2014/Marzo 20/Cumbre Agraria:
Campesina, Étnica y Popular/Bogotá
PLIEGO
DE EXIGENCIAS:
MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR,
MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR,
LA DEMOCRACIA
Y LA PAZ.
1.
Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El país necesita un
proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes
redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del
suelo, se gobierna el subsuelo, y se
protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de
las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación
del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades
agrarias.
Por lo anterior,
Exigimos:
-Que sean las comunidades
y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las
maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de
los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial
propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que
garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y
colectivos.
El ordenamiento
territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras
colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:
Resguardos indígenas y
territorios ancestrales
Territorios colectivos afrocolombianos
Zonas de Reserva Campesina
Zonas Agroalimentarias
Zonas de biodiversidad
Territorios interétnicos e interculturales
Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Territorios colectivos afrocolombianos
Zonas de Reserva Campesina
Zonas Agroalimentarias
Zonas de biodiversidad
Territorios interétnicos e interculturales
Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.
Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles.
Las organizaciones,
comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisión autónoma se
incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definición de los
términos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el
territorio y convivencia interétnica e intercultural. Esa ruta propia hace
parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas,
indígenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.
-Que el gobierno nacional
nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de ordenamiento territorial y
que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean
reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y
comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la
territorialidad colectiva campesina y afro.
-Una política de reforma
agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que
desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad y genere
acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, así como la garantía
de la autonomía territorial para
campesinos, indígenas y afro. Esa política de reforma agraria deberá
construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.
Esta política debe tener un
enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ahí que no se deba
limitar a la dotación de tierra para las comunidades rurales, sino que
redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios
rurales y en los márgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura,
garantía y acceso para los pueblos indígenas, afro, campesinos y
urbano-populares.
- La construcción de un
fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad
de narcotraficantes o que no cumplan con la función social de la propiedad, o
que atenten contra su vocación natural (el caso de ciénagas y playones) y los
baldíos apropiados ilegalmente por la agroindustria.
-Que se reconozcan los
derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las
comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva
inalienable de los resguardos indígenas, territorios ancestrales y territorios
de las comunidades afro.
-Que se completen los
procesos de titulación colectiva para pueblos indígenas y afros que aún están
pendientes.
-Que se detengan todos
los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades,
entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de
empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de
campesinos, indígenas y afro.
Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los
pueblos.
-Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.
-Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.
-Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
-Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.
-Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicación del convenio 169 de la OIT.
-Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir más de las UAF autorizadas en dicha norma.
-Que los baldíos se destinen
exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos,
trabajadores rurales, población afrocolombiana e indígena.
-Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
-El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
-Que se proscriban todas las formas de extranjerización de la tierra. En ningún caso personas naturales o jurídicas de origen extranjero podrán apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.
-El cumplimiento y fortalecimiento de la legislación relativa a la extinción de dominio de las tierras que no cumplan con la función social y ambiental de la propiedad.
-La restitución integral
de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis
comunitarios en tales procesos de reparación.
-La devolución de tierras
expropiadas por endeudamiento campesino.
-El reconocimiento del
enfoque diferenciado y con perspectiva de género del acceso, uso y goce del
territorio y la tierra para las mujeres.
-La creación de una nueva
institucionalidad pública para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento
territorial, la reforma agraria y la protección ambiental.
2.
La economía propia contra el modelo de despojo
El avance y
profundización del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la
economía nacional, en especial a las formas de producción, comercialización y
consumo propias de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Lo
anterior ha impactado negativamente la soberanía alimentaria de los pueblos y
de la nación. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de
despojo que afecta el buen vivir de las y los pequeños productores,
favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como
resultado se han afectado no solo los intereses económico de las comunidades
rurales, sino las prácticas culturales y de vida asociadas a estos.
Por lo anterior,
Exigimos:
-La
transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política
económica planificada y agroecológica, que regule el mercado, basada en el
fortalecimiento de la economía campesina, indígena y
afrocolombiana. Ese
nuevo modelo debe impulsar un sistema de economía campesina que desarrolle una
política pública para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por
las políticas aperturistas y de libre
comercio.
-La implementación de una
política que restrinja y regule el uso y precio de los agroquímicos, así como
el inicio de un proceso de reconversión de la producción nacional hacia un
modelo agroecológico, creando un sistema nacional de asistencia técnica basada
en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y
comunidades.
-Condonación de las
deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado
adquiridas a través del sistema financiero y acceso al crédito agropecuario con
tasas no determinadas por la lógica de mercado.
-Creación y
fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades
rurales, con financiación del Estado y dirigidas por las organizaciones
comunitarias.
-El desmonte de todos los
tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios
firmados por Colombia, deteniendo la aprobación de nuevas normas, tratados y
acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria
nacional. Exigimos que se priorice la integración con los pueblos de Nuestra
América Latina y el Caribe, en el marco de la protección de la producción
nacional. Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional,
inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo
colombiano.
-Un régimen de subsidios
que proteja la producción nacional, en especial a los sectores afectados por la
apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentación
rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauración de un
sistema de compra y distribución estatal de alimentos y productos
agropecuarios, así como establecer subsidios al transporte de alimentos y
productos de comunidades campesinos, indígenas y afros.
-Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
-Un plan de choque para el estímulo a la producción de alimentos básicos por parte de los pequeños productores, que tendrá como base el apoyo a la economía campesina en los términos propuestos en el punto anterior. Así como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integración regional, en el marco de las prácticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.
-Una política de apoyo a
la transformación de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades
rurales, generando procesos de industrialización acordes con los intereses de
las mismas.
-La prohibición de la
importación de los productos agropecuarios estratégicos para la economía
nacional.
-La derogación de las
leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de
obtentores vegetales), y que propician su privatización, de manera que el
gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas.
Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la
resolución 970 del ICA.
-La
creación de un sistema nacional, regional y local de promoción y apoyo a la
producción, selección, multiplicación y difusión de semillas originarias, que
no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la
producción, la libre circulación y comercialización por las
comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. Así como el
apoyo económico y técnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de
casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y
comunidades agrarias.
-Enfocar la propuesta
investigativa y académica de las universidades según el contexto y las
necesidades del agro colombiano, en particular de los pequeños productores,
reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e
históricos de campesinos, indígenas y afrodescendientes.
-El avance en la protección
de la soberanía alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como
utilidad pública, interés social y bien común de la nación.
-La reglamentación del
capítulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de
los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentación se hará
conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos.
-Financiación del sector
agrario, en particular del fortalecimiento de la pequeña y mediana producción
especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan,
entre otros, de la eliminación de las exenciones tributarias a grandes empresas
de capital nacional y trasnacional, así como de la explotación de recursos
minero energéticos.
3.
Minería, energía y ruralidad
La mala gestión y el
saqueo de los recursos naturales minero – energéticos afecta gravemente a la
madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen
en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los
pequeños mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se
enriquecen gracias al modelo económico impulsado por el gobierno colombiano. En
ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo
minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento
planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la
redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y
energéticas.
Por lo anterior exigimos:
-Que se inicie un proceso
democrático de discusión de una nueva política nacional minero–energética, con participación efectiva de
las comunidades campesinas, indígenas, afro y los pequeños mineros
tradicionales y de sobrevivencia, a través de un ejercicio de legislación
popular e incluyente.
-Exigimos la
reformulación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y
minero-energética, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo
rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversión social y la garantía
de los derechos de las comunidades.
-Detener la
concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros, hasta
tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del
sector la política minero- energético del país.
-Una moratoria minera que congele
la adjudicación de títulos mineros en todo el país. La moratoria se aplicará
hasta que se den condiciones reales para una explotación minera razonable para
el país y las comunidades.
-La reversión de
los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en
casos de grave deterioro ambiental,
detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de
los trabajadores.
-La reversión de todos los
títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y
afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.
-Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales,
en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que
se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser
beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería
artesanal.
-Que deje de considerarse
la minería como actividad de utilidad pública y de interés social de la nación.
-Que en el desarrollo de la política
minera se garantice el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques,
áreas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y
todos los ecosistemas estratégicos para
la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ningún título
minero en dichos territorios.
-En ningún caso
se aprueben proyectos minero–energéticos, (títulos, concesiones y
similares) sin el requisito de la
licencia social, es decir, sin la autorización derivada de la realización de
consultas campesinas y populares en los
territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizarán durante la fase de solicitud del proyecto,
del título o la concesión.
-Suspender la
implementación de megaproyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y
comunidades campesinas, indígenas y afros, y promover la implementación
de alternativas de abastecimiento energético a partir de tecnologías apropiadas
y limpias.
-Revocar las licencias ambientales de megaproyectos
hidroeléctricos, hasta tanto no se tenga una comisión nacional de
represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las
hidroeléctricas.
-La reestructuración de
la fórmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de
vida más equitativo para el conjunto de la población, procurando la regulación
ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
-Reconocer y reparar a
las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e
hidroeléctricos.
-Suspender los proyectos
de fracking apelando de principio de precaución.
4.
Cultivos de coca, marihuana y amapola
Ante
el fracaso y la arbitrariedad de la política antidrogas del Estado Colombiano,
consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el
tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.
Por
lo anterior, Exigimos:
-El
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos
representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en
movilizaciones pasadas.
-Un programa de
sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita
generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos
de usos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deberá
hacerse con énfasis en ordenamiento y la planeación territorial, acordando
procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participación de las comunidades
agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la
formulación y ejecución de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de
vida.
-Un
programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que
supere la puesta en marcha de programas de erradicación violenta y aspersión
con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades
agrarias (Indígenas, Afro descendientes y Campesinos).
-La liberación de
las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no
relacionado directamente con comercialización de estupefacientes.
-No aplicación de
la extinción de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y
amapola.
-Una política de
sustitución gradual que tenga como base la inversión social en la comunidad y
el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas.
Rechazamos la sustitución basada en la imposición de cultivos agroindustriales
como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
-Una política de
sustitución basada en la promoción de cultivos productivos propios de la
economía campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto,
mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores:
el primero se refiere al diseño e implementación de Sistemas Productivos
Sostenibles y el segundo a la estabilización y garantía de la integralidad de
derechos.
-Programas de
sustitución basados en la estabilización de los Sistemas Productivos
Sostenibles y atendiendo a 6 líneas de acción: acceso a tierra, sistemas
productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformación agregación
de valor en el predio, acceso a asistencia técnica y tecnología, y acceso a
mercados.
-Respetar y
fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de
la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos
de las comunidades agrarias.
-La sustitución
debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Indígenas,
Afrodescendientes y Campesinos). Serán las comunidades quienes impulsen
las propuestas de sustitución, no el gobierno nacional.
-Implementar
propuestas de inversión agropecuarias desde las comunidades agrarias, con
garantías para la producción.
-Respeto y
promoción la producción e industrialización, por parte del Estado, de alimentos
y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.
-Garantizar el
despliegue comunicativo nacional a través de todos los medios disponibles para
difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas
sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola
y marihuana.
-No otorgar
patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos
derivados de los procesos de transformación.
-El tratamiento
del consumidor como un tema de salud
pública, con el ingreso al sistema de
salud.
5. Derechos políticos, garantías, víctimas
y justicia
Debido
a la falta de reconocimiento político de los derechos de los campesinos, la
insuficiente garantía de los derechos de afrocolombianos e indígenas, el alto
número de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías para las
organizaciones sociales y populares, la constante estigmatización, persecución
y criminalización de quienes se movilizan para buscar una sociedad más justa y
en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar
las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática
Por
lo anterior, Exigimos:
-La verdad, justicia y
reparación integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra
las comunidades agrarias y populares, y la no repetición de estas prácticas.
-Desmonte total de las
estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, propiciando una veeduría internacional y
la conformación de una comisión de la verdad. Así como realizar investigaciones
eficaces que revelen los vínculos entre el sector económico, político, y militar
con los paramilitares.
-La conformación de una
comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica de
las violaciones a los derechos humanos en búsqueda de la verdad, la justicia y
la reparación, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha política debe
garantizar el acompañamiento psicosocial y pedagógico, así como el
reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de
víctimas, de manera concertada.
-Garantías para la
permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas,
indígenas y afro.
-Justicia, verdad,
reparación integral y no repetición por las personas detenidas, heridas y
asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.
-Garantías para el
derecho a la protesta social y garantías para la movilización, así como la
libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos
políticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni
intimidatorio.
-Celeridad y efectividad
en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de
graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusión de sus resultados.
-El traslado de todas las
investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la
justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscalía.
-Investigación,
judicialización y castigo de los autores, así como el reconocimiento de la
responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos
ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del
2013. Reivindicando así su memoria y
garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparación que le asisten a
los familiares de las víctimas.
-Solución estructural a
la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa
por la reformulación de la política criminal actualmente basada en la privación
de la libertad, la criminalización de la pobreza, la protesta social y otras
garantías y libertades ciudadanas, hacia una política que garantice la
prevención del delito, la inclusión social y el respeto de garantías.
-Abolir la mal llamada
“limpieza social” ejecutada, principalmente en contra de los jóvenes, por
funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares
sanciones a los responsables.
-Garantías jurídicas y
administrativas para el ejercicio de la política y la oposición.
-Derogación de la ley de seguridad
ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su
vigencia.
-Desmonte del ESMAD y prohibición del
uso de las mal llamadas “armas de letalidad reducida”.
-Fin
de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una
doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la
nación.
-Reforma al régimen de servicio militar, que incluya
el fin del servicio militar obligatorio, la prohibición del reclutamiento
forzado y la garantía en la aplicación de las sentencias frente a la objeción
de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales
por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza pública que
realicen prácticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la
ciudad. Además exigimos acceso universal de la libreta militar para jóvenes y
personas que no tengan resuelta su situación militar, y se elimine su carácter
de requisito para trámites con el Estado.
-Igualdad de derechos
políticos, sociales y económicos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva
de género y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa
participación política en las instancias de decisión en los asuntos que afectan
sus vidas.
-Garantías reales para
que los cuerpos de las mujeres y niñas no sigan siendo un instrumento, ni botín
de guerra.
-Tipificación del
feminicidio como un delito autónomo.
-Aplicación efectiva de
la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.
-Reconocimiento con carácter
vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaración sobre los
derechos de las campesinas y los campesinos que hace trámite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopción plena
y perentoria de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Exigimos la incorporación
de estas directrices y derechos a la legislación interna, desarrollando
políticas públicas que garanticen su promoción y exigibilidad. Mientras se
surte el trámite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el
desarrollo de una política transitoria en favor de campesinos indígenas y
negritudes.
-Participación amplia, efectiva y con carácter
decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de
producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y
comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma.
Exigimos la democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros y otras
federaciones. Exigimos la participación efectiva y con carácter decisorio
en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que
ver con la atención a la población rural.
-Otorgar reconocer y garantizar con
carácter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo,
libre e informado a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y
comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo
social, en lo político, en lo ambiental, en lo económico y lo cultural.
-Garantías para una
verdadera y genuina política de restitución de tierras despojadas así como el
reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos indígenas.
-Garantías para la
construcción de planes de vida donde se determine lo que sucede en los
territorios, reconociendo la posibilidad
de desarrollar modelos autónomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la
educación, la salud, y la economía propias.
-Cumplimiento perentorio de los autos
004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situación de peligro de
desaparición de los pueblos indígenas y afro.
-Respeto al DIH,
incluyendo la prohibición de puestos de policía y militares en los cascos
urbanos y poblados; así mismo el respeto al principio de distinción del Derecho
internacional Humanitario, buscando no involucrar a la población civil en los
conflictos armados. Lo anterior incluye el cese
de la persecución a la población civil mediante montajes judiciales.
-Reconocimiento y la no
estigmatización y persecución a las y los Defensores de Derechos Humanos,
líderes y lideresas sociales y populares
-Desmonte, supresión y
ordenamiento jurídico de la figura del fuero penal militar, que deje de
aplicarse la figura del blanco legítimo, ejecuciones extra judiciales (falsos
positivos), y otras arbitrariedades similares.
-Democratización de los
medios de comunicación existentes, así como el fortalecimiento de los medios
alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creación de nuevos
medios de comunicación con alta difusión y participación de los sectores
populares.
-Democratización del
espectro electromagnético.
6.
Derechos sociales
Para los pueblos afro e indígenas y
para las comunidades campesinas, la educación, salud, el trabajo, vivienda
digna y la recreación serán concebidas como derechos, no como servicios, y se
desarrollarán de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.
Por lo tanto, Exigimos:
-El aumento de las
partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y
dotación para educación, vivienda, salud, vías, producción, redes eléctricas,
saneamiento básico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.
-Una política educativa que propenda
por un proyecto de educación pública propia campesina que le permita a los
estudiantes campesinos tener una formación acorde a sus realidades y sus
necesidades. Lo anterior implica la construcción de un currículo y una pedagogía
diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participación decisoria
de las comunidades campesinas y sus organizaciones. También exigimos mayor
formación docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.
-Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los artículos
347, 356 y 357 de la Constitución Política Nacional relacionados con la
educación; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la
privatización de la salud y educación, entendiéndolas como servicios y no como
derechos.
-Derogar la
ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una
nueva ley de educación pública, gratuita y de calidad, que reconozca la
educación como derecho fundamental, bien común y con enfoque diferencial.
-Condonación y
congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.
-cumplimiento y garantía de los
programas de educación propia para pueblos afro, comunidades negras e
indígenas.
-Reconocimiento
y plenas garantías al ejercicio, prestación y promoción de la medicina
ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
-Implementación
de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de
acuerdo a las prácticas culturales de cada comunidad o región.
-Que la salud deje de concebirse como
negocio o mercancía para que se garantice como derecho humano y fundamental
que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y
niegan la garantía de este derecho, entre ellos los artículos 48 y 49 de la
constitución, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la
salud y la seguridad social.
-El fin de la política del subsidio a
la demanda y se instauren políticas de subsidio a la oferta en salud y
educación, una nueva política presupuestal que fortalezca las instituciones
educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria
que ha sido sistemáticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde
1993, el fin de la intermediación financiera privada en salud y educación, la
derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la
concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el
derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales
para el campo.
-El derecho
fundamental al Trabajo digno, por medio de contratación directa, garantías
laborales, protección y reparación de la libre asociación, huelga y reparación
a las personas perseguidas.
-La definición de un sistema de
seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se
otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
- Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral
de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica
que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la
sostenibilidad de sus modos de vida.
-El nombramiento inmediato de la planta docente
calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de
los derechos y condiciones laborales.
-Que se detenga la privatización y se reviertan el manejo
a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado
teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por
las comunidades con criterio social y no empresarial.
El agua concebida como un derecho
y bien común.
-Derogatoria
de la ley 142 que posibilita la privatización del uso del agua.
-La condonación de las deudas de los
usuarios de servicios públicos y que se levanten los embargos que se han
efectuado por este motivo.
-Que se
garantice un mínimo vital gratuito para
las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedurías comunales a la prestación de
servicios públicos.
-El servicio de energía eléctrica
rural y agua potable para los lugares
que aún no cuenten con estos servicios.
-Programas masivos de vivienda rural digna y de educación
técnica y acceso a la educación superior. Exigimos la garantía de derechos para
los trabajadores rurales, empleo digno con remuneración justa y seguridad
social.
-Que las escuelas, hospitales y salones
comunales no sean ocupadas por los actores
armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estratégicos
de guerra y confrontación.
-Respeto por la propiedad comunitaria
para administración de espacios de recreación y de servicios públicos, estas
deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su función social.
-La infraestructura debe ser
construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra
ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.
7. Relación campo-ciudad
La configuración actual
de la relación ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por
parte del movimiento social. La tradicional distinción entre la ciudad y el
campo ha generado grandes problemáticas sociales y económicas donde se puede evidenciar
la relación de subordinación del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente
eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar
en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos
alternativos de construcción territorial.
Por lo anterior, Exigimos:
-La protección de todas las fuentes de agua
del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes
ciudades. Exigimos el manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las
fuentes hídricas, su pureza y distribución. Exigimos que el estado garantice la
financiación y administración de los acueductos comunitarios.
-La
cobertura universal de los servicios públicos domiciliarios a los habitantes del
territorio colombiano y la condonación de las deudas contraídas por los
ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
-Una nueva tabla de
tarifas de servicios públicos, que correspondan a los costos reales, con
subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulación de la
intermediación financiera.
-Frenar la privatización
de las empresas prestadoras de servicios públicos y que éstas sean de carácter
estatal con veeduría de las comunidades.
-En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos
con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos
o alianzas deben priorizar la articulación de las zonas agroalimentarias, las
de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indígenas
y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economías
campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberanía alimentaria y, si
se requiere, mediante asociación de municipios (como está previsto en la
Constitución Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad
y economía propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas
de mercado populares por parte del Estado.
-Inversión en vías de
comunicación secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento
campo-ciudad.
-Redefinición de
criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas más altas para grandes
propietarios y más bajas para pequeños propietarios.
-Demandamos garantías de
regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los
desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcción de
megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garantías para
aquellas personas que decidan no retornar al campo.
Exigimos al Estado el reconocimiento de la problemática de la ciudad que surge
de modelos de despojo del sector rural.
-Exigimos una reforma
urbana integral que incluya:
-Hábitat y vivienda digna
garantizada por el Estado, que contenga el mínimo vital de servicios públicos
con tarifas al alcance del consumidor, en armonía con el medio ambiente.
-El desmonte de la
especulación financiera y uso de suelo controlado por el mercado.
-La legalización de
asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del
Estado.
-La creación de la ley
orgánica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la
participación de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las
diversas construcciones territoriales y planes de vida.
-Participación
comunitaria en la toma de decisiones y en la generación de políticas urbanas,
planificación de presupuestos y/o dirección del recurso público, para la
construcción de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las
consultas previas y vinculantes de las comunidades.
-Transformación del
modelo de movilidad urbana que frene la privatización del transporte público,
con reducción de tarifas del servicio, incluyendo la implementación de planes
para la movilidad alternativa.
8. Paz, justicia social y
solución política
Las
anteriores reivindicaciones y propuestas de país se constituyen en parte de la
agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y
populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en
los territorios.
Por
lo tanto, Exigimos:
-La
solución política al conflicto social y armado. El avance de los diálogos que
se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego
bilateral y la instalación de las mesas de diálogos entre el gobierno nacional,
el ELN y el EPL.
-Las
comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto
social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participación en los
procesos de negociación, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas
de negociaciones.
-La
implementación de una política integral
para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y
financiada por el gobierno nacional.
-Garantías
para un gran diálogo nacional, que se exprese en la apertura de diálogos
regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor
rigor.
-La desmilitarización de los territorios
indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonomía en los
territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.
-La eliminación de la doctrina de seguridad
nacional. Por lo tanto la reducción del pie de fuerza, depuración de las
fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el
país, fin a los tratados de carácter
militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan
de inteligencia y contrainteligencia.
-La reestructuración del presupuesto nacional y limitación del gasto
de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversión social.
-Garantías para que las organizaciones,
procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y política
para la construcción del movimiento social por la paz; Particularmente el
desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del
terrorismo de estado.
-Las garantías para avanzar en un proceso
constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.
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