ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL VALLE DEL
CAUCA
– ASTRACAVA.
SUBDIRECTIVA TULUÁ
RESOLUCION NUMERO 0026 (02 de marzo de 2007)
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE ASTRACAVA-TULUÁ
SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO
Los llamados “servicios públicos domiciliarios”
hacen parte de los derechos sociales de la población, como la salud y la
educación, y son en realidad una función pública, que deben obedecer al principio
social universal que señala que el interés público debe prevalecer sobre el
interés particular. Como función del Estado debe tener objetivos de bienestar
social, no comercial, que garanticen la calidad y cobertura universal mediante
la reinversión social a favor de la población, como parte crucial en el logro
del buen vivir y la vida digna de los pueblos.
La acumulación del capital y la necesidad de
ampliar los mercados han llevado al sistema capitalista en todo el mundo a
apropiarse y desarrollar el negocio de los servicios públicos mercantilizando
de paso las necesidades básicas de la población. De este modo el capital logró
que la función pública se convirtiera en “servicio”, pasando del control del
Estado a manos del capital privado, como se evidencia jurídicamente en los
artículos 365 a 370 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 142 de
1994, y en la realidad concreta con el
avance de las multinacionales por el control de los pueblos, sus territorios,
elementos naturales y culturas.
Así, los colombianos y tulueños hemos sido testigos
desde los años 90 de la oleada privatizadora de los gobiernos neoliberales que
le entregaron empresas nacionales tan
importantes como TELECOM al capital privado, así como a nivel local se le
entregó la producción y distribución de la energía eléctrica a la empresa EPSA,
con espantosos resultados para la población en términos de costos, cobertura y
calidad. De igual manera, desde hace años se viene presionando para privatizar
el agua, en particular en la zona rural del municipio, lo cual no ha prosperado
gracias a la firme resistencia del campesinado organizado que se ha opuesto de
manera rotunda a iniciativas como el PAAR.
Recientemente se vienen presentando situaciones
frente a los servicios públicos en la zona rural de Tuluá que deben despertar
la alarma de todos sus pobladores y líderes. Hacemos referencia a dos casos en
particular; de una parte está la socialización de un proyecto que supuestamente
pretende fortalecer las juntas de acueductos rurales para la gestión
sostenible, palabras utilizadas para ocultar la verdadera intención de adecuar
el terreno para la privatización de los acueductos rurales y hacer un mapeo
social y ambiental que ubique claramente los sitios ambientalmente estratégicos
de producción de agua a nivel local, así como los líderes que defienden los
derechos de la comunidad campesina, verdadera protectora de los nacimientos de
agua, custodia de la agro-biodiversidad, guardián de la soberanía alimentaria y
heredera del conocimiento ancestral sobre la fauna y flora de nuestro país.
Por otra parte, está el extraordinario aumento de
los costos de la energía eléctrica en las diferentes veredas y corregimientos
del municipio, situación que se viene dando con mayor frecuencia extrañamente
luego de que la insurgencia acometiera contra la infraestructura de la pequeña
central hidroeléctrica ubicada en el corregimiento de Monteloro, lo que hace
suponer que la empresa pretende reponer los costos de este hecho cobrándoselos
a los campesinos, quienes desde luego somos totalmente ajenos a estos actos y
por el contrario nos vemos afectados permanentemente por el conflicto social y
armado. Los recibos de la energía han tenido aumentos súbitos por encima del
100% en el valor total a pagar por parte de los usuarios; así, una persona que
normalmente pagaba $20.000 por la prestación del servicio de energía eléctrica
a la EPSA, ahora debe pagar por el mismo periodo de tiempo valores superiores a
los $40.000, incluso se conocen casos en que les están cobrando más de $400.000
a personas que no tienen más que un televisor y 4 bombillos en sus humildes
viviendas campesinas.
Por estas razones, la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Valle del Cauca-ASTRACAVA, invita a las Juntas de acción
comunal, las juntas administradoras de acueductos, las asociaciones de
productores y a las comunidades campesinas en general a mantenerse alertas
frente a las amenazas privatizadoras del agua y los abusos de la EPSA en los
cobros de la energía, mejorando nuestra organización y denunciando
oportunamente las violaciones a nuestros derechos. De igual modo los convocamos
para que el próximo jueves 28 de noviembre nos demos cita en el concejo
municipal de Tuluá con las facturas de cobro de la EPSA, para hacer un debate
público frente a la problemática de los servicios públicos en el municipio y
exigir medidas por parte de la administración que pongan freno a las
intenciones privatizadoras del agua y a los abusos de la EPSA.
Tuluá, 28 de noviembre de 2013
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