Eduardo Umaña Mendóza, abogado de causas justas, humanista comprometido con la vida hasta su último respiro.

2016/abril 18/Comisión de Vocerías/Marcha Patriótica/Valle del Cauca

EDUARDO UMAÑA MENDÓZA, ABOGADO DE CAUSAS JUSTAS, HUMANISTA COMPROMETIDO CON LA VIDA HASTA SU ÚLTIMO RESPIRO



Los derechos de los pueblos, los derechos humanos
son una lucha de soledades que se encuentran
Eduardo Umaña Mendoza

Era el medio día de un sábado en Bogotá, 18 de abril de 1998. Tres disparos que no sonaron y en el piso quedó tendido el cuerpo de Eduardo Umaña Mendoza. En el periódico se leía que era la tercera persona vinculada a la defensa de los derechos humanos asesinada por aquellos meses en Colombia, después de Jesús María Valle (presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia) y María Arango Fonnegra (dirigente del Partido Comunista y defensora de derechos humanos). Hoy, 18 años después, el panorama parece no haber cambiado.

El gobierno del entonces presidente Ernesto Samper ofreció una recompensa de 500 millones. Debía mostrar preocupación ante el público nacional e internacional, que clamaba parar el baño de sangre que se había desatado una década atrás, con el genocidio de la Unión Patriótica. Como tantos, aún su asesinato permanece en la total impunidad.

¿Por qué lo asesinaron? ¿Sería por la defensa que hacía de sindicalistas? ¿Sería la defensa de 150 integrantes del M-19 entre 1979 y 1981? ¿Sería el estudio jurídico del caso de Jorge Eliecer Gaitán que llevaba a cabo? ¿Sería el acompañamiento que brindaba a familiares de desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985? ¿Sería la intensa tarea de visibilización y denuncia que hizo en Europa sobre la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia? ¿Sería la defensa de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica? ¿Sería por haber llevado el caso de la desaparición forzada, tortura y asesinato de Nydia Erika Bautista (socióloga militante del M-19) y Luis Fernando Lalinde (militante del Partido Comunista)? Tantas razones habían para que resultara un hombre incómodo para el Estado…

Su hermano, Germán Umaña, respondió ante la insistencia de los periodistas sobre las razones del asesinato:

¿Por qué van a asesinar a un luchador de derechos humanos, como lo era mi hermano? Por lo mismo que asesinaron a María Arango, por lo que asesinaron tantas veces a tanta gente que quiere la paz en este país, que quiere el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué lo asesinaron? Pues simplemente por eso, porque aquí se acabó el respeto, aquí sólo reina la violencia, el paramilitarismo, el asesinato... Lo asesinaron por ser un hombre bueno.
El paisaje se conserva: el paramilitarismo se mantiene y tiende a fortalecerse, muy a pesar de las palabras necias del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que insisten en sostener que en el país no existe paramilitarismo sino “crimen organizado”. ¿Tan organizado para decretar un paro armado en diferentes regiones del país? ¿Tan organizado para mantenerse por décadas con un accionar sistemático? El eufemismo siempre es útil cuando se pretende crear una verdad repitiéndola mil veces. 

Muy a pesar del Proceso de Paz entre el gobierno colombiano y las insurgencias, las garantías para el ejercicio político del movimiento social y popular siguen ausentes. Defender los derechos humanos sigue siendo peligroso, defender la libertad sigue siendo una amenaza para quienes están en el poder. Según el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, entre enero y marzo del presente año, 113 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó su labor de defensa de los derechos humanos[1].

Hoy siguen cayendo, desapareciendo, perdiendo la libertad, corriendo para salvarse, los cuerpos de cientos de Eduardos Umaña Mendoza, cientos de hombres buenos y mujeres buenas que han soñado con una Colombia en paz con justicia social. El gobierno no ha ofrecido recompensas, en la mayoría de ocasiones ni siquiera ha atendido las denuncias que se han emitido por sus casos. Y claro, sus nombres son anónimos, pero su trabajo contundente.

Solo de nuestro Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, han sido asesinados 119 compañeros y compañeras, sin contar a quienes han sido perseguidos/as, señalados/as, y más de 300 personas que han sido encerradas y acusadas, sin fundamento, de ser delincuentes.

El paramilitarismo sigue vigente y es la mayor amenaza para avanzar en los retos que lleva consigo el Proceso de Paz. Pero este grave peligro para el futuro de nuestro país, se incrementa con la negligencia de las instituciones del Estado para hacer justicia, con la impunidad cómplice que le ha impedido al pueblo colombiano conocer la verdad sobre los orígenes, causas y determinadores de la guerra que ha golpeado a los sectores excluidos, como a ningún otro.

Insistimos en que Colombia debe transitar hacia la reconciliación, hacia un escenario realmente democrático, donde luchar por las causas de los humildes, por los derechos humanos, por la vida, no nos cueste la propia vida. Para ello, el Estado colombiano tiene que comprometerse a combatir a su “Frankestein”, a esa estructura (para)militar e ideológica orquestada desde Estados Unidos a mediados del siglo pasado,  que sigue vigente y latiendo en las entrañas de las instituciones oficiales.

¡VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN!

Comisión de Vocerías
Marcha Patriótica Valle del Cauca




[1] Ver informes completos en: http://www.somosdefensores.org/index.php/en/.

Paramilitares amenazan a Marcha Patriótica, Congreso de los pueblos y otras organizaciones en el Valle del Cauca

2016/Abril11/Marcha Patriótica Valle del Cauca

COMUNICADO PÚBLICO
El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica rechaza enérgicamente las nuevas amenazas y persecución contra dirigentes sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos del Valle del Cauca.




Nuevamente manifestamos nuestra profunda preocupación por la reactivación del paramilitarismo en el territorio nacional y la intensificación de acciones de terror contra el conjunto de organizaciones sociales, populares y comunitarias, que luchan incansablemente por la Paz con Justicia Social. En esta ocasión, tenemos que informar a la comunidad nacional e internacional, que el día 11 de abril del presente, se recibió una nueva amenaza por parte del grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que declara como objetivo militar a reconocidos/as dirigentes sociales del departamento que han liderado importantes luchas en defensa de los Derechos Humanos, contra las políticas de privatización y despojo de los gobiernos de turno y que han enfrentado en diversos momentos el accionar criminal de los grupos paramilitares que defienden los intereses de la extrema derecha que se ha enriquecido con la guerra y el sufrimiento de los sectores más humildes de nuestro país.

Expresamos nuestra voz de solidaridad y respaldo a nuestro compañero Rodrigo Vargas, integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH Valle), de la Junta Patriótica Departamental y miembro de la Comisión departamental de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica. De la misma manera, a Martha Giraldo, Walter Agredo, Hernán Arciniegas, Wilson Sáenz, Julián Lozano, José Milciades Sánchez, Ariel Díaz, Edinson Méndez, Carlos Murcia, Ismael Hurtado, Antonio Gutiérrez, Henry Domínguez, Jorge Iván Vélez, Albert Quintero y a las organizaciones y procesos a los que pertenecen cada uno de estos compañeros.

Esta situación hace parte de la estrategia paramilitar que se ha incrementado en el último periodo y que deja a la fecha 119 militantes de la Marcha Patriótica asesinados y centenares de compañeros/as del movimiento social y popular amenazados y perseguidos. Indudablemente esta es la respuesta criminal de quienes pretenden sabotear y desestabilizar el proceso de paz que se adelanta con las insurgencias, para mantener al pueblo colombiano sometido en una guerra fratricida e indefinida que sólo beneficia a quienes se han enriquecido y gobernado gracias al terror.

El paramilitarismo se convierte hoy en el principal obstáculo, no sólo para la firma de un Acuerdo que ponga fin a la confrontación armada, sino para construir verdaderas condiciones democráticas que permitan eliminar la violencia de la política. En tal sentido, el Estado colombiano tiene que reconocer la existencia del paramilitarismo y su incidencia en las instituciones oficiales, gremios económicos y medios masivos de comunicación. Así mismo, se deben brindar garantías efectivas para la participación política y medidas inmediatas que protejan la integridad y la vida del conjunto del movimiento social y popular colombiano.

Con la más amplia unidad del pueblo colombiano que sueña, se organiza y lucha por la paz con justicia social y el compromiso real del Estado para combatir el paramilitarismo como estructura militar y concepción ideológica, lograremos derrotar este fenómeno criminal.
Exigimos a las instituciones estatales llevar a cabo de manera urgente todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las y los integrantes de nuestro movimiento político y social. Garantizar el derecho al ejercicio político es imprescindible en el escenario del posacuerdo y construcción de paz con justicia social que se avizora.

Los sentimientos de odio, rencor e intolerancia que quieren sembrar los señores de la guerra (Uribe, Ordóñez, Lafaurie, Cabal, José Obdulio, etc.) en los corazones del pueblo, no serán mayores que la potencia del clamor nacional de reconciliación, democracia y justicia social. Sus armas jamás podrán derrotar nuestra esperanza de paz, nuestra apuesta por la vida.

11 de abril de 2016.

MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA
SOMOS CAMBIO, SOMOS PAZ


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