El 31 de julio de 1999 el departamento del Valle del Cauca fue sacudido por la primera masacre oficial de los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La masacre se produjo en el corregimiento La Moralia de Tuluá, donde Sandra y Orlando Urrea fueron asesinados en un baño de sangre que, en complicidad con las Fuerzas Militares y el Estado colombiano, cobró la vida de más de 2.300 personas en el Valle del Cauca.
En
homenaje a las víctimas del paramilitarismo, organizaciones campesinas,
sociales y de Derechos Humanos declararon el 31 de julio como el Día de las víctimas del paramilitarismo en
Valle del Cauca, realizando de manera anual el evento Memoria y dignidad campesina que conmemora la resistencia de estas
comunidades que derrotaron al paramilitarismo.
Este
año se cumplió su quinta versión, realizándose el 30 de julio en La Moralia con una nutrida asistencia donde, desde el
exilio en Canadá, Julio César Robledo, hermano de Andrés Robledo, dirigente de
la organización campesina Los Yarumos asesinado por el Bloque Calima, criticó
la falta de justicia y llamó a continuar la lucha por esclarecer la verdad.
“Necesitamos,
hoy por hoy, el coraje en esa búsqueda de esa verdad diáfana, y esa verdad
esquiva que a veces parece una tumba. Día a día, la verdad saldrá a flote. Y ustedes
amigos campesinos, amigos de tantos líderes muertos, de tantos líderes en el
exilio, nunca olviden: la memoria y la dignidad por la lucha campesina continúa”,
manifestó Robledo.
El
evento además contó con participación del PNUD, el Centro de Memoria Histórica,
la Pastoral Social de Palmira, la Secretaría departamental de Paz y Reconciliación,
la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la Coordinación
Campesina del Valle del Cauca, Astracava, delegados de las FARC, Marcha
Patriótica y sectores de la academia.
Después
de 18 años de ocurrida la primera masacre, para las organizaciones campesinas
del Valle, la usencia de justicia ha sido el común denominador. Que el Acuerdo
de Paz entre el Gobierno y las FARC contenga un punto dedicado a las víctimas representa,
para éstas, el reconocimiento de esa impunidad
“Que en La Habana se haya llegado al acuerdo
de víctimas, donde se habla de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición, es reconocer por parte del Gobierno que no ha habido justicia para
las víctimas”, afirmó Fabián Cuadros de la Coordinación Campesina del Valle del
Cauca.
El
Acuerdo de Paz trae consigo herramientas importantes para esclarecer la verdad
como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para las FARC esto es un
paso fundamental para identificar los sectores de la economía que financiaron
el paramilitarismo.
“En
el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, creemos que en la sala de la
verdad, el tema de verdad histórica puede jugar un papel preponderante frente a
determinar terceros que fueron los financiadores de todo el paramilitarismo en
el país”, señaló René Nariño de las FARC
Finaliza
así una un año más de Memoria y dignidad campesina, con un balance positivo
para la búsqueda de la verdad y el reconocimiento a la lucha de las comunidades
que fueron víctimas del accionar paramilitar.
“Es
un balance muy positivo. Logramos recordar a las víctimas, logramos exaltar su
nombre, su memoria; hacer que esto no caiga en el olvido, que se recuerde en
esta región pero también a nivel nacional”, concluyó David Flórez, vocero de
Marcha Patriótica.
Oficina de Prensa
Marcha Patriótica Valle
del Cauca
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