El gran acto con la tierra, actuación hipócrita de la institucionalidad.

2016/agosto 06/Coordinación Campesina del Valle del Cauca


EL GRAN ACTO CON LA TIERRA, ACTUACIÓN HIPÓCRITA DE LA INSTITUCIONALIDAD.



El pasado 1 de septiembre tuvo lugar en Buga el evento denominado “El Gran Pacto por la Tierra”, que según su convocatoria tenía como objetivo informar sobre la metodología para la implementación en el Valle del Cauca del Acuerdo sobre Reforma Rural Integral de La Habana, por parte de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras. A pesar de la mala organización logística en términos de transporte, acudieron más de un millar de trabajadores rurales desde las diferentes latitudes del departamento, entre ellos ciento veinte campesinas y campesinos voceros de las organizaciones que constituyen la Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC), entre éstas la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA).

Las expectativas del campesinado se fueron desvaneciendo a medida que pasaban los minutos y el carácter del evento se iba revelando. Al final, más que un “gran” pacto por la tierra, lo que hubo en la estación del ferrocarril de la ciudad de Buga fue una actuación hipócrita de la institucionalidad, a lo cual hemos llamado “el gran acto con la tierra”.

La primera escena, ejecutada por los animadores centrales (Institucionalidad) y los actores de reparto (campesinado), consistió en la tradicional entrega de refrigerios y los juegos de distracción con premios a los más “competitivos”. Seguidamente, los actores protagónicos hicieron presencia en el escenario, los directores de la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, Miguel Samper y Ricardo Sabogal, respectivamente, con la promesa de entregar 4.400 hectáreas a los campesinos sin tierra sin generar mayores precisiones, dejando profundas dudas en los habitantes del sector rural. El acto fue acompañado por los co-protagonistas, la señora gobernadora del departamento y alcaldes municipales asistentes. En esta escena el discurso institucional reconoció la justeza de la histórica lucha del movimiento campesino colombiano por sus derechos, ofreciendo cifras y estadísticas que expresaban lo que toda la vida han denunciado y reclamado las organizaciones campesinas, sólo que ésta vez en clave de una política oficial, sin hacer ninguna mención al también histórico desconocimiento de éste sector y al total abandono por parte el Estado, desconociendo la responsabilidad histórica del Estado ante la tragedia campesina.

A continuación la escena principal, en ésta, los actores principales hacen pasar a algunos actores de reparto seleccionados anticipadamente gracias a sus características de pobreza y condición de víctimas del conflicto, para devolver los derechos vulnerados hace más de 15 años. La aparición momentánea del Batallón Palacé de Buga, condenado por sentencia del Consejo de Estado por su connivencia con el accionar paramilitar en la masacre de Alaska, buscaba en efecto, engrandecer la figura de “funcionarios benevolentes representantes de un gobierno aún más benevolente, redentor de los desterrados”. No obstante, hasta la fecha el Estado y la fuerza pública parecieran ser deliberadamente negligentes para cumplir con el perdón público que desde hace años vienen exigiendo las víctimas.

El segundo acto fue completado por la instalación de carpas por parte de la agencia nacional de tierras y la Unidad de Restitución, donde ubicaron algunos de sus funcionarios para atender las inquietudes sobre tierras de los campesinos que las presentaron. Sin embargo, esa atención no solucionó las inquietudes del campesinado, en tanto remitieron a las personas a buscar asesoría en la oficina de Cali o a consultar en internet. Esta situación no dejó más que desconcierto a quienes pensaron que por fin les iban a ayudar a resolver sus problemas con los predios. Para rematar, el Departamento de Policía del Valle (DEVAL), haciendo eco a la guerra, expuso en un evento masivo, armas de distinto tipo y de distinto calibre.
Finalmente, cierra del gran acto con sesión de besos, fotos para todos, minicajita de arroz mixto para los que alcanzaron y todos para su casa sin tierra, sin vivienda y sin perdón público.

Nos alarma que este tipo de actos hipócritas por parte de la institucionalidad sean el preámbulo del inicio de la implementación de los acuerdos de La Habana en el Valle del Cauca, porque de serlo, tergiversan el espíritu, la filosofía y los objetivos de los mismos. Como organizaciones que representamos la dignidad del campesinado, nos permitimos llamar la atención a sus organizadores al menos en los siguientes aspectos:

1.            El campesinado se respeta. Utilizar los anhelos de paz y reconciliación de los campesinos, junto a sus sentidas necesidades a la tierra, la asistencia técnica, la financiación para proyectos productivos, etc., con el objetivo de vanagloriar unas instituciones que hasta ahora han hecho muy poco en pro de la satisfacción de los derechos campesinos colombianos, es casi tan vil como la guerra que por décadas adelantaron los terratenientes y poderosos del país para acabar con su cultura y economía propias. Cumplan su función al menos en un 80% de los casos por resolver, y ahí sí festejemos.

2.            Las víctimas tienen memoria. Hacer entrega de tierras y apoyo económico a familias campesinas desplazadas por la incursión paramilitar en Buga, y ni siquiera mencionar a los responsables de estos hechos victimizantes utilizando el eufemismo de “actores armados ilegales” con la participación del Batallón Palacé, quien fuera cómplice en la masacre de Alaska, es insultar el dolor y pisotear la memoria de las víctimas, más aún cuando después de 15 años no ha habido verdad, reparación,  justicia, ni garantías de no repetición para éstas.

3.            Sin participación no hay paz. Traer y llevar campesinos de un lado a otro sin la mínima posibilidad de pronunciarse transgrede los preceptos básicos de la democracia y de los acuerdos de la mesa de diálogo de La Habana. Los campesinos y sus organizaciones tienen voz y propuesta para posibilitar las necesarias reformas del sector agrario en el departamento; el campesinado no es ficha para mostrar a ningún sector político. La lucha de la CCVC y ASTRACAVA precisamente radica en ello, en lograr el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos, cosa que se pasó por alto en el evento del pasado 1 de Septiembre.

4.            La CCVC y ASTRACAVA organizaciones representativas del campesinado vallecaucano seguimos insistiendo en la instalación de una mesa de concertación campesina con la Gobernación del Valle, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, entre otras instituciones que tienen que ver con el campo, para construir propuestas que deriven en solución de los problemas asociados a la injusta estructura de la propiedad de la tierra, inversión en proyectos productivos, de comercialización, de infraestructura, de desarrollo territorial, de conservación del medio ambiente, de fomento a la asociatividad y el cooperativismo, pero sobre todo hacia permitir la democracia en el campo.

5.            El logro por la paz con justicia social ha sido uno de los objetivos de nuestras luchas desde los primeros años de nuestro nacimiento como organizaciones campesinas. Por lo cual fomentamos la participación política del campesinado organizado en los diferentes espacios de toma de decisiones, pues consideramos que la paz de la nación colombiana implica la profundización de la democracia en todos los ámbitos. Las instituciones gubernamentales de todos los niveles deberían fundamentar su accionar bajo ese precepto y así entender que los protagonistas de la historia no son los actores institucionales y su acto hipócrita, sino las organizaciones campesinas y su histórica lucha por un construir un verdadero pacto por la tierra.

6.            Como organizaciones campesinas integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, venimos impulsando la campaña La Paz SÍ es contigo, que pretende sumar una inmensa cantidad de colombianos en respaldo al SÍ en el plebiscito por la paz.

¡POR LA PAZ DE LA NACIÓN EL CAMPESINADO LE PONE EL CORAZÓN!

Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA
Coordinación Campesina del Valle del Cauca - CCVC
Palmira, Valle del Cauca. Agosto 2 de 2016.

Breve análisis de los resultados electorales del pasado domingo 25 de octubre. -Primera Entrega-

2015/Noviembre 11/Comisión Departamental Electoral/Marcha Patriótica/Valle del Cauca

BREVE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL PASADO DOMINGO 25 DE OCTUBRE.


Camilo Ernesto López Meneses
Comisión Electoral Departamental – Marcha Patriótica.
Valle del Cauca

Es evidente que los resultados electorales del pasado domingo 25 de Octubre dejan mucho que desear a los sectores democráticos y de izquierda y entre ellos a la Marcha Patriótica. Tanto en el panorama nacional como regional, los partidos de derecha que gobiernan el país, no sólo se mantienen en el poder de los ejecutivos y legislativos en departamentos y municipios, sino además, mientras que los sectores democráticos y de izquierda retroceden, la derecha avanza con pasos de animal grande, como puede demostrarse con el ascenso en el nivel nacional de Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, siendo la elección de Enrique Peñalosa uno de los elementos centrales en la estrategia creada desde el alto gobierno, gremios, instituciones y medios para aislar a la izquierda y fomentar el poder de la derecha de cara a un acuerdo definitivo de los procesos de Diálogo, tanto del que se iniciará con el ELN como el bastante avanzado con las FARC – EP. 

El presente análisis sucinto, pretende aportar en la discusión mediante la generación de algunos elementos que podrían ser tenidos en cuenta, en el diagnóstico de la situación y en la formulación de propuestas para avanzar; aunque este análisis recoge elementos del contexto nacional, particulariza la situación del Valle del Cauca. 

I. LOS RESULTADOS ELECTORALES NO REDEFINEN EL PANORAMA POLÍTICO DEPARTAMENTAL.

Como se ha reiterado, los partidos del bloque de gobierno Liberal, la U, ASI y Cambio Radical que convergen en la denominada Unidad Nacional, fueron los principales beneficiados de la contienda electoral en el Valle del Cauca, toda vez que obtuvieron la Gobernación y la elección de 25 de las 42 alcaldías. En efecto el Partido de la U, logró 13 de las 42 alcaldías, el Liberal 6, AICO 4, ASI 3 y Cambio Radical 1 ; por su parte el Partido Conservador obtuvo 7 alcaldías, MAIS 2 y el Centro Democrático una, las otras 5 alcaldías fueron obtenidas por coaliciones entre Liberales - Cambio Radical - U, Liberal – U, ASI – Centro Democrático y candidaturas aparentemente independientes pero con el respaldo de maquinarias políticas, como es el caso de Maurice Armitage alcalde electo de Santiago de Cali, apoyado por las castas empresariales caleñas, el Partido Conservador, el Centro Democrático entre otros partidos.

Aunque la abstención electoral en el departamento disminuyó levemente en las actuales elecciones (de 49,1% del total de sufragantes en 2011 a 48,71% en 2015, disminuyendo en 1,19%), 508.006 personas votaron por la candidata Dilian Francisca Toro, quien fue electa como gobernadora por el 29,4% de los vallecaucanos aptos para participar en los comicios electorales. La alianza realizada por el Partido Conservador y el Centro Democrático, conllevó a que Christhian Garcés lograra 355.321 votos. La Alianza Verde alcanzó 120.234 votos y el candidato de la Alianza PDA – UP, 60.617 votos. Por otra parte, los votos en blanco (268.977), nulos (68.936) y no marcados (194.409) sumaron 532.322 votos, 24.316 más que la candidata electa como gobernadora, que representan el 30,81% del total de sufragantes, en una tendencia creciente por cuanto en las elecciones de 2011 constituyeron 354.705 votos, el 22,5%.

La Asamblea Departamental de Diputados del Valle quedó conformada así: la U con 5 curules, Liberales 4 curules, Conservadores 4 curules. Cambio Radical, Alianza Verde y Centro Democrático con 2 curules cada uno y el PDA y Mira con una curul cada uno.  

Los sectores democráticos y de izquierda son quizás los que salen peor librados de estas elecciones, en tanto que, primero, aunque el candidato a la gobernación del PDA logró cerca de 27.000 votos más que en 2011 (que representan un 63,4% más), esta votación aún sigue siendo lejana como para pensar en una gobernación de izquierdas, como son insuficientes los 6.887 votos de la UP (2.000 más que los obtenidos para las elecciones de Cámara de Representantes de 2014), para pelear una curul en la asamblea de diputados; segundo, por la disminución del caudal electoral del PDA en su candidatura a la Asamblea Departamental en una magnitud de 26.662 votos (con respecto a los obtenidos en los comicios de octubre de 2011), manteniéndose con un diputado, Rolando Caicedo, quien fue cuestionado en el pasado inmediato por su voto a favor de las medidas del gobierno departamental de afrontar la crisis de la salud a través de la liquidación de hospitales y centros de salud; tercero, por la dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda para afrontar la candidatura a la alcaldía de Cali, ya que el PDA se presentó con Wilson Arias (quien obtuvo 17735 votos) y el MAIS – UP con María Isabel Urrutia (con 6.476 votos), lo que indujo a que éstas fuerzas perdieran sumadas 63.923 votos con respecto a las elecciones de 2011, lo que representa 72,53% menos y cuarto, por la imposibilidad de traducir las aspiraciones populares en la conquista de ninguna alcaldía en el departamento.

La magnitud de los votos nulos, no marcados y en blanco, en el sistema electoral colombiano y en el Valle del Cauca, indican la existencia de sistematicidad para no votar por ningún partido, derivada de la inconformidad de profundas dimensiones en el electorado, la ilegitimidad del sistema electoral, la crisis de los partidos políticos corroídos por la corrupción, el clientelismo y la inmoralidad, como también por la incredulidad y desesperanza que representa para la mayorías la participación en un proceso electoral profundamente antidemocrático, que no garantiza el cumplimiento efectivo del derecho a elegir y ser elegido.

Desde este punto de vista, aunque la gobernación cambie de partido (Partido Conservador por el Partido de la U), el bloque de poder dominante se mantiene, situación que se demuestra como quiera que buena parte del empresariado y de la maquinaria política que posibilitó la elección de Ubeimar Delgado como gobernador en las elecciones atípicas de 2012, hicieron lo propio con Dilian Francisca el pasado 25 de octubre. Pero más allá de las personas y los partidos, se perpetúan los planes del gobierno nacional de continuar la privatización, la reprimarización de la economía y el acondicionamiento del departamento a los requerimientos del gran capital en el contexto de la Alianza del pacífico que presupone a Buenaventura como enclave de servicios portuarios y la infraestructura vial del Valle del Cauca como red multimodal de flujo unidireccional de capital hacia el exterior, siendo Cali, la ciudad en donde convergerán una porción de los negocios y del capital de la alianza.

II. FACTORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS FAVORABLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE DERECHAS EN EL PODER

1. FACTORES OBJETIVOS

- La estructura de representación bipartidista que como lo señala Reinaldo Spitaletta se mantiene desde finales del siglo XIX, y que fuese perfeccionada durante el Frente Nacional[i], ha logrado controlar poblaciones como feudos electorales. Con el paso del tiempo los partidos Conservador y Liberal, han venido “diluyendo sus diferencias ideológicas”[ii], por el pragmatismo electoral propiamente dicho, gestando alianzas que en el pasado habrían sido considerado inverosímiles como la de Ubeimar Delgado en las elecciones atípicas de 2012 (a la gobernación del Valle), el apoyo a Dilian Francisca Toro a la Gobernación que contó con el firme respaldo de gamonales políticos de distintas tendencias, excepto naturalmente de la crema y nata de la burguesía conservadora vallecaucana que candidatizó a Christhian Garcés con el respaldo del Centro Democrático.

El respaldo poco decidido del liberalismo a su candidato a la gobernación, Oscar Gamboa; la alianza de los conservadores en el poder de la alcaldía de Cali con Maurice Armitage, que logró adherir al Centro Democrático y dirigentes de distintos partidos que abandonaron a Angelino Garzón cuando su campaña se venía abajo, son solo algunos de los casos del proceso de dilución de las diferencias ideológicas.

Esta tesis se demuestra además porque, excepto el PDA, la UP (cuya personería jurídica data de 1984) y las tendencias democrático – progresistas de la Alianza Verde, los partidos emergentes de la reforma política derivada del Acto Legislativo 01 de 2003, han sido controlados por las casas políticas de la plutocracia colombiana que hicieron pactos con la mafia y el paramilitarismo en todas las regiones del país para detentar el poder, situación que no solo no ha sido investigada a profundidad por las instituciones, ni difundida por los medios y mucho menos aclarada por sus dirigentes. Los cuatro partidos que sobrevivieron a la hecatombe de la parapolítica y que han sido contaminados sistemáticamente por el fenómeno del paramilitarismo son Cambio Radical fundado por el hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, Opción Ciudadana (nuevo nombre del antiguo PIN que a su vez resultó de la mutación del MIO y éste de Convergencia Ciudadana), el Partido de la U y el Centro Democrático; no obstante, políticos y dirigentes de los partidos Liberal y Conservador también han sido investigados por vínculos con la mafia y el paramilitarismo.

Por otra parte, una de las pocas diferencias evidentes entre los viejos y nuevos partidos proviene del respaldo al proceso de paz con los grupos insurgentes; como se sabe, el Centro Democrático ha expresado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con la salida política y dialogada del conflicto social y armado. Por lo demás, en términos de política económica, agenda interna, burocracia institucional, relaciones internacionales, las diferencias de las tendencias mayoritarias al interior de los partidos son menores y obedecen a razones más circunstanciales que de fondo.

- El sistema electoral colombiano diseñado en función del mantenimiento del statu quo y los privilegios de clase de industriales, banqueros, grandes comerciantes, terratenientes y de las estructuras políticas descritas que han mal gobernado la nación, primero ha impedido el ejercicio del derecho universal de elegir y ser elegido, y segundo, ha negado a los partidos minoritarios alcanzar los cargos de representación popular. Lo primero por cuenta de los innumerables requisitos incluso de capital y/o bienes inmuebles para la postulación de candidaturas independientes de los partidos que cuentan con personería jurídica lo cual puede considerarse con certeza como una característica regresiva y anquilosada a las formas jurídicas del siglo XIX. Lo segundo, producto de la aritmética electoral contemplada en el Acto Legislativo 001 de 2003, que deriva en una distribución inequitativa e injusta de las curules a otorgar, como lo sucedido con la UP en las elecciones al Concejo de Bogotá D.C., que con más de 35.000 votos no obtendrá una curul, mientras si lo hicieron candidatos de los partidos de gobierno aunque individualmente obtuvieron una votación mucho inferior.

El sistema electoral es entonces un modelo fundamentado en un principio de justicia redistributiva a la inversa, como quiera que, paralelamente a las enormes dificultades económicas, publicitarias y de seguridad de los partidos minoritarios para posibilitar su participación en el proceso electoral, exige umbrales para otorgar curules, personerías jurídicas y reposición de gastos; castigando a los partidos y movimientos que no alcancen los mínimos establecidos en la ley. De este modo, se privilegia el otorgamiento de curules a los partidos mayoritarios con fuerte musculo financiero, generalmente aliados del gran capital, de los políticos corruptos y/o de la mafia, quienes surten los trámites respectivos sin mayores inconvenientes.

- No obstante todos los partidos están sometidos a umbrales y topes mínimos de respaldo popular como medio para acceder a la compensación de gastos de las campañas electorales por parte del Estado, las dificultades son mayores para los partidos minoritarios, dado que, las entidades electorales demoran deliberadamente la ejecución de los adelantos de los recursos que estos partidos necesitan para la campaña electoral, un ejemplo de esto, fue la demora en la adjudicación de los recursos para la UP en la campaña al Congreso de la República de 2014 . Por su parte, los partidos del bloque de poder sufragan los gastos de campaña sin contratiempos, no solo por la efectividad de las entidades electorales, sino (y principalmente) por el histórico clientelismo que se constituye en un elemento de coacción del “voto libre”, el uso de recursos públicos, los contratos, los aportes privados, el apoyo influente, antidemocrático y desequilibrador de los medios de comunicación, la inexistencia de controles reales sobre los gastos en campaña, son todos ellos factores que condicionan la inequidad entre los partidos políticos en contienda, inequidad como base del sistema pseudo - democrático de la nación.

Estas desavenencias del sistema electoral colombiano contra la democracia real, de las instituciones que no tienen la intención de controlar efectivamente ni eficientemente los montos de las campañas de los distintos partidos políticos, promueven que aquéllos que están permeados (o inundados) de mafia, corrupción, clientelismo, como de aquéllos que son objeto de inversión de los grupos económicos y de las familias más adineradas y poderosas de la nación, se constituyan en verdaderos mercados/clusters de negocios electorales que compran y venden votos. Las rifas de electrodomésticos de bajo y alto costo, los paseos, la contratación de reconocidas agrupaciones musicales, la francachela plena con trago y comida en los eventos de campaña, las promesas de puestos burocráticos y contratos para amigos y familiares, como la compra de votos en plata blanca, son parte de las distintas modalidades de comprar votos y conciencias, hacen parte de los desequilibrios históricos del sistema electoral colombiano.

- El monopolio del control en los medios de comunicación propiedad de los gremios económicos y políticos más poderosos del país, genera simultáneamente tres fenómenos: uno, campañas negras hacia los candidatos alternativos con posibilidades de ocupar cargos de elección popular; dos, cercos mediáticos hacia los partidos democráticos y de izquierda que les impiden generar opinión pública y controvertir los señalamientosy; tres, respaldo sistemático e irrestricto a los candidatos del bloque de poder. Esto provoca que se demonizan las propuestas y acciones de las candidaturas alternativas y se omite información de los errores, líos judiciales, actos de corrupción de los partidos de derecha. Los medios masivos de comunicación desde este punto de vista, mienten, desinforman y manipulan cínica y reiteradamente desde el momento después de conocerse los resultados de una elección, de hecho en Bogotá, se hizo evidente la campaña de todos los medios de comunicación contra la administración de Gustavo Petro, que lo hizo culpable ante la opinión pública hasta de los asuntos más triviales de la sociedad bogotana. Aunque esta estratagema estuvo diseñada principalmente para Bogotá, la repercusión en enlodar el buen nombre de la izquierda es de carácter nacional.
 
- Fraude electoral en los periodos de escrutinio, tanto en las mesas de votación como en los puntos centrales de reconteo, montajes de registradurías paralelas, funcionarios corruptos[iii]  y software intervenido para privilegiar candidaturas, como sucedió en la primera elección del expresidente Alvaro Uribe Vélez[iv].

- Estructura y conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC); los magistrados de los espacios electorales son nombrados por el Congreso de la Republica, que a su vez han sido electos mediante formas fraudulentas y antidemocráticas; esto genera un círculo vicioso y de impunidad, de “yo te elijo, tu me absuelves”.  En tanto las mayorías en el Congreso pertenecen a los partidos del bloque de poder dominante, la estructura y conformación tanto del CNE como de la RNEC variarán en proporción directa a la forma en que se constituya el Congreso de la República, en el cual como es consabido, priman los sectores afines a la maquinaria del santismo y la ultraderecha representada en el Centro Democrático.

La desvencijada democracia colombiana y el bloque de poder hegemónico, naturalmente, han planificado mantenerse en el poder, lo cual deviene en la inexistencia de condiciones óptimas para la participación electoral a los sectores democráticos y de izquierda; no obstante, sería absurdo que el bloque de poder que se ha enriquecido -y lo seguirá  haciendo a futuro- a costa del saqueo de los recursos institucionales, naturales y financieros de la nación,  defina por “humanismo” participar del ejercicio democrático en igualdad de condiciones con quienes representan a los pobres, a los oprimidos, a las reivindicaciones de buen vivir, a los campesinos, a los obreros, a la clase media y a las élites nacionalistas, menos aún, cuando ha echado mano de todos los medios posibles para combatir los ideales de vida, dignidad, justicia social, democracia, soberanía, equidad, paz, distribución de las riquezas,  solidaridad y libertad, que encarnan los proyectos democráticos y de izquierda.

Si las condiciones estuvieran dadas, este país no sería la Colombia que conocemos y la lucha por democratizar la nación, que desde hace décadas viene dando el movimiento popular sería anacrónica y sin sentido. Y sin embargo, éste tiene y tendrá sentido, siempre que desde la base, todos los sectores sociales que históricamente han sido excluidos de todas las esferas del poder, participen amplia y democráticamente de la transformación de esta gran nación. Por ello y para ello, es inaplazable discutir los factores subjetivos que han incidido en los fracasos electorales, no sólo para describirlos y enumerarlos, sino para éstos sean superados a través del trabajo arduo y constante de las organizaciones y las comunidades.

El arte de vencer se aprende en las derrotas, decía Simón Bolívar. Vencer, propósito que depende más de la praxis de todos y cada uno los integrantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, del trabajo en las calles y en los campos, que de estas líneas.



[i] SPITALETTA, Reinaldo. De votaciones y monjitas. Columna. El Espectador. Lunes 26 de Octubre. En: http://www.elespectador.com/opinion/de-votaciones-y-monjitas
[ii] Idem.
[iii] En las elecciones atípicas a gobernación del Valle realizadas en 2012, la Fiscalía General logró capturar funcionarios de la Registaduría Nacional que pretendían hacer fraude en favor de una de las candidaturas, como en su momento lo señalaron los medios de comunicación. Los cabos sueltos de la registraduría paralela en el Valle. Revista Semana. 2012/07/03. En: http://www.semana.com/buscador?query=cabos%20sueltos%20registraduria%20paralela%20valle
[iv] Como se hizo el fraude. Revista Semana. 2006/04/08. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/como-hizo-fraude/78258-3

Ante La Campaña De Desinformación De La Gobernación Del Valle Y La Alcaldía De Tuluá Exigimos Rectificación Pública.

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL



Ante La Campaña De Desinformación De La Gobernación Del Valle Y La Alcaldía De Tuluá Exigimos Rectificación Pública. 
 
* Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA 



La Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, integrantes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, MIA, organización que hizo parte de la convocatoria y proceso de construcción de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica Campesina y Popular realizada en la ciudad de Bogotá los días 15, 16 y 17 de Marzo en la que participaron más de 50.000 campesinos, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, obreros y sectores popular de toda la nación colombiana, manifiesta a la comunidad nacional e internacional, su completo rechazo a la campaña de desinformación y estigmatización que viene siendo impulsada por la Gobernación del Valle del Cauca y por la Alcaldía de Tuluá, contra las organizaciones legal y legítimamente constituidas.


El pasado 7 de Abril en reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, del municipio de Tuluá, se presentaron serias irregularidades que violan el marco democrático que rige y caracteriza el espacio más importante de participación de las comunidades campesinas y rurales, como se puede demostrar en los siguientes hechos:

1. Como espacio asambleario, es deber de quien preside someter el orden del día a discusión de los delegados de acuerdo con la propuesta construida previamente en la comisión técnica; y los delegados tienen plenos derechos de modificarlo parcial o totalmente. No obstante el 7 de abril se impuso un orden del día diferente al construido por la comisión técnica el 3 de marzo, y se rechazó la propuesta de plantear el punto del pacto agrario en términos de su discusión y no de su contextualización, con el falso argumento de que para eso era el punto. 

Falso argumento, en la medida que en el desarrollo de la sesión del CMDR, los campesinos abrieron la discusión del pacto agrario luego de la “contextualización” expuesta por el delegado de la secretaria departamental de Agricultura, Sr.  James Ávila, proponiendo que se la suscripción del CMDR al Pacto Nacional Agrario, se sometiera a votación, antes de avanzar al punto del trabajo en mesas. El secretario municipal de agricultura  rechazó la propuesta, según él porque el orden del día ya se había aprobado. Recaba en falsedad, porque en efecto el siguiente punto era trabajar en mesas de acuerdo a los ejes del pacto para llenar los formatos enviados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, lo que implicaba obviamente avalar el pacto agrario de facto sin mediar ninguna discusión.

Con este manejo corrupto y antidemocrático, queda claro que la intención de la alcaldía de Tuluá y de la Secretaria de Agricultura, era la ratificación del Pacto Nacional Agrario del Gobierno Nacional, a través del diligenciamiento de los formatos del Pacto por parte de los delegados campesinos al CMDR, ratificación subrepticia, sin discusión y a pupitrazo limpio, que implica instrumentalización del campesinado.

2. Producto de la negativa a discutir cualquier propuesta que se planteara por parte de las organizaciones y ante la actitud impositiva de la presidencia del CMDR, más de la mitad de los  delegados se retiraron del CMDR, dejando por sentado su rechazo al pacto y al manejo autoritario del CMDR.

Por si fuera poco, el señor secretario de servicios administrativos de la alcaldía, Dr. Divier Velásquez, criticó la actitud del campesinado, planteando que el rechazo al pacto agrario y la decisión de los campesinos de retirarse del CMDR era una idea impuesta por el equipo técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, CCVC y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA.

3. Vale ratificar que las organizaciones que convergen en el Coordinador Nacional Agrario, CNA, en el Congreso de los Pueblos, en la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, en la MIA Valle del Cauca y en la Marcha Patriótica, tanto en las cumbres preparatorias que se realizaron en distintos municipios del Valle del Cauca, en la cumbre Departamental, como también en la Gran Cumbre Nacional Agraria, Etnica, Campesina y Popular, ratificaron su negativa a participar del Pacto Nacional Agrario.

Así mismo, la negativa a suscribir el Pacto Nacional Agrario del Gobierno Nacional fue discutida en la Asamblea Departamental de delegados de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, ASTRACAVA, donde se decidió mantenerse al margen de este Pacto y desarrollar los mandatos, conclusiones y el Pliego Unificado de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular.

Vale preguntarnos entonces ¿Qué instancia es la que impone su visión del mundo rural, de la problemática y de las propuestas de solución? ¿Aquéllos que son agenciados por el gobierno, en donde como podemos demostrar se coarta el derecho a la libre expresión, se reniega de la democracia y banalizan las decisiones legítimas de las organizaciones campesinas?, o ¿Aquéllas que siendo promovidas por los pueblos brindan todas las garantías para la participación, en espacios verdaderamente democráticos?

4. El Sr. James Ávila, delegado de la Secretaria de Agricultura y Pesca, SAP, de la Gobernación del Valle, quien realizó una presentación del Pacto Nacional Agrario, aseveró que éste era un proceso participativo resultado de los acuerdos con los campesinos luego del Paro Nacional Agrario del 2013; además, aseguro que voceros de la MIA que supuestamente fueron candidatos en las pasadas elecciones parlamentarias y salieron derrotados, ahora están buscando al gobierno para que los incluya en el pacto. Grave falta a la verdad, a la razón y a la historia de los pueblos, la que comete el Sr. James Ávila, de la SAP.

Primero porque EL PACTO NO ES UN PROCESO PARTICIPATIVO RESULTADO DE ACUERDOS CON EL MOVIMIENTO AGRARIO COLOMBIANO. Todo lo contrario, “El Pacto” es una política impuesta por el gobierno nacional y los gremios para reencauchar su fallida locomotora neoliberal agropecuaria. No puede decirse que el Pacto sea resultado de acuerdos, cuando con la MIA no ha existido acuerdo alguno, distinto al del cese de los bloqueos en las carreteras de Colombia como gesto de buena voluntad para el inicio de la negociación del pliego con el Gobierno, quien ha supeditado la suscripción al Pacto como la única posibilidad de acceso a los recursos para el agro.

Segundo, el Pacto fue elaborado a la medida de los empresarios del agro, ganaderos, terratenientes, agroindustriales de la palma, el banano, el azúcar, entre otros, de gremios como FEDEGAN y la SAC, que controlan el mercado, los subsidios, el crédito, la tierra, la infraestructura y el agua; no partiendo de las necesidades históricas de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que se hicieron manifiestas en los pliegos del Paro Nacional Agrario.

Tercero porque la MIA no es una organización político-electoral, es una coordinación creada por las organizaciones campesinas para la negociación del pliego con el Gobierno Nacional. Como instancia de coordinación reivindicativa está impedida para participar en la contienda electoral. Pero fundamentalmente, no existió interés alguno por parte de la MIA y de las organizaciones campesinas, indígenas y populares que la integran en participar en las elecciones pasadas, por tanto ninguno de nuestros voceros ha salido derrotado de elección alguna.

Comentarios mal intencionados aquéllos expuestos por el Dr. Ávila, cuando manifiesta que los voceros de la MIA “están buscando al gobierno para que los incluya en el pacto”. Redunda en falsedad, porque desarrollando los principios democráticos, la MIA elevó consulta a nivel nacional y en los departamentos, sobre la pertinencia de suscribir “el Pacto”. Los resultados de dicha consulta se han hecho saber públicamente. Ningún departamento en los que se ha creado la instancia de coordinación MIA, como tampoco la MIA Nacional han suscrito el Pacto; en efecto los voceros departamentales y nacionales no han escatimado esfuerzos para criticar al Pacto Nacional Agrario, para dar a entender a las comunidades urbanas y rurales que el Pacto no solo no resuelve los problemas agrarios de la nación colombiana: sino que los agudiza. El Pacto, es un negocio diseñado en función de los intereses de los grandes productores agroindustriales, de los intereses de los terratenientes,  un modelo agrario neoliberal que acelera el establecimiento de los agronegocios en contravía de la economía campesina se ha dicho.

Cuarto, como lo plantea la Declaración Política de la Asamblea Departamental de ASTRACAVA, “el Pacto Nacional Agrario es una política impuesta, una jugada clásica de gobiernos autoritarios que tienden al fascismo que, no solo, no reconoce los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, sino que además niega de facto los convenios internacionales firmados por el Estado Colombiano, como el Convenio 169 de la OIT”.

Le exigimos al Dr. Ávila de la SAP, al Dr. Velásquez de la alcaldía de Tuluá y a la Alcaldía Municipal a retomar la ley 160 de 1994 y los principios que esta emana en torno al funcionamiento del CMDR como un espacio de efectiva participación democrática de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas residentes en las zonas rurales, a cesar la persecución, estigmatización y señalamiento de las comunidades y sus organizaciones legal y legítimamente constituidas.

La Constitución Política de Colombia no solo nos permite organizarnos, sino también disentir de aquello que consideramos perjudicial para las comunidades y organizaciones que representamos. En espacios participativos y de verdadera democracia, a la luz de los hechos, a la luz de la historia, hemos decidido no vincularnos al Pacto Nacional Agrario, pues esta es una política regresiva, poco democrática, que no garantiza los derechos de campesinos, indígenas y afrocolombianos, que no reconoce la importancia de la economía campesina, que no tiene en cuenta nuestras propuestas.

Exigimos entonces garantías para que el campesinado Vallecaucano participe en los CMDR activa y propositivamente; no en calidad de convidados de piedra, pues el campesino, como cualquier ciudadano colombiano es sujeto de derechos.

Exigimos a la Gobernación del Valle del Cauca, a la SAP y al Dr. Ávila en calidad de delegado de esta instancia del gobierno departamental, a corregir públicamente lo manifestado en el CMDR de Tuluá del pasado 7 de Abril del presente año. Instamos a los entes de control para que impidan que este tipo de impases en los que se tergiversa la verdad no se vuelvan a presentar y a sancionar a los funcionarios públicos que incurran en ellas.

Finalmente, la Coordinación Campesina del Valle del Cauca y ASTRACAVA reiteran el llamado a la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle al respecto de crear un espacio de interlocución con el movimiento agrario vallecaucano, que permita intercambiar propuestas a través de medios respetuosos y formales, que no den pie a la grotesca difamación y sobre todo para que permitan encontrar los medios para construir una política pública departamental incluyente, democrática y participativa.
 
Junta Directiva Departamental. ASTRACAVA.

Palmira, Valle del Cauca. Abril 11 de 2014
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