 1991; la participación de la rama judicial en la designación de
magistrados de las altas cortes; así como la eliminación de corporaciones
vetustas como la Procuraduría General de la Nación, son aspectos sustanciales a
ser tenidos en cuenta para la transformación orgánica del Estado colombiano,
refundado en función de los principios de participación popular y democracia
efectiva.
3.
Nuevo sistema electoral participativo y con garantías, que logre atacar el
clientelismo y los lastres que mellan el ejercicio democrático del voto
Un
sistema político azotado por más de 40 años de abstención mayoritaria, y donde
el reducido ejercicio del voto es expresión predominante de alteraciones y
anomalías, no puede considerarse democrático. Se requiere la construcción de un
poder electoral independiente, con participación directa de todas las fuerzas
vivas del país, que garantice equidad de condiciones en términos materiales y
políticos de todas las opciones partidistas.
Gran
aporte para el saneamiento de este sistema electoral corrompido y ventajoso
para la actual clase política, pasa por la modernización institucional y
técnica de la Registraduría Nal del Estado Civil, el CNE, y el mismo sistema de
identificación de la población y el censo electoral, que hoy paradójicamente
incluye muertos que votan y excluye a campesinos sin cédula. La
implementación del voto electrónico y la necesaria veeduría de UNASUR son
herramientas a ser tenidas en cuenta en esta transformación.
En
aras de garantizar la equidad de las diversas fuerzas políticas se requiere de
una clara reglamentación electoral que prohíba la financiación privada de las
campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital, y que
garantice el apoyo estatal a todas los partidos políticos y el acceso proporcional
a sus medios de información. De igual forma la eliminación de las múltiples
cortapisas que como el umbral excluyen de facto la participación electoral de
nuevos movimientos políticos y sectores minoritarios representativos de la
diversidad propia del país nacional. A contrapartida se debe avanzar en una
reglamentación que promueva la democracia interna de los partidos y otorgue
cuotas claras a la presencia de mujeres y jóvenes en las listas y cargos de
elección popular.
El
replanteamiento del ordenamiento territorial base del actual sistema electoral
es otro aspecto sustancial. El reconocimiento de las zonas de reserva
campesina, autonomías indígenas y afro-descendientes, -no como circunscripción
especial sino como entidades electorales y de gobierno propias-, en el marco de
la construcción de una representación política que exprese la diversidad
y el pluralismo característico de la nación colombiana, es una necesidad de
primer orden en una auténtica reforma política que transforme el ventajoso y
centralista esquema de elección parlamentaria y de administración pública.
4.
Un Estatuto de oposición para la inclusión y el buen gobierno
Habiendo
superado efectivamente la persecución de hecho, legal y extra legal, la
promoción y garantías institucionales para la oposición política y social deben
estar consagradas por un estatuto de oposición que impida la persecución
política y la estigmatización, brindando espacios mínimos para la veeduría y
participación de los partidos y movimientos alternativos a la coalición de
gobierno.
La
exigencia del estatuto de oposición, -propio de cualquier democracia liberal
madura-, no se trata de una mordaza que busque encorsetar el legítimo derecho
de oposición a normatividades impuestas, o peor aún avalar de forma
reduccionista solo determinadas tipos y organizaciones de oposición. Por el
contrario debe consagrar garantías para el conjunto de expresiones políticas y
sociales divergentes, y no solamente para aquellas que participan en el
parlamento, reconociendo como oposición las fuerzas que registren contradicción
ideológica y programática con el gobierno, evitando que este legítimo derecho
sea usurpado por las tensiones burocráticas o coyunturales de una coalición.
El
punto de partida de esta normatividad debe ser una clara y recia prescripción
del macartismo y demás prácticas discriminatorias y hostigadoras contra
el derecho a la oposición política y social, incluyendo sanciones
administrativas y penales. De igual forma se deben consagrar espacios mínimos a
los movimientos de oposición que garanticen su participación en todas las
ternas, la adjudicación de cargos dentro de los organismos de control,
asumiendo directamente el control fiscal de la república, y cuotas mínimas
en altas cortes, Junta Directiva del Banco de la República y el CNE.
Dentro
de un estatuto de oposición para la paz, el uso de los medios de información
del estado y la financiación estatal de partidos y movimientos políticos
discrepantes con el gobierno, serán garantes materiales y efectivos para no
acallar el disenso necesario en una auténtica democracia popular.
5.
Desarrollo de las libertades civiles y las garantías democráticas
Nuestro
régimen político solo conserva formalidades democráticas en el papel. El
terrorismo de Estado ha sido la práctica real que ha castrado la participación
política y ha acicateado el actual conflicto social armado. Ante esta ausencia
efectiva de democracia, se hace necesaria una transformación plena que parta de
reconocer el derecho a la memoria histórica de nuestro pueblo y
convierta el cambio de situación en su auténtica reparación.
Se
requiere garantizar derechos ciudadanos plenos a la totalidad de la nación
colombiana –incluida en ella a los actuales combatientes en el conflicto-;
desmontar las leyes liberticidas de Inteligencia y Seguridad Ciudadana, que
constriñen las libertades democráticas de expresión, organización y
movilización; otorgar efectivamente las garantías sindicales consagradas por
las normatividades de la OIT; así como la excarcelación de todos los
prisioneros políticos, procesados y condenados en el marco de una política
penal de criminalización de la protesta social.
Ante
un Estado renuente incluso al cumplimiento de sus propias normas y de pericia
histórica en negar sus crímenes y represión, se requiere un órgano permanente
de veeduría popular e internacional, con la participación de la oposición
política y social, de los movimientos sociales y populares, de juristas y
defensores DDHH y de la UNASUR, que fiscalice el ejercicio real de las
garantías democráticas y las libertades civiles.
6.
Construcción de la rama del Poder Popular, como columna vertebral de nuestra
democracia
La
concreción de la democracia pasa por el desarrollo y fortalecimiento de
mecanismos efectivos de participación del pueblo soberano, que erijan el Poder
Popular en una auténtica rama del poder público. La participación democrática
real no se ciñe al mero ejercicio del sufragio sino a la constante acción
vinculante de la ciudadanía en la cotidianidad de la política, que se expresa
tanto en los grandes temas y estructuras, como en las decisiones que mas
directamente afectan la vida de cada uno.
La
apuesta de una democracia participativa que inspirase al constituyente de 1991,
fue rápidamente lacerada por el espíritu tecnocrático que impregnó la reforma
al estado impuesta en la misma carta magna, y por una reglamentación
restrictiva que como la Ley de Participación Ciudadana –134 de 1994- asfixió
los mecanismos de participación directa consagrados en la misma constitución.
Construir
el Poder Popular como rama del poder público, -recuperando la idea del
Libertador del poder moral-, significa morigerar el peligroso presidencialismo,
mediante la habilitación y potenciación real de los diversos mecanismos de
participación popular: referendo, plebiscito, consultas, cabildos abiertos,
revocatorias de mandato, veedurías ciudadanas, iniciativas legislativas entre
otras, haciéndolos accesibles para el pueblo soberano y convirtiéndolos en
ejercicios constantes de nuestra vida política.
El
Poder Popular tendrá como escenario privilegiado los Cabildos Abiertos y
vinculantes en los que el pueblo soberano podrá deliberar y decidir sobre sus
planes de vida y desarrollo a nivel local y nacional. Se trata de romper con la
autoritaria lógica tecnocrática que prima en la elaboración de las políticas
públicas colombianas y separarse de ejercicios meramente cosméticos de
consultas a las comunidades, para desarrollar auténticos procesos de
construcción democrática de las políticas con participación oportuna y
decisoria del constituyente primario, sin que esto melle las necesarias
definiciones que exigen las problemáticas populares.
7.
Reforma doctrinaria y organizacional de las FFMM
Un
cuerpo castrense herramienta por décadas del terrorismo de Estado y de
autonomía desbordada frente al poder civil no es garante para la participación
política en nuestro país. La construcción de la paz requiere una refundación de
nuestras FFMM, renunciando a su tradición doctrinaria del enemigo interno,
impuesta en función de juegos geopolíticos ajenos a nuestros intereses como
nación. La ideología militar debe recuperar la tradición patriótica del
surgimiento de nuestras FFMM, reorientando nuestras tropas a la salvaguarda de
las fronteras y la soberanía nacional, haciendo un relevo de todos los
altos mandos deformados en un credo antidemocrático por la Escuela de las
Américas y demás academias imperiales, subordinando el poder militar a la
civilidad democrática y al Poder Popular.
Es
necesaria la reducción progresiva de por lo menos el 60% del ingente actual pie
de fuerza, proyectando la incorporación de nuestros actuales soldados a la vida
productiva de la nación. De igual forma, la reasignación del hipertrofiado
presupuesto militar, la supresión de unidades y cuerpos especializados que no
corresponden a un país en paz y la integración de combatientes insurgentes a
las nuevas FFAA, revisando experiencias internacionales de paz como las
de El Salvador o Sudáfrica, son propuestas claves a ser tenidas en cuenta para
otorgar plenas garantías a la participación política.
8.
Democratización de los medios de información como garante del debate
democrático contemporáneo y la participación política
Partiendo
de reconocer el derecho a la información como fundamental, el debate público
democrático debe salvaguardar la comunicación oportuna, veraz e
imparcial, como insumo fundamental en una democracia para el siglo XXI.
Se
requiere una normatividad que reglamente la responsabilidad de los medios de
información -como lo fue la Ley RESORTE en Venezuela- y que bajo la supervisión
del Poder Popular adecúe los contenidos mediáticos al fin supremo de la paz, la
reconciliación nacional y el enriquecimiento cultural y educativo de la
ciudadanía.
Una
democracia para la paz y la participación política de todos, requiere de la
democratización efectiva de los medios de comunicación. Proponemos una clara
regulación antimonopólica para los denominados multimedios y para cada medio en
particular (prensa escrita, radio y TV), buscando revertir el actual proceso de
concentración de éstos en grandes conglomerados. La normatividad debe consagrar
límites a la participación de cada uno de los agentes privados sobre
determinado medio, control a la propiedad cruzada e inversión extranjera en el
sector, y restricciones a la proporción del mercado publicitario concentrada
por cada operador.
De
igual forma debe garantizarse la diversidad geográfica y social de la
producción de contenidos, regulando cuotas de participación para medios regionales
y locales, buscando salvaguardar la multiculturalidad propia de la nación
colombiana.
Garantizar
efectivamente la pluralidad de opiniones, pasa por democratizar la propiedad de
los medios de comunicación. Proponemos que para los medios de radio y
televisión que usan el espectro electromagnético de la nación, se reglamente
una asignación por tercios para la ocupación de estas frecuencias -como lo ha
desarrollado la reciente ley de medios argentina-, que permita que operadores
del Estado, el capital privado y las organizaciones sociales no-estatales sin
ánimo de lucro, accedan equitativamente a la utilización de estos medios.
Los
medios de radio y televisión bajo la administración del Estado colombiano
deberán dar cuenta de la diversidad cultural y regional de éste, y garantizar
el debate democrático asignando espacios claros para la libre expresión de la
oposición política y social.
9.
Asamblea Nacional Constituyente representativa, como necesario punto de llegada
del proceso de democratización requerido para la paz
Como
conclusión obvia de las transformaciones mínimas para la participación política
en pos de la paz, los cambios de todo orden requieren de la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente que exprese y condense un nuevo pacto social
para la reconciliación nacional, con la participación directa del pueblo
soberano.
Desde
Marcha Patriótica vemos con escepticismo que el actual poder constituido, -que
ha excluido sistemáticamente la participación popular- sea el mejor escenario
para su propia transformación. Un parlamento ilegítimo y tozudamente
reaccionario no otorga garantías para que nuestro pueblo soberano, protagonista
principal de la auténtica democracia, participe decididamente. Los mecanismos
institucionales de un régimen nefando que ha engendrado la violencia, pueden
poner en tela de juicio la conquista de los acuerdos de paz que todos esperamos
con ansia.
Por
ello consideramos pertinente que mediante la invocación al constituyente
primario, se eleven a categoría constitucional los acuerdos para la paz que hoy
avanzan en La Habana, convocando una Asamblea Nacional Constituyente
-ANC- para su refrendación.
No
se trata obviamente de la propuesta constituyente de los propagadores del falaz
“estado de opinión”, que pretenden echar atrás la rueda de la historia.
Planteamos una ANC que partiendo de reconocer el rico componente de derechos y
espíritu garantista consagrados en 1991 -hoy profundamente alterado por la
plétora de regresivas reformas-, avance en construir un pacto social que
responda al presente reto de culminación del conflicto social armado interno.
Nuestra propuesta de ANC
para la paz, como desembocadura lógica del actual proceso de diálogo, no
puede contemplarse circunscrita a las actuales reglas del juego electoral que
precisamente consideramos fraudulentas. Una auténtica ANC para la paz, que
busque expresar la diversidad política y social de la nación debe garantizar
cuotas de participación para los movimientos insurgentes en proceso de
paz, los partidos políticos que se someten al actual sistema electoral, y
al conjunto de la sociedad civil organizada -desde los gremios económicos hasta
las víctimas-, pero muy especialmente al movimiento social y popular
históricamente excluido de las decisiones trascendentes de nuestra vida
política. Solo mediante esta efectiva inclusión del conjunto de las fuerzas
vivas del país se podrá edificar una auténtica democracia popular para la paz.
Foro de Participación Política
Bogotá, abril 28 de 2013
Bogotá, abril 28 de 2013
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