MESA DE INTERLOCUCION Y
ACUERDO AGROPECUARIO Y POPULAR -MIA- VALLE DEL CAUCA
COMUNICADO No 014
/MIA Valle del Cauca/2013/Septiembre 10/Santiago de Cali.
A veintitrés días de Paro Nacional Agrario en
Colombia y en el Valle del Cauca, el Paro sigue sumando a campesinos, indígenas,
afrocolombianos y a distintos sectores de la producción, que se vienen
unificando al Pliego Nacional de la MIA, éste fue radicado al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en Bogotá el 8 de Agosto del presente.
Pese al llamado que hicieran los voceros nacionales
de la MIA, a la intensión de lograr un acuerdo para avanzar en la solución del
histórico problema agrario colombiano, el gobierno no realizó pronunciamiento
alguno.
El Paro que inició el 19 de Agosto en todo el país,
logró unificar a distintos sectores de la producción agropecuaria, movilizando por
las carreteras del país a centenares de miles de campesinos, colonos,
jornaleros, afrocolombianos, indígenas y productores varios, impidiendo el tránsito
regular de las mercancías, como medio para
1. Demostrar
a la opinión pública el rechazo a las políticas gubernamentales que han
conllevado a la miseria de los habitantes del campo; en efecto, 56% de los
habitantes del campo están sumidos en la pobreza, según informa el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el Informe Nacional de
Desarrollo Humano 2011;
2. Presionar
al gobierno nacional para que discuta el Pliego de la MIA de 6 puntos,
reivindicaciones desconocidas por los organismos estatales.
Ante las peticiones y exigencias, el gobierno
nacional respondió abusando del uso de la fuerza, cometiendo graves violaciones
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, DIDH y al Derecho
Internacional Humanitario, DIH, en todo el territorio nacional.
En el Valle del Cauca, miembros de la fuerza
pública dispararon sus armas de dotación, hiriendo gravemente a un menor de 16
años a la altura del vientre, la detención arbitraria de cerca de 80 personas,
entre los que se encontraban menores de edad, defensores de derechos humanos y
periodistas Y la usurpación de bienes y dinero.
Entre los hechos a resaltar es menester señalar la
entrega de la autoridad civil a las Fuerzas Militares y a la Policía, que
conllevaron a un trato militar de la protesta social.
Así lo hizo saber el Coronel Víctor Reina del
Distrito Especial de la Policía de Palmira, quien impidió en varias
oportunidades que campesinos e indígenas instalados en el Refugio Humanitiario
de SINTRAICAÑAZUCOL, salieran a solicitar solidaridad de la ciudadanía, o como
el Coronel del Departamento de Policía Valle del Cauca, Mariano Botero Coy,
quien se negó rotundamente a que los campesinos e indígenas de la MIA pudiesen
instalar el Refugio Humanitario en la ciudad de Santiago de Cali, increpando a
las autoridades civiles del departamento y a la alcaldía por la posibilidad de
conferir un sitio para el alojamiento de cerca de 300 manifestantes.
Este trato militar a la protesta social sobrepasó
el límite del cinismo gubernamental, en la vereda Mojarras Municipio de
Mercaderes en el sur del Cauca, en donde el pasado jueves 5 de agosto,
efectivos de la Policía, del ESMAD y el Ejército Nacional, hicieron uso de
armas de largo alcance, artefactos explosivos convencionales y no
convencionales, francotiradores, gases lacrimógenos, helicópteros y morteros
para diluir la protesta campesina, producto de esta fuerza desmedida,
resultaron asesinados tres adultos y un niño de 6 años.
Mientras la protesta campesina y popular ascendía y
sumaba más campesinos, sectores sociales y populares, el presidente Juan Manuel
Santos, la tildaba de inexistente, como inexistentes eran y son para el
gobierno las violaciones a los derechos de los ciudadanos; sin embargo, hasta
la Curia, tradicionalmente gobiernista y conservadora, se pronunciaba
rechazando el trato militar de la protesta social y el abuso de la fuerza dado
a humildes campesinos que en todo el país respondían con palos y piedras a las
balas y artefactos de alto poder de fuego del gobierno.
En 23 días de paro se reportan 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas
heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y
amenazas contra los manifestantes y líderes sociales, 4 personas desaparecidas,
51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país.
Ante esta situación que se comenzó a salir del
control del gobierno nacional y que deja muy mal posicionado al Presidente
Santos de cara a la relección, con el nivel de favorabilidad más bajo que haya
tenido un presidente en la historia de Colombia y con una tendencia a decrecer
en su imagen, aún más, ante la posibilidad de agudizar la ya compleja crisis,
por cuanto los maestros y estudiantes de las universidades públicas, han
planteado la posibilidad de entrar en Paro Nacional, el gobierno, ante las
innumerables demandas de las organizaciones nacionales e internacionales que
exigen del gobierno colombiano un verdadero compromiso para la garantía y la
defensa de los derechos humanos, el viernes de la semana pasada, decidió iniciar
conversaciones con la MIA, por lo cual citó a una reunión exploratoria que se
realizó en Popayán el pasado 8 de Septiembre.
Producto de esta reunión, el gobierno nacional
representado por el Vicepresidente Angelino Garzón, 8 Gobernadores de varios
departamentos, la Defensoría del Pueblo, el Coordinador Residente del Sistema
de Naciones Unidas en Colombia, la delegada de la Presidencia de la República
para los Derechos Humanos y los delegados de la MIA, acordaron un acta de
compromisos de 10 puntos, que básicamente plantea el levantamiento de los
bloqueos para la instalación de una mesa de negociación entre delegados de la
MIA y una Comisión de Alto Nivel nombrada por el Presidente de la República que
se encargarán de negociar los 6 puntos del pliego, la conformación de una
Comisión de Garantes, una reunión con el Vice Fiscal General de la República para
abordar los temas de garantías políticas y jurídicas para el proceso de paro y
de negociación, como también la protección de los dirigentes, dejando
constancia de que si el Gobierno Nacional incumple lo pactado, la MIA mantendrá
la protesta social.
El Gobierno Nacional, invitó a la instalación del
Pacto Nacional Agrario a realizarse el 12 de Septiembre del presente en Bogotá
D.C.
La MIA ha declarado públicamente que el denominado
Pacto Nacional Agrario impulsado por el gobierno nacional, no solo no
representa ningún cambio en la política agraria colombiana, sino que contrario
a ello, es una iniciativa coherente con
el nefasto modelo de las locomotoras minero – energética y
agroindustrial, con la legalización del despojo de las comunidades desplazadas
por los paramilitares, con la expansión del latifundio y con el mantenimiento
de una estructura de la propiedad de la tierra antidemocrática e injusta. Dicho
pacto, es una cortina de humo para la opinión pública nacional e internacional
que ha llamado al gobierno Santos a tomar medidas serias para favorecer a los
productores agrarios colombianos, quebrados por la ignominia e indiferencia del
régimen que es oneroso en aportes, subsidios, incentivos y contribuciones con
los grandes productores y mezquino y ruin con jornaleros, indígenas, afros,
desplazados y campesinos.
Por esta razón, la MIA a nivel nacional
conjuntamente con la Coordinación Nacional de Movimientos Sociales y Políticos
de Colombia, COMOSOPOL, en donde convergen un sinnúmero de organizaciones
agrarias, sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, etc., invitan a la
Gran Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, a realizarse el 12 de
Septiembre de 2012 en Bogotá D.C. que concentrará a cerca de 10.000
participantes de los diferentes rincones del territorio nacional, con el
objetivo de construir una Propuesta Unificada de Política Agraria Nacional
construida desde las organizaciones, en contraposición al Pacto Nacional
Agrario del Gobierno que es un invento de los terratenientes, los más grandes
productores agroindustriales de Colombia y las transnacionales que se vienen
apoderando del territorio; reiteramos que el denominado Pacto solo pretende
mantener los privilegios de terratenientes, productores agroindustriales y de
las empresas transnacionales que vienen extranjerizando la tierra y el
territorio.
POR
UNA POLÍTICA AGRARIA DEMOCRÁTICA,
VIVA
EL PARO NACIONAL AGRARIO
VIVAN
LOS CAMPESINOS, LOS INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS DE COLOMBIA
VIVAN
LAS SEMILLAS LIBRES Y SOBERANAS
VIVAN
LAS TIERRAS Y TERRITORIOS LABRADOS POR LAS MANOS DE LOS AGRICULTORES
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