2016/marzo 29/Marcha Patriótica Valle del Cauca/Comité de impulso Tuluá
TULUÁ ¿un municipio con garantías para la paz?
Harold Ordóñez Botero – Comité de Impulso Marcha Patriótica Tuluá
En Tuluá, ad portas de la firma de los acuerdos de La Habana, no existen las
condiciones institucionales ni políticas para su implementación, lo que no
genera buenos augurios para el anhelo común de llegar a la solución política del conflicto social y
armado y comenzar la construcción colectiva de una paz estable y duradera. Esto,
si nos atenemos a lo que viene pasando contra el Movimiento Político y Social
Marcha Patriótica y sus organizaciones de base, quienes afrontan una campaña de
desprestigio, persecución y estigmatización que desconoce por completo los
valores democráticos mínimos necesarios para cimentar la paz, como el pluralismo,
el respeto a pensar diferente y el derecho a la oposición.
Tres casos concretos sirven para
demostrar esta afirmación: 1) el proceso de constitución de la Zona de Reserva
Campesina de Tuluá, 2) la defensa de los derechos estudiantiles en la Institución
Educativa Técnica de Occidente de Tuluá, y 3) la promoción del Capítulo
Municipal de la Marcha Patriótica en Tuluá.
Proceso de Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Tuluá
La Asociación de Trabajadores
Campesinos del Valle del Cauca –ASTRACAVA- viene impulsado desde el año 2009 la
constitución de una Zona de Reserva Campesina -ZRC- en el municipio, amparada
por la ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, para lo cual ha
organizado talleres de socialización con las comunidades de los 11
corregimientos y las respectivas veredas donde se propone crear esta figura,
logrando que en el año 2012 el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR- aprobara
el apoyo a dicho proceso y propusiera a la Alcaldía su inclusión en el Plan de
Desarrollo Municipal. Previamente en 2009, el CMDR había definido apoyar el
proceso de constitución de la ZRC. En 2014 se realizó un estudio sobre la
tenencia de la tierra para proponer medidas de ordenamiento social, ambiental y
productivo del territorio, con el apoyo del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-,
ampliando la base de apoyo comunitaria a la constitución de la ZRC y logrando
una interlocución asertiva con la alcaldía, el Concejo municipal, la CVC, Parques
Nacionales, entre otras instituciones.
Pese a que todas estas
actividades se han realizado estrictamente bajo un marco legal vigente y con
apoyo financiero estatal, los enemigos de la ZRC han desplegado una campaña de
desinformación sobre esta figura de territorialidad campesina, la única
contemplada en la normatividad colombiana, y de estigmatización y señalamiento
en contra de ASTRACAVA y sus dirigentes, para hacer creer que la ZRC es una
propuesta de la insurgencia, a sabiendas que ése ha sido el argumento en otras
regiones por del país, por parte de los más grandes terratenientes, para causar
zozobra, temor y rechazo. En Tuluá esto ha ocasionado el rechazo a la propuesta
por parte de la administración municipal y de algunas comunidades, amenazas
constantes contra los dirigentes de ASTRACAVA e incluso el retiro de varios de
sus afiliados, lo cual podría constituirse en una re-victimización sistemática
contra las comunidades que a inicios del siglo XXI sufrieron la crudeza de la
embestida paramilitar.
Defensa de los Derechos Estudiantiles
En el año 2015 los estudiantes de
la Institución Educativa Técnico de Occidente de Tuluá-IETO, realizaron un paro
entre los meses de septiembre y octubre, exigiendo el retiro de la rectora Ana
Francis Quintero por sus supuestos malos manejos administrativos y
autoritarismo. Dicho paro contó con el apoyo mayoritario de los estudiantes de
la institución, un grupo importante de sus profesores y padres de familia, la
solidaridad de los estudiantes de otras instituciones educativas, y la asesoría
de la Federación de Estudiantes Universitarios –FEU- y la Federación de
Estudiantes de Secundaria -FES-.
Finalmente, el paro se resolvió
con la intermediación de la Secretaría Municipal de Educación y la Personería
Municipal, a través de la firma de un acuerdo que creó una comisión de
verificación de las actuaciones administrativas y disciplinarias de la señora
rectora, una mesa para la discusión de soluciones sobre otras exigencias de los
estudiantes en materia de infraestructura, y garantizó la no persecución ni
toma de represalias de ningún tipo contra los dirigentes y participantes en el
paro.
Sin embargo, este año nada de lo
acordado se ha cumplido y muy por el contrario la situación se agravó, hasta el
punto que la rectora dejó sin carga académica a varios de los docentes que
apoyaron el paro y buscó los medios para que los trasladaran a otras
instituciones, impidió la participación de los estudiantes que participaron en
el paro en la conformación del consejo estudiantil y ni siquiera permitió la
postulación de algunos de ellos para ser candidatos a la personería estudiantil,
impidió la participación de un padre de familia en la junta de padres, y señaló
a los integrantes de la FEU y la FES que acompañaron el paro como miembros de
las FARC, en tanto que hacen parte de la Marcha Patriótica según le dijo a la
policía. Todo esto ha sido denunciado ante la Personería Municipal, entidad que
hasta el momento no se ha pronunciado.
Promoción de la Marcha Patriótica en Tuluá.
Desde el año 2013 se conformó un
comité de impulso para la constitución del Capítulo Municipal del Movimiento
Político y Social Marcha Patriótica, que entre otras, ha difundido la propuesta
de organización, realizando reuniones con organizaciones y líderes
comunitarios, grupos estudiantiles y profesores universitarios, dirigentes
sindicales y demás actores sociales. Tanto los señalamientos, estigmatización y
persecución con que actúan las autoridades civiles y militares, como la
inoperancia de las entidades competentes del gobierno y del Estado, para
evitarlos, han ocasionado que subsista un profundo temor de las organizaciones
a hacer parte de la Marcha Patriótica, aunque éstas se manifiesten de acuerdo
con los postulados y proyecciones de la Marcha.
¿Cuál paz?
Todo lo anterior viene ocurriendo
en el mismo periodo de tiempo en el cual el gobierno nacional está
desarrollando los diálogos de paz con las FARC EP en la Habana, Cuba. No en las
peores épocas del terrorismo narco-paramilitar ni de Estado de Sitio que
caracterizaron a Colombia en otro momento de su historia. ¡No! sino justo en
momentos en que el discurso institucional sólo sabe pronunciar palabras de paz,
justicia, democracia y reconciliación. Y no frente a reivindicaciones
revolucionarias como dictadura del proletariado, abolición de la propiedad
privada o derrocamiento del gobierno, preparadas por organizaciones
clandestinas en la conspiración secreta. ¡No! Sino frente a luchas legales y
legítimas, enmarcadas en la constitución y la ley, y mediante planteamientos
formulados directamente a las autoridades competentes de manera pública y formal
por organizaciones reconocidas y abiertas.
Entonces, si el gobierno
desconoce los derechos conquistados legalmente por los campesinos, si en las
instituciones encargadas de formar para la paz y la democracia en Tuluá sus
rectores actúan con violencia y autoritarismo, si las instituciones tulueñas responsables
de velar por el respeto a los derechos humanos no actúan, y si en general la
sociedad estigmatiza y persigue a quien opina diferente hasta el punto de
justificar su muerte y a sus asesinos, ¿de cuál paz estamos hablando?
